En noviembre del 2017, el Servicio Nacional de Aduanas dispuso la implementación de una Tasa de Control Aduanero para fortalecer sus servicios de control aduanero. La meta es bajar el contrabando y la defraudación que provocan pérdidas por $ 2.000 millone

Dos de tres paises de la CAN en contra de la tasa aduanera

En cinco días se sabrá si Bolivia se une a la solicitud de Perú, para que la Comunidad Andina (CAN), para calificar si la tasa de control aduanero que cobra Ecuador viola los principios de libre comercio.

En cinco días se sabrá si Bolivia se une a la solicitud de Perú, para que la Comunidad Andina (CAN), para calificar si la tasa de control aduanero que cobra Ecuador viola los principios de libre comercio.

La CAN está compuesta por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; este último país es el que faltaría que se una a la solicitud de Colombia y Perú. Estos dos países en el 2015 también se expresaron en contra del cobro de salvaguardias que hizo Ecuador y pidieron la intervención de la CAN. En ese entonces de nada sirvió la solicitud, Ecuador cobró las salvaguardias hasta el 2017, tiempo en que Ecuador decidió retirarlas.

El pasado 17 de enero CAN admitió el pedido de Perú. Entonces el organismo concedió a los demás países miembros 20 días de plazo para presentar elementos de información que ayuden a determinar si la tasa es un gravamen.

Colombia fue el primer país en manifestarse y concluir que la tasa es un gravamen al comercio, contrario al Programa de Liberación Andino e incluso a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La tasa aduanera no corresponde al costo de un servicio prestado. El ministerio colombiano señala que para proceder al cobro de una tasa se debe prestar un servicio. En oposición a este concepto, la tasa aduanera mantiene una unidad de control diferencial de acuerdo al bien. Por lo tanto, el organismo manifiesta: “No hay ningún elemento que permita deducir siquiera sumariamente, que el pago de la tasa corresponde al valor del servicio prestado”. En consecuencia, es un gravamen a todas las mercancías.

El control de riesgo no es un servicio prestado a la importación. Uno de los supuestos motivos del Senae para implementar la tasa es el fortalecimiento del control aduanero. La institución colombiana desestimó tal argumento y explicó que el control de riesgo es una obligación del Estado ecuatoriano. Argumento similar al expuesto por la Cámara de Comercio de Guayaquil de que la Aduana cobra por ser aduana.

Ecuador también incurre en una violación a los acuerdos con la OMC. Colombia también aclara que la medida impuesta por el país no guarda una relación de proporcionalidad entre el servicio efectivamente prestado y sus costos aproximados, tal y como lo establece la OMC. Por consiguiente, Ecuador también estaría violando los principios de libre comercio de la OMC.

Colombia afirma que la tasa aplicada por Ecuador muestra elementos que van en contravía con sus propios objetivos. Por ejemplo, explican que diferentes tasas a productos podrían incentivar el contrabando técnico en lugar de promover el control aduanero.

El impacto en Colombia asciende a $ 12 millones anuales. Los sectores con tasas aduaneras más altas coinciden con los sectores colombianos que más exportan (cosméticos, confecciones, preparaciones para lavar, pastelería cerámica, textiles, productos químicos, sector automotor, frutas).

Los tráileres de Carchi están afectados

El cobro de la tasa de control aduanera por parte de Ecuador ya cumplió su primer trimestre y el resultado para los dueños de los tráileres de la provincia de Carchi son pérdidas. Así lo indicó Jaime Bastidas, presidente de la Asociación de Camioneros de Carchi. Explicó a Diario EXPRESO que normalmente al mes tienen ingresos por $ 4.000 y desde que se cobra la tasa solo se hacen $ 2.000, porque han bajado las importaciones. La situación la comparó a lo que vivieron de 2015 a 2017, cuando se cobraron las salvaguardias.