Dos cárceles de Guayaquil, en acefalía

En pausa. Así continuaron las audiencias de juicio, procedimiento abreviado y de garantías penitenciarias de las Unidades Judiciales de Guayaquil, como efecto de la masacre y los amotinamientos registrados la última semana de febrero en cuatro cárceles del país.

Jueces de esas áreas confirmaron que aún no retoman las audiencias telemáticas con los privados de la libertad, a pesar de las conversaciones mantenidas con representantes del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

La suspensión y renuncia de los directores de las dos cárceles más pobladas del país, ahonda más la situación. A la salida de Luis Aguilar, quien estaba al frente del Centro de Rehabilitación Social N.º 1 (más conocido como Penitenciaría del Litoral), este martes 2 de marzo de 2021 se sumó la renuncia de la directora de la cárcel 4 (Zonal 8), Alexandra Correa, quien tenía cinco meses en el cargo.

Ambos centros de rehabilitación amanecieron ayer en acefalía, lo que fue confirmado por fuentes penitenciarias. Esto, en medio de una crisis carcelaria que rebota en los procesos judiciales de quienes todavía no resuelven su situación jurídica, generando un pedido urgente de los magistrados.

A diario, solo en la Unidad Judicial Penal Norte N.º 2 (Albán Borja) se agendan aproximadamente 50 audiencias, entre penitenciarias, de juzgamiento y abreviadas.

Según un oficio firmado por jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, desde el 26 de febrero se suspendieron las conexiones telemáticas con los centros carcelarios por disposición del SNAI.

El pasado lunes 1 de marzo de 2021, el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, se reunió con representantes del SNAI para analizar y encontrar solución al tema. Pero hasta que no se confirme que está todo controlado al interior de las cárceles y existan las garantías para los funcionarios que laboran en esos centros, la situación continuará igual.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura informó que para garantizar la comparecencia de las personas privadas de la libertad (ppl), se organizan alrededor de 5.000 videoaudiencias cada mes, a nivel nacional. “Con esa modalidad, se logra reducir el riesgo por el traslado desde los centros carcelarios hacia las dependencias judiciales y se ahorran recursos del Estado ecuatoriano”.

Según la entidad, es uno de los resultados del convenio interinstitucional suscrito, el 27 de enero de 2020, entre la Judicatura y el SNAI.

"El objetivo del convenio es establecer canales de coordinación y gestión eficiente de las comparecencias de las PPLs a través de videoconferencia, comunicación telemática u otros medios técnicos similares", dice la Judicatura.

Añaden que al momento, "el CJ se encuentra preparado para que las unidades judiciales, tribunales, cortes provinciales y la Corte Nacional de Justicia puedan convocar las audiencias telemáticas que consideren necesarias, para así evitar incidentes en el traslado de los reos y problemas adicionales en el sistema penitenciario".

Aseguran que la Dirección Nacional de Gestión Procesal del CJ, monitorea el cumplimiento del convenio con el SNAI, en las diferentes direcciones provinciales por lo que, dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y el contexto penitenciario actual, los administradores de justicia cuentan con las herramientas necesarias para priorizar las comparecencias por medios telemáticos.