Dos guardaparques son procesados por el robo de 123 crias de tortugas gigantes
Dos funcionarios del Parque Nacional Galápagos que se desempeñaban como guardaparques están involucrados en un presunto delito de asociación ilícita dentro de un proceso que investiga la sustracción de 123 crías de tortugas gigantes.
Dos funcionarios del Parque Nacional Galápagos que se desempeñaban como guardaparques están involucrados en un presunto delito de asociación ilícita dentro de un proceso que investiga la sustracción de 123 crías de tortugas gigantes.
El hecho se registró el 27 de septiembre de 2018 en el centro de crianza “Alfonso Tupiza”, de la isla Isabela, en Galápagos. El pasado 17 de mayo, la Fiscalía formuló cargos contra los guardaparques Fernando F. G. y Daniel T. T.
El juez Ramón Abad Gallardo dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra ambos ciudadanos, por tratarse de funcionarios públicos, así como su presentación periódica ante autoridad judicial y la prohibición de salida del país, según un comunicado emitido por el organismo hoy martes 4 de junio de 2019.
Sobre el caso, se han efectuado peritajes científicos que sustentan la presunción de un delito de asociación ilícita y otro contra la flora y fauna silvestres, este último en fase de investigación previa, por lo que están en curso varias diligencias, señala la Fiscalía.
“Se logró determinar que las tortugas fueron sustraídas en forma sistemática (periódica) desde hace mucho tiempo. Podría tratarse de una organización que operaría entre las personas que estaban en la obligación de cuidar, controlar y supervisar las actividades en esa entidad”, señaló el fiscal de la unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), Errol Elizalde.
El funcionario indaga si los autores de estas infracciones son los propios funcionarios del Parque Nacional Galápagos en asociación con traficantes internacionales.
La Fiscalía menciona que ha recabado documentos proporcionados por el Parque Nacional, entre ellos actas de entrega-recepción de funcionarios que mostrarían inconsistencias en las fechas de suscripción, en el número de individuos reportados, así como en sus tamaños y pesos.
La investigación también descubrió una triangulación de llamadas telefónicas entre funcionarios del Parque Galápagos y otros ciudadanos, un análisis de conexiones y las versiones de seis personas que podrían tener participación en el delito. El Ministerio Público no descartan nuevas vinculaciones al caso.