La distribución de contenido sexual explícito en Ecuador, una 'droga' sin restricción

Caldo de cultivo para otros delitos, como la pedofilia y el abuso sexual. El caso de Luis Manuel García Román, un joven fotógrafo de 22 años acusado públicamente por alrededor de 500 mujeres de robar información, incluidas fotografías íntimas, de sus celulares para comercializarlas en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, ha expuesto una realidad poco discutida: los problemas que puede generar en el país la venta, distribución o consumo sin control ni restricciones de contenido sexual explícito para adultos en redes sociales.

Un negocio tan lucrativo como la estafa, el robo de datos o la extorsión, según expertos en ciberseguridad consultados por este Diario, y que genera una adicción comparable, e incluso mayor, a la de drogas ilícitas como el éxtasis o la cocaína, de acuerdo con expertos en psicología clínica.

También es una actividad que no está penada ni regulada por la ley, siempre y cuando los adultos que participan en dicho contenido que se exponen en medios digitales, según explica el abogado penalista Klever Siguencia, estén de acuerdo con su distribución o venta. 

Tanto es así, señala el penalista, que plataformas como Telegram y OnlyFans se han convertido en aparentes medios de comercialización. Lo que no está permitido, aclara Siguencia, es exponer dicho contenido sexual "sin el consentimiento de los implicados; eso constituye el delito de violación a la intimidad".

En ese sentido, el experto en psicología clínica, Boris Ledesma, advierte que, si bien las personas adultas que consumen dicho material deberían ser personas con criterio formado, su distribución o venta libre puede acarrear adicciones si su consumo es prolongado. Y, al igual que las drogas, cuando se alcanza un nivel de tolerancia, explica Ledesma, deja de generar placer y el consumidor busca otras formas para obtener lo que la pornografía genera en su cerebro: un aumento de dopamina.

"Es decir, después de un tiempo, para quien consume pornografía que, en teoría, es exclusivamente para adultos, no será suficiente ver a dos adultos teniendo sexo, y buscará otro tipo de contenido, como material sexual que involucre a niños, animales, maltratos, entre otras cosas. Es un caldo de cultivo para cometer o ser cómplice de delitos, como la pedofilia o el abuso sexual", explica Ledesma.

Telegram, una tienda de pornografía y delitos

Un caldo de cultivo que en Ecuador tiene vitrina en la aplicación de mensajería instantánea Telegram, donde, a pesar de su política con la que prohíbe la distribución de material que incita el abuso infantil o el envío de contenido obsceno, que promueva el acoso, amenazante o ilegal, este Diario pudo constatar que la aplicación, conocida por el envío de mensajes efímeros y con ciertos niveles de privacidad de punto a punto, alberga varios grupos, con al menos 100 miembros cada uno, donde no solo se expone contenido sexual explícito para adultos o se planifican encuentro sexuales masivos, sino también contenido, de libre acceso, en el que se observa a niñas de entre cinco y 10 años presenciar o ser obligadas a mantener actos sexuales con personas adultas.

Un acto que sí configura un delito, a diferencia de la pornografía para adultos, y que sanciona con una pena de hasta 13 años de cárcel a quien "publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio, pornografía de niños, niñas y adolescentes", según el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal.

En Ecuador, la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional investiga los delitos cometidos con el uso de tecnología a través de ella, categorizándolos como incidentes informáticos, fraude digital y delitos como la violencia digital. En este último, se incluye la distribución y comercialización de pornografía que involucra a menores de edad. En lo que va de 2024, han iniciado 33 investigaciones por delegación del Ministerio Público, en las que han rescatado a ocho menores e incautado 74.000 archivos multimedia de contenido sexual infantil.

Violación a la intimidad 

Para el experto en psicología clínica, uno de los rasgos de un adicto a la pornografía es la falta de empatía por el dolor ajeno y la falta de conciencia al incurrir en conductas indebidas. Esto podría haber ocurrido en el caso de García Román, a criterio de Ledesma, quien, según información del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, sería parte de una red de al menos ocho fotógrafos dedicada al robo de fotos íntimas para comercializarlas sin consentimiento.

"Estamos viendo la punta del iceberg y no el iceberg completo, donde hay ocho sospechosos con un modus operandi muy similar. Hemos conocido que las víctimas no son solo mujeres de entre 20 y 25 años, sino también menores de edad", informó Arianna Tanca, quien lidera el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la mesa provincial que atiende a las víctimas del caso de García Román.

¿Quién patrulla las plataformas digitales?

En los grupos de Telegram no solo se distribuye y, en otros casos, se comercializa contenido sexual explícito de adultos o menores de edad, sino que también se estarían cometiendo otros delitos, como el robo de datos y estafas, mediante la comercialización de tarjetas de crédito clonadas, ofrecidas públicamente bajo la promesa de "libertad financiera". Según las ofertas en estos grupos, las personas pueden adquirir una tarjeta de crédito a bajo costo que contiene los datos de un usuario bancario al que se le habrían sustraído los accesos y claves, permitiendo utilizarla como una extensión para realizar compras en línea.

Esta actividad ilícita, que incurre en delitos como la apropiación fraudulenta de información por medios electrónicos y la estafa, es investigada por la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional. Sin embargo, a pesar de que estos anuncios son casi públicos, no se configuran como pruebas legales hasta que exista una denuncia oficial ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que derive al inicio de una investigación.

En ese contexto, en el país recientemente se modificó la normativa legal para facilitar que los agentes investigadores puedan infiltrarse en estas plataformas digitales y recabar pruebas. Según explicó a EXPRESO Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional, esta reforma busca obtener información que permita identificar y localizar a los responsables detrás de estas actividades ilícitas en plataformas digitales como Telegram.

"Esta figura permite a un agente investigador buscar información en redes sociales o plataformas digitales, pero no por decisión propia, sino bajo la autorización de un juez. Es decir, el agente encubierto digital actúa siempre con respaldo legal", detalla Gonzalo García, quien también resalta la importancia de la conciencia social para que, al conocer estos delitos, las personas los denuncien de manera anónima a través del número 1800-Delitos.

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