Imagen del ciberactivista Julian Assange mientras salía, en un vehículo policial, del tribunal de Southwark de Londres, Reino Unido, el pasado 1 de mayo. El australiano fue condenado a casi un año de prisión por haber violado su libertad condicional en 20

La doctora de Julian Assange denuncia espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres

Sondra Crosby aseguró que sus notas fueron intervenidas durante la última visita médica al fundador de Wikileaks, en la sede ecuatoriana.

Sondra Crosby, la doctora personal de Julian Assange, fue supuestamente espiada y sus notas intervenidas durante la última visita médica al ciberactivista en la Embajada de Ecuador en Londres, según ha denunciado la afectada en un escrito a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los relatores especiales de la ONU, incluido el de Privacidad.

El fundador de Wikileaks ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra personal de la legación diplomática y la empresa de seguridad ecuatoriana Promsecurity. Afirma haber sido objeto de una presunta extorsión de un grupo de españoles que le pidieron tres millones por imágenes, audios y documentos confidenciales de sus últimos meses de estancia en la embajada, de donde fue expulsado el pasado 11 de abril por orden del Gobierno de Lenín Moreno tras permanecer siete años con la condición de asilado, y detenido por la policía británica.

La doctora Crosby, profesora asociada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, ha evaluado el estado de Assange en cuatro ocasiones, desde octubre de 2017 a febrero de 2019. Según su relato, le visitó por última vez sobre las 13.00 del pasado 23 de febrero.

La médico describe así el supuesto espionaje: “Era sábado y la única persona en la Embajada era el señor Assange y un guarda de seguridad. Nuestra reunión se celebró en una sala de conferencias dentro de la Embajada. Assange explicó la fuerte vigilancia en la embajada: hablamos con una radio puesta para amortiguar la interceptación de los micrófonos y la visita médica fue grabada por dos cámaras. La hostilidad, ausencia de confidencialidad y el ambiente de intimidación era palpable”.

Y continúa: “Sobre las 16:00 salí de la habitación y abandoné la embajada para comprar comida porque el señor Assange no había almorzado. Al regresar a la embajada y volver a nuestra sala de encuentros descubrí que mis notas no estaban. Las notas aparecieron en un espacio utilizado por la dirección de seguridad de la Embajada (y presumiblemente habían sido leídas). El derecho de Assange a la confidencialidad entre doctor-paciente había sido violado y su información confidencial vulnerada”.

Crosby relata en su denuncia que al regresar de la calle con el almuerzo el guarda de seguridad le obligó a escribir una declaración sobre quién era y cuál era el propósito de su visita. Se requirió su licencia médica, así como su pasaporte y teléfono móvil. “La experiencia fue intimidatoria”, apostilla Crosby. La doctora ha dirigido los servicios médicos del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados de Boston, y evaluado a cerca de 1.000 supervivientes de tortura, y publicado trabajos en The New England Journal of Medicine y otras publicaciones especializadas.

El mismo día en que Ecuador expulsó a Assange de la embajada y lo entregó a la Policía británica, Joseph Cannataci, el relator especial de la ONU para la Privacidad, condenó su entrega. El pasado día 25, el relator se reunió con Assange en la prisión de Belmarsh (Belfast), donde ingresó tras su expulsión de la legación diplomática.

El pasado miércoles, el activista australiano fue condenado por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por haber violado en 2012 la libertad condicional. El fin de semana, Assange se negó a ser extraditado a EE.UU., país que le reclama por las filtraciones que difundió Wikileaks. La justicia norteamericana le acusa de un delito de intromisión informática penado con hasta cinco años.

La defensa de Assange esgrime que es “la primera vez en la historia del asilo que se acuerda una comisión rogatoria contra la persona perseguida”. Ecuador acordó la asistencia penal a EE UU. La Fiscalía General del país que acogió en su embajada al activista acordó tomar declaración a diplomáticos ecuatorianos.

El Gobierno de Lenín Moreno, con el que Assange perdió la protección de la que gozaba, niega haberle espiado y le acusa de crear “un centro de espionaje” dentro de su embajada.