Otra disputa entre Chile y Bolivia

Es realmente digno de admirar cómo el presidente de Bolivia, Evo Morales, recurre al sentimiento popular para superar los malos momentos políticos que está pasando: la mejor arma, hasta ahora usada, fue la de lanzarse a demandar ante el Tribunal de Justicia Internacional el problema bicentenario de la aspiración que tienen todos sus compatriotas, sin excepción, para recuperar los terrenos negociados en el Tratado de 1804 y lograr una salida soberana al mar. Luego de la derrota en el referéndum y del escándalo con su expareja y de un supuesto hijo, el mandatario anunció que estudia la posibilidad de recurrir otra vez a la Corte de Justicia Internacional para asumir la defensa de las aguas del río Silala, ante las instancias jurídicas competentes.

¿Qué es el Silala? Nace en el departamento boliviano de Potosí, cerca de la frontera con Chile, en unos humedales que se encuentran a más de cuatro mil metros de altura. Desemboca en Chile a través del río Loa en la región de Antofagasta.

Sus aguas son utilizadas para abastecer el consumo doméstico de algunas pequeñas localidades aledañas a la cuenca y también a la ciudad de Antofagasta. Aunque además son empleadas en la industria minera, como la de Chuquicamata.

Bolivia argumenta que las aguas del Silala no son un río, sino que constituyen un manantial. Además, tras la denuncia de la canalización artificial, Bolivia exige que Chile le pague por el uso de dichas aguas. Y en una oportunidad ambos países estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, cuando en 2009 Chile se comprometió a pagar el 50 % del uso de las aguas del Silala. Sin embargo, la negociación no prosperó.

La posición de Chile. En estas circunstancias, Chile demandará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (CIJ) para que confirme técnicamente que las aguas del río Silala son internacionales, según ha anunciado hace pocos días la presidenta

Michelle Bachelet. La contraofensiva chilena se produce luego de la arremetida boliviana que comenzó el 23 de marzo de 2016, cuando el presidente Evo Morales anunció en su discurso del Día del Mar que estudiaría una demanda contra Chile por la utilización histórica del Silala. El 26 de marzo, tres días después, el mandatario concretó su anuncio y señaló, directamente, que demandaría a Chile ante la Justicia internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, profundizó en rueda de prensa sobre las razones de Chile para la contraofensiva: “Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos”. El canciller indicó que “Bolivia anunció una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile, lo que es inaceptable”. Con el nombramiento de quien fuera subsecretario de Justicia en el Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera (2010-1014), Chile pretende nuevamente enviar una señal internacional: los asuntos de relaciones exteriores son tratados como problemas de Estado, al margen de las diferencias en política interna.

De acuerdo con Chile, el Silala es un río cuyas efloraciones nacen en el departamento boliviano de Potosí y fluyen a través de la frontera hacia la región chilena de Antofagasta, por lo que se trata de un río internacional. Bolivia alega, sin embargo, que tiene derecho al cien por ciento del uso de sus aguas.

Sin relaciones diplomáticas desde 1962, Bolivia demandó a Chile en 2014 ante la CIJ por una salida soberana al Pacífico, aunque todavía no ha especificado ante el tribunal lo que entiende por soberanía. El proceso se encuentra abierto y el próximo paso está programado para julio, cuando Chile debe entregar su contramemoria. Según los cronogramas de La Haya, la sentencia se conocería a comienzos de 2018.

En el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), Chile y Bolivia discutieron el caso del río Silala y en 2009 llegaron a un preacuerdo que establecía un uso compartido de sus aguas, como es propio de los ríos binacionales. De acuerdo con Chile, el Gobierno de Morales decidió someter ese preacuerdo a un referendo en el departamento de Potosí, cuyo resultado fue negativo porque dicho departamento quiso incorporar el pago de una supuesta “deuda histórica” que el Gobierno de Chile consideró inaceptable.

¿Y para qué se creó Unasur? Se entiende que todos los problemas entre los países miembros de este organismo regional debían tratarse y resolverse en Unasur. Sin embargo, sus miembros parecen no confiar en el mismo y recurren a la CIJ, institución formada por distinguidos jueces que pueden saber mucho sobre Derecho Internacional, pero no conocen la idiosincrasia sudamericana.