Dos demandas de inconstitucionalidad a las reformas electorales, en camino
Grupos ciudadanos cuestionan que no se hayan eliminado los distritos electorales
Con la aprobación de las reformar al Código de la Democracia en la Asamblea Nacional, varias organizaciones de la sociedad civil analizan interponer dos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
La noche del 22 de enero de 2020 el Legislativo decidió al allanarse a ocho de las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto y ratificarse en 10 artículos del texto aprobado por el Pleno en diciembre pasado.
Dentro de ese paquete hay dos temas que inquietan a grupos ciudadanos como el Observatorio Electoral, Esquel, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Nosotras por la Democracia, entre otras.
El primero se refiere a la decisión de mantener las circunscripciones electorales en provincias como Guayas, Pichincha y Manabí. Los activistas dicen que esta figura es incompatible con el método de asignación de escaños de Webster aprobado, por lo que solicitaban la eliminación de la distritalización.
El pleno de la Asamblea se pronunció sobre el veto parcial al Código de la Democracia. Entre las ratificaciones se mantienen las circunscripciones electorales (distritos) con 122 votos afirmativos. pic.twitter.com/84hgY7a5NE
— Diario Expreso (@Expresoec) January 23, 2020
Fausto Camacho, integrante del Observatorio, le dijo este 23 de enero de 2020 a EXPRESO que desde hoy se reunirán con constitucionalistas para analizar la viabilidad de una demanda, sin desconocer la potestad de la Asamblea de dictar normativa.
“Creemos que se está afectando un principio constitucional porque la Carta Magna establece que en las elecciones pluripersonales la ley debe diseñar un sistema electoral basado en principios como la proporcionalidad y eso no se cumple si se mantienen las circunscripciones”, señaló Camacho.
El segundo punto en cuestión se refiere a la licencia que deberán pedir los funcionarios por elección popular que quieran optar por la reelección. La Asamblea se ratificó ayer que serán 45 días (mientras dure la campaña electoral) sin sueldo.
Los grupos ciudadanos consideran que este tiempo debería empezar el momento mismo en que es calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la candidatura. Más aún, cuando la norma exige que el resto de funcionarios públicos pidan licencia sin sueldo de 100 días si optan por un cargo de elección popular.
Hasta inicios de la próxima semana los grupos ciudadanos definirán si se presenta una o las dos demandas de inconstitucionalidad, por separado.
