Se discute la legalidad del archivo de los juicios políticos a la fiscal Salazar

El conflicto sigue. Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional conoció, unificó y archivó los juicios políticos en contra de la fiscal general Diana Salazar, el debate sobre la legalidad de lo actuado toma fuerza.

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A través de un comunicado, la Comisión de Fiscalización volvió ayer a cuestionar la decisión señalando que el Pleno de la Asamblea Nacional se arrogó funciones exclusivas de dicha mesa legislativa, al haber unificado y archivado los juicios políticos en contra de la fiscal general.

Este Diario intentó contactarse con la presidenta de la mesa de Fiscalización, la asambleísta correísta Pamela Aguirre, para abordar los argumentos sobre la supuesta arrogación de funciones por parte del Pleno del Legislativo; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

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Aunque en su comunicado la comisión sostiene que las facultades, tanto de las comisiones como del Pleno, están diferenciadas en la Ley de la Función Legislativa, Santiago Becdach, exsecretario de la mesa de Fiscalización, señala que el Pleno estaba facultado para tratar el caso de la fiscal Diana Salazar.

“Ellos fueron los que hicieron un descalabro respecto a la potestad que tienen de calificar o no los juicios políticos”, comenta y destaca que la figura utilizada por el asambleísta socialcristiano Otto Vera fue la preclusión de los procesos, ya que la mesa legislativa se excedió en los plazos.

“Por no haber cumplido el tiempo, la comisión ya perdió la capacidad de conocer los juicios políticos contra la fiscal”, acota y precisa que dicho plazo culminó la noche del 9 de septiembre de 2024. Sin embargo, dice que la mesa de Fiscalización conoció los procesos la madrugada del 10 de septiembre.

Fiscalización, por su parte, sostiene que, aún dentro del plazo, únicamente no se aprobó el juicio político impulsado por la legisladora del correísmo Gissela Garzón. E insiste en que el planteado por el también correísta Héctor Valladares sigue vigente, pese a la decisión del Pleno de la Asamblea.

El lío en la Asamblea habría iniciado con la acción de protección del oficialismo

Aunque la discusión se centra en lo actuado por Fiscalización y el Pleno legislativo, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que es necesario que el análisis de esta polémica situación también incluya lo que originó todo: la acción de protección del oficialismo.

“El hecho de acudir a la justicia, argumentando una violación de derechos para establecer un orden en cuanto a los juicios políticos, suspender un proceso (el de Mónica Palencia), ya es la primera irregularidad de todo esto”, advierte Alarcón. Pese a que la mayoría de bancadas aprueban el archivo de procesos a la fiscal, no deben ignorar que hubo opacidades.

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