Los $ 20 millones que la CFN se niega a pagar en tribunales

Facilitar créditos al sector productivo debería ser la única tarea que ocupe a la Corporación Financiera Nacional (CFN). No obstante, en los últimos años el banco estatal ha tenido que centrar también su esfuerzo en librar pugnas legales que no solo le permitan recuperar préstamos impagos, sino blindarse de millonarias indemnizaciones que empresas, a decir de CFN, estarían exigiendo por fuera de la ley.

El más reciente caso que sale a la luz es una sentencia judicial que ordena a CFN pagar 20 millones de dólares a Dinaser Dinamia Servicios CÍA. LTDA., como reparación al supuesto daño patrimonial que el banco le habría generado a finales de 2017, por no saldarle a tiempo facturas por 791.572 dólares por el servicio de vigilancia ofrecido a varios inmuebles retenidos, en el marco de procesos coactivos.

El fallo notificado al banco el pasado mes de junio provino del juez Segundo Tito Álvarez, tras acoger una acción de protección presentada por Dinaser. En esta sentencia, a la que este Diario tuvo acceso, se ordena además el pago de 20.000 dólares por los daños psicológicos que tal situación habría generado en Mario Martínez Chávez, propietario de la empresa de seguridad.

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Dicho fallo obligó a la CFN y a la Procuraduría General del Estado a presentar un recurso de apelación. En ese contexto, el banco estatal espera que el próximo 16 de noviembre se desarrolle una audiencia de estrado para argumentar por qué el dictamen debe ser revisado. El pasado 21 de septiembre esta fue suspendida.

Entre los principales argumentos que José De La Gasca, procurador judicial de CFN, tiene para asegurar que tal indemnización no debería darse es el marco de ilegalidad en el que Dinaser habría ofrecido estos servicios, entre los años 2015 y 2017, pues estos carecían de respaldos jurídicos o sus debidos contratos.

De La Gasca explica que si bien el Tribunal Contencioso Administrativo (en el marco de una demanda de responsabilidad extracontractual que Dinaser interpuso contra CFN) había ordenado en julio de 2020 pagar los 791.572 dólares pendientes tras confirmar que los servicios sí se habían otorgado, pidió notificar este hecho a la Contraloría para que sea el ente de control el que aclare por qué no se cumplieron los procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No obstante, tal auditoría nunca se concretó.

Pero “la ley es clara: para este servicio tuvo que existir un contrato... al final del día son recursos del Estado los que han salido para pagar este tipo de contratación sin soporte, sin sustento alguno”, dice el representante del banco estatal, quien sostiene que bajo esta falta CFN llegó a cancelar 2,8 millones de dólares a dicha empresa, por el servicio de guardianía.

El pasado 19 de septiembre, EXPRESO intentó, vía e-mail, tener la versión de Mario Martínez y Carlos Xavier Zavala Mena, propietario y procurador judicial de Dinaser, respectivamente. Solo este último contestó, pero para excusarse. “No suelo ser un abogado de entrevistas, menos de figurar en medios. Le ruego me sepa comprender”, indicó.

¿Pero quiénes estuvieron atrás de estos pagos? De La Gasca señala que estos fueron autorizados por el mismo abogado Zavala Mena, quien del 2015 a 2017 se desempeñó como juez de coactiva de la CFN. Es decir, tras salir de la entidad, cuestiona, simplemente ‘cruzó al otro lado de la orilla’ para convertirse en el hoy defensor legal de la empresa que demanda la millonaria reparación. “Es lo que se conoce como ‘puertas giratorias’. Él le mandaba a pagar a ellos, y cuando CFN deja de pagar, él, ya fuera de la institución, ahora se pone del lado de ellos para demandar al banco”, sostiene el representante de CFN, quien califica este hecho como uno de los factores “más aberrantes” que tiene este caso.

No es la primera vez, asegura, que se emplea este mecanismo para intentar hacer cobros a la CFN. Años atrás la entidad tuvo que librar un juicio contra la empresa Mopesca, que le pedía 30 millones de dólares. La solicitud no prosperó.

Sobre el caso Dinaser, no es la única acción legal en curso. La actual administración del banco interpuso ante la Fiscalía, en marzo de este año, una denuncia por peculado, por la forma en que se habrían hecho estos pagos.

Según se denuncia, esta facturación se habría hecho con la ayuda de informes de depositarios, que eran designados por el mismo juez de coactiva, para hacerse cargo de los bienes embargados. Eran ellos los que adquirían el servicio de guardianía de Dinaser, pero sin un contrato y sin estudios técnicos que establezcan la necesidad del servicio y si el valor a pagar era el más conveniente del mercado.

El abogado y experto en contratación pública Pedro José Castillo coincide en que sin esto último, hubo “una grave transgresión a la norma”, pues no se respetaron los debidos principios “que determinan que todos los procesos públicos deben regirse a través del portal de Compras Públicas y una licitación pública”. Al experto le llama también la atención la cifra de indemnización, pues si bien es normal demandar al Estado cuando se reclama un daño emergente, un lucro cesante, un derecho que en este caso sí tuvo Dinaser, normalmente “los valores que se piden no suelen ser tan altos en relación al monto de la demanda inicial. Si son facturas por 700.000 dólares, me parece excesivo un monto de 20 millones. Habría que analizar el flujo de caja de la empresa, todos los justificativos técnicos en detalle por los cuales se pide ese valor”. Según la Superintendencia de Compañías, Dinaser en 2017 registró ingresos por 5,5 millones de dólares y utilidades por 137.000.

EXPRESO contactó vía correo electrónico a Edwin Andrade, ex subgerente general del banco estatal, quien en noviembre de 2015 delegó a Zavala la función de juez de coactiva, pero “por motivos de seguridad” se negó a dar una entrevista. Solo se limitó a decir que la delegación se rigió a lo que dicta la ley, una facultad que luego fue extendida por Roberto Murillo, gerente general de esa época.

Murillo, quien tampoco respondió a este Diario, estuvo dentro de la administración de María Soledad Barrera, expresidenta del Directorio de la CFN. Él estuvo desde 2014 hasta 2017, años en los que aún gobernaba el correísmo y en los que, según denuncias de la propia CFN, se emitió de forma antitécnica el grueso de los cerca de 400 millones de dólares en créditos para empresas que hoy continúan impagos.

• DATOS CLAVES.

Un freno. En 2017, Munir Massuh, gerente de CFN, explicó a Dinaser las causas de los impagos en las facturas reclamadas.

Argumentos. Entre los motivos legales están la falta de contratos y la existencia de una partida presupuestaria para hacerlo.

Contraloría. Contraloría se pronunció años después, pero para decir que, por los años transcurridos, ya era poco lo que podía hacer.

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