El 41% de activos externos declarados está en EE. UU.
En el 2022, bajo incentivos, el país recaudó $ 92 millones por este concepto. Pero la cifra aún está por debajo de la mitad de la meta prevista
La recaudación tributaria sobre el patrimonio, que en el exterior tienen miles de contribuyentes, sigue retando al Servicio de Rentas Internas (SRI). Más aún si la rebaja de la tarifa impositiva, que rigió hasta diciembre de 2022, no alcanzó las metas iniciales de cobro (solo un 46 % de los $ 200 millones estimados). El próximo intercambio de información con Estados Unidos será clave para seguir con la determinación y recaudación de impuestos, según los expertos.
La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19, que entró en vigencia en noviembre de 2021, dispuso un Régimen de Regularización de Activos en el Exterior. Quienes se acogieron a este, tuvieron el beneficio de reducción en el pago del tributo, con una tarifa que iba del 3,5% al 5,5%, según la época de pago.
De acuerdo con información del SRI, en 2022 se regularizaron 1.874 millones de dólares de activos que pertenecen a 642 ecuatorianos en el exterior, el 41% de eso en EE.UU., 12 % Islas Vírgenes (Británicas), 11% de Panamá y 10 % de Bahamas.
Este dinero ahora tiene residencia fiscal en Ecuador, por lo que gravará Impuesto a la Renta y sumará a la recaudación de los próximos años, acotó el abogado tributario Napoleón Santamaría.
No obstante, aún hay patrimonio por regularizar. Para enero, el SRI aún calculaba unos 3.000 millones de dólares, que no han sido declarados y que no gravan impuestos. De todas formas, lo registrado generó una recaudación de impuestos por 91,6 millones de dólares, pero la cifra es aún baja frente a las estimaciones del Gobierno. La meta inicial que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) era recaudar por esta vía unos 200 millones de dólares.
La regulación con incentivo dio paso a que el SRI fortalezca los procesos de control
Para Santamaría, el proceso ha sido paulatino, porque estuvo sujeto a la voluntad de los contribuyentes y, sobre todo, al desarrollo de la tecnología y al intercambio de información con otros países. Herramientas que estarían permitiendo controlar la evasión tributaria y adecuar la tributación de los contribuyentes a su capacidad económica real. Actualmente, Ecuador es miembro de la iniciativa Foro Global, donde comparte información con 150 países a escala mundial. El SRI explica que esto fue lo que le permitió recibir detalles de más de 70.000 cuentas en el exterior para el proceso de regularización, y con ello percibir los primeros recursos bajo este concepto.
Para seguir determinando los activos gravables que están fuera del país, ayudará el intercambio de información en materia tributaria con Estados Unidos que se prevé concretar este año, país donde se estima aún está el mayor grueso de recursos.
Así lo explica el experto tributario Javier Bustos. Este proceso se llevará a cabo por solicitud del SRI sobre algunos perfiles que están bajo la mira de evasión u omisión de información, afirmó el experto. “Es por eso que es un proceso más largo y complejo”, dijo Bustos.
Para la administración tributaria, representará un avance importante para fortalecer el proceso de recaudación en este tema y alcanzar la meta, consideró Santamaría.
- ¿QUÉ PASA CON QUIENES NO CUMPLIERON?
Las personas pendientes en este proceso deberán presentar las declaraciones respectivas del Impuesto a la Renta, pero ahora ya no contarán con la rebaja del tributo, por lo que deberán pagar un porcentaje de hasta el 37%, bajo la figura de Incremento Patrimonial No Justificado, explican los expertos tributarios. Los contribuyentes que no hayan modificado sus declaraciones de tributos y de deberes formales, pese a verificarse que mantienen ingresos o activos externos, serán auditados. El patrimonio no regularizado estaba con una “amnistía penal”, pero ahora estarán sujetos a sanciones administrativas y penales. Los contribuyentes que regularizaron su patrimonio entrarán en una fase de control para garantizar el cumplimiento en el pago.
