Dos luchas de las mujeres: una vida libre de violencia y participación política
En Ecuador se cuenta con legislación, pero falta política pública, para aterrizarla, señalan activistas este 8M
“Claro que hay avances. Sin mujeres dispuestas a morir, como Olympe de Gouges, a quien decapitaron en la Revolución Francesa, ni tú ni yo nos habríamos educado”, responde Solanda Goyes, doctora en Jurisprudencia, licenciada en ciencias Públicas y Sociales y vocal del Consejo de la Judicatura, donde antes fue directora de Acceso a la Justicia.
Los avances en la lucha de las mujeres
En las últimas décadas, el movimiento de mujeres ha logrado posicionar dos temas: derecho a una vida libre de violencia y a la participación política, en torno a los cuales se han logrado avances en el Legislativo y en políticas públicas, menciona. Aunque sostiene que hace falta caminar más.
En 1995, en el país se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. En 2014, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se incorporó la figura del femicidio. Y desde febrero del 2018 rige la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Las opiniones
“Esa ley es letra muerta, se quedó en papeles”, reclama Geraldine Guerra, de Fundación Aldea, que impulsa la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios. Para este 8 de marzo no lograron registrar los casos ocurridos en lo que va del 2025. “No le podemos seguir el ritmo a la violencia”, comenta.
“En febrero hubo muchas muertes violentas de mujeres. Cada día registramos dos o tres y la forma en la que se perpetran los femicidios evidencia relación con sistemas criminales. Usan más armas de fuego”.
¿Qué pasa con la ley? Que no se cumple, dice Guerra. No hay trabajo en prevención. “Ni siquiera tenemos una campaña masiva de rutas de violencia, a nivel nacional, como las que se hacen en elecciones”.
También cuestiona que no existan servicios de atención. “No hay en Morona Santiago”, dice. Le preocupa que los gobiernos locales, juntas parroquiales, municipios, prefecturas y gobierno central no se hayan activado. “El problema de violencia no es solo del presidente o de la ministra, es incluso de las organizaciones barriales”.
Geraldine Guerra no entiende por qué no se pasa de lo escrito a los hechos en lo que respecta a la ley sobre reparación a las víctimas. Cuenta que a Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, asesinada por el policía Germán Cáceres en septiembre del 2022, “la Isspol le quiere quitar la casa. La sentencia prohíbe la enajenación, pero quieren dejar desprotegidos al hijo de la víctima y a su abuela”.
Las leyes se quedan en papeles
Anabel Campos coordina Madres Coraje, organización que reúne, en especial, a abuelas como ella, que perdieron a sus hijas en manos de femicidas y están a cargo de los nietos. Denuncia que los procesos judiciales avanzan muy lento. También que “hasta ahora no tenemos un niño becado ni al que le hayan entregado una casa. La ley se quedó en el papel”, opina sobre la Ley para Reparación a Familiares de Víctimas de Femicidios, vigente desde junio del 2024.
Cecilia Mena, vicepresidenta de Acción Ciudadana por la Democracia, coincide en que “si la norma no termina en política pública es letra muerta”, en referencia a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Planteaba un sistema para precautelar la vida de las víctimas, recuerda. “No funciona en la ruralidad, no hay institucionalidad en el territorio. Vemos que el flagelo del femicidio, lejos de disminuir, como se propone en planes desde el 2017, aumenta”.
En 2024 se cumplieron los cien años del voto de las mujeres. Y en ese sentido, Mena reconoce cambios importantes. No obstante, “el gran desafío es cómo romper este sistema machista, patriarcal, de la construcción de partidos políticos”.
Derechos de participación política
Solanda Goyes recuerda que en los setenta, las mujeres participaban de manera excepcional en política. Del 0 al 3 % se insertó en el Parlamento. “La Ley de Amparo Laboral permitió el primer ingreso de las mujeres, basado en política de cuotas, a la Asamblea Constituyente, en 1998. Así se pudo expedir en el 2000 la Ley de Cuotas, con un incremento gradual del 5 % hasta llegar al 50 % , de ahora”.
En cuanto a la violencia de género, Goyes cree que “hay que trabajar en causas, en temas complicados como la cultura, ya que vivimos en sociedades con concepciones machistas sobre relaciones entre hombres y mujeres. Buscan controlar a las mujeres”.
Pese a eso, la abogada pide valorar los avances. Aún las mujeres dedicamos más tiempo a tareas domésticas, pero ya hay hombres con bebés en brazos. “Antes de 1982, antes de las reformas a los códigos Civil y de Comercio, si no estabas casada, el responsable de bienes y decisiones era el padre, luego el esposo; no podíamos sacar créditos”. Para más avances, hay que seguir en la lucha, reconoce.
