Ecologistas preocupados por el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China
El TLC podría favorecer la inversión china, incluyendo la pesca, y ha sido criticado por la falta de transparencia en su proceso de negociación
La organización Acción Ecológica expresó este jueves 9 de septiembre su preocupación por los efectos negativos que pudiese tener el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China, que está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional (Parlamento).
En una rueda de prensa, los ecologistas consideraron que el TLC "va a profundizar la dependencia de Ecuador a la geopolítica china para abastecerse de minerales, inclusive algunos extraídos del lecho marino".
"A la vez que nos veremos insertos en el mapa de negocios de sus empresas, incluyendo la gigantesca empresa Syngenta ChemChina, que lucra de la venta de semillas transgénicas y agro tóxicos, o de la siniestra flota pesquera China que tanto daño hace a las especies marinas de la reserva de la reserva de Galápagos", indicaron.
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Consideraron que "en nombre del libre comercio, se cierran posibilidades para frenar la invasión de millones de productos chinos, que van a destrozar a muchos sectores de producción pequeña y mediana que aún se mantienen" en Ecuador, "mientras se abren condiciones para recibir chatarra y desperdicios de las manufacturas de China".
Paulina Garzón de Latinoamérica Sustentable, recordó que China es el principal prestamista para Ecuador, el mayor financista para grandes obras de infraestructura y tiene una importante presencia en el campo de la minería.
Comentó que el capítulo de inversiones del TLC es "bastante preocupante" pues "empieza diciendo que una parte clave de vertebral de este Tratado es la internalización de las empresas chinas en todos los sectores".
Además, indica que Ecuador "debería apoyar a las empresas chinas para conseguir las aprobaciones de las solicitudes de inversión, que debería abrir una ventanilla para apoyar también a que se consigan los permisos de impacto ambiental y que se facilitaría, inclusive, la aprobación de los estudios de impacto ambiental".
Garzón añadió que en el capítulo sobre cooperación económica, se habla del apoyo a las empresas chinas para desarrollar más actividades de pesca y de acuacultura, y recordó que "en 2020, hubo varias denuncias de pesca ilegal. De hecho, China tiene la mayor flota pesquera y el mayor índice de pesca ilegal en el mundo".
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En este mismo capítulo se mencionan algunos conceptos "que podrían sonar bien en principio de desarrollo verde de financiamiento verde, de bioeconomía, pero realmente no se explica el contenido y el alcance de ninguno de estos de estos términos", señaló.
En opinión de Garzón, en la negociación de este TLC, los ecuatorianos han "sido tratados como ciudadanos de segunda" pues en procesos similares con otras naciones ha habido espacios de participación ciudadana.
SIGUIENTES PASOS
El TLC Ecuador-China se firmo de manera virtual en mayo pasado, luego de que se llevaron a cabo cuatro rondas y varias reuniones técnicas, desarrolladas entre abril y diciembre de 2022, de manera virtual.
Este acuerdo, enfocado en bienes, contempla un total de 17 disciplinas, y es considerado de última generación, ya que contiene un capítulo de comercio electrónico. De hecho, Ecuador es el primer país latinoamericano en incluir un capítulo de esta índole en un Tratado comercial con China, según el Ministerio de Producción.
Si llegase a entrar en vigor, entre los beneficios del TLC, figuran el acceso real de la oferta exportable actual y potencial en mejores condiciones a un mercado de 1.400 millones de consumidores, con alto poder adquisitivo.
Ello porque con esta negociación se logró acceso para el 99,6 % de la oferta ecuatoriana actual a China en canastas de desgravación inmediata o menores a 10 años.
Además, este acuerdo permite igualar condiciones de competencia con los países vecinos (Perú, Centro América) que ya tienen acuerdo con el gigante asiático, así como otros países asiáticos que compiten en ese mercado.
El acuerdo deberá aún ser revisado y aprobado por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Una vez que se concluyan las formalidades jurídicas internas en ambos países, y sea aprobado, entrará en vigor.
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