Dos semanas de misterio tras secuestro del director del Teodoro Maldonado Carbo
Corrupción, amenazas y secuestro: la turbulenta situación de hospital público en Guayaquil
El director administrativo de uno de los hospitales públicos más grandes de Ecuador cumple este viernes 14 de febrero, dos semanas secuestrado, entre el silencio de las autoridades y una inestabilidad en la gerencia del centro médico, que permanece custodiado por policías y militares.
Se trata de Ronny Camba Torres, quien hasta el pasado 31 de enero se desempeñaba como director administrativo del hospital Teodoro Maldonado Carbo, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y ubicado en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada del país.
Según medios locales, Camba fue interceptado esa noche por hombres armados mientras iba en su auto por una zona del norte de la ciudad. Los hombres lo atacaron, lo obligaron a subir a otro vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Al día siguiente, los familiares denunciaron su desaparición y relataron que unas personas se habían comunicado con ellos para pedirles 100.000 dólares a cambio de su liberación. Días después, parientes y allegados realizaron un plantón ante la ausencia de respuestas gubernamentales.
Tras el secuestro, el gerente del hospital, el exministro de Salud Franklin Encalada, renunció a su cargo y fue reemplazado por el cirujano plástico Nelson Estrella, quien estuvo en funciones hasta el martes.
El doctor Alberto Sper asumió la gerencia desde el miércoles, en calidad de gerente interino, y se convirtió en el sexto médico en tomar las riendas del hospital en el último año.
Seguridad para los gerentes
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, dijo el miércoles en una entrevista a una radio local que a los gerentes de este hospital se les está asignando protección porque "son amenazados", sin precisar los motivos de las intimidaciones.
"El nombre del juego se llama pelear con las mafias, lo estamos haciendo y vamos a ganar en el largo plazo", agregó.
Sin embargo, ni él ni el ministro de Gobierno, José De la Gasca, quien también ha sido cuestionado por el tema, han querido referirse directamente sobre el secuestro de Camba. "De eso no puedo hablar", dijo el ministro el pasado jueves en otra entrevista.
"En el Teodoro Maldonado Carbo ha habido situaciones de seguridad bastante complicadas. Normalmente ha sido presa de las mafias políticas y de las mafias de las organizaciones delictivas para tomarse sus presupuestos", agregó De la Gasca.
Después del secuestro del director, el Gobierno asignó a diez militares y a diez policías de élite para que custodien las áreas más sensibles del hospital, aunque EFE pudo constatar el jueves que en los exteriores la presencia de estas fuerzas es escasa.
El secuestro de Camba se produjo prácticamente dos años después de que la anterior directora administrativa del Teodoro Maldonado, Nathaly López, fuese asesinada por sicarios que la acribillaron a disparos en una zona del sur de Guayaquil.
Corrupción en el hospital
El centro de salud vive una crisis institucional desde hace más de 10 años debido al hallazgo de presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas y las compras públicas, que se evidenciaron con mayor fuerza tras la llegada de la pandemia de la covid-19.
La Fiscalía ha abierto varias investigaciones por compras irregulares de insumos médicos y en contratos de servicios, y ha señalado que esas redes delictivas se extienden a otros hospitales públicos de la ciudad.
Además, la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) ha determinado indicios de responsabilidad penal en varios contratos millonarios firmados por directivos y otros funcionarios del Teodoro Maldonado Carbo.
Guayaquil, cuyo puerto ha sido convertido por las mafias del narcotráfico en uno de los principales trampolines para hacer llegar grandes cantidades de cocaína desde Suramérica a Norteamérica y Europa, es uno de los epicentros de la violencia criminal que afecta a Ecuador.
Las organizaciones criminales, que también están dedicadas a la extorsión y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas, son las principales causantes de que Ecuador haya pasado a ser desde 2023 el país con el índice más alto de homicidios de Latinoamérica.
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