SAn Lorenzo Carrretera
Controles. Las Fuerzas Armadas duplicaron el número de agentes en San Lorenzo a 450 efectivos, tras el ataque con explosivos del viernes 8 de octubre.Cortesía

Droga, disidencias y pobreza, la esencia de la frontera norte

El último atentado en San Lorenzo revive la violencia de 2018. El Frente Óliver Sinisterra, Los Contadores y Real Hasta la Muerte operan en esa zona

La muerte de alias Guacho en 2018 no fue el fin de la violencia en la frontera norte. Los mismos factores que produjeron entonces una serie de atentados y crímenes vuelven a presentarse en 2021, con la diferencia de que la pandemia ha agudizado la pobreza en los poblados fronterizos.

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Decomisos de droga, pistas aéreas clandestinas, cultivos de coca, laboratorios y cristalizaderos, piscinas con gasolina de contrabando, campamentos para disidentes de las FARC y, lo último, un atentado al comando de la Policía de San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas.

El viernes pasado, dos hombres en una motocicleta dejaron un bulto en el cerramiento posterior. Justo cerca del rastrillo donde están las armas.

La explosión dejó un agujero de un metro de diámetro en la pared; y entre la población, la sensación de estar viviendo un déjà vu. “Igual que en 2018, los muchachos del colegio siguen siendo seducidos por el dinero fácil que ofrecen las bandas”, comenta un maestro, que por temor pide no ser identificado.

La primera hipótesis sobre la autoría del reciente atentado tiene que ver con los golpes a la banda Real Hasta la Muerte. Siete presuntos integrantes fueron capturados el 22 de septiembre en San Lorenzo, Esmeraldas, La Concordia y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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La organización ilegal está vinculada con la banda Los Tiguerones. En 2018 se dedicaban a “extorsiones de funcionarios corruptos” de San Lorenzo y hoy, tres años después, son parte de la cadena logística del tráfico de drogas. “Todos los integrantes tienen menos de 20 años”, indicó un agente.

Los miembros de Real Hasta la Muerte custodian la cocaína, la acopian, se encargan del traslado, ayudan en los envíos hacia Centroamérica o Estados Unidos y proveen armamento. Son solo operarios de la droga, cuyos dueños son los grupos irregulares armados que operan en la línea de frontera, del lado colombiano.

Los más fuertes son el Frente Óliver Sinisterra (que en 2018 tenía 500 miembros) y los Contadores. Ambos son grupos disidentes de las FARC. Desde enero han aumentado los enfrentamientos por el control del narcotráfico en las rutas del Pacífico colombiano.

Según el Sistema de Alertas Tempranas, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, estas dos organizaciones captan a menores de edad.

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El fin de semana, tras el reciente ataque en San Lorenzo, el Comando Operacional 1 Norte duplicó el número de uniformados a 450. Y se intensificaron los controles en las carreteras y pasos fronterizos.

A través de un comunicado, el Comando Operacional 1 Norte informó que el reciente ataque en San Lorenzo es “una posible señal para afectar nuevamente la integridad de la Fuerza Pública, ante represalias al trabajo de control desplegado en la frontera norte”.

El 24 de septiembre, los militares encontraron una base de descanso para disidentes. Por la ubicación, se presume que pertenecía al Frente Óliver Sinisterra. En marzo, los uniformados atraparon al tercero al mando de Los Contadores. Entonces prometieron que existirían represalias.

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Antinarcóticos ha decomisado 137 toneladas de droga en lo que va de este año. Se trata de un récord histórico que tiene relación con el incremento de la producción de cocaína en Colombia. Según el último reporte de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito, en 2020 se fabricaron 1.010 toneladas de cocaína. El 40 %, en la frontera con Ecuador.