La acción de protección del caso de la hacienda Ayalán la ganaron las camaroneras
Cerca de 400 familias pidieron que se legalicen 3.000 hectáreas donde viven por ser parte del Plan Retorno de Migrantes
Los camaroneros ganaron la acción de protección que se presentó contra el Ministerio de Agricultura, por disputa de terrenos en la hacienda Ayalán
Cerca de 400 familias que iniciaron un pugna el año pasado, para que les legalicen la tenencia de más de 3.000 hectáreas, han perdido el proceso legal. La tierra es parte de la hacienda Ayalán, ubicada en El Morro, Guayas, tal como lo contó Diario EXPRESO
Son exactamente 365 familias que aceptaron ser parte del Plan Retorno de Migrantes, creado en el gobierno de Rafael Correa, con el fin de promover el regreso de ecuatorianos que pudieran aportar en la matriz productiva del país. A ellos se los reclutó en la embajada de Ecuador en España y se los trajo convencidos de que, a bajo costo, podrían adquirir las 3.787 hectáreas que tiene la hacienda Ayalán.
La demanda se inició porque en el 2022 no lograron obtener los títulos de propiedad. Ellos denunciaron que tenían una batalla con grandes empresas camaroneras que habían empezado, el año pasado, a rodear sus predios y a desalojarlos.
Desde la Asamblea Nacional se ha enviado una carta con fecha de lunes 8 de mayo de 2023 en la cual se hace referencia del caso judicial.
La misiva dice: "En el proceso de Fiscalización de la Hacienda Ayalán se presentó el correspondiente informe, una vez que se conoce con proceso judicial número 09285-2022-02491, en la que se resuelve a favor de las empresas camaroneras las tierras; es necesario, se informe del cumplimiento de la sentencia, y en razón de que el subsecretario de tierras, aseguró que las tierras estarían a favor de la asociación de inmigrantes, se presente a este despacho, la solución a los inmigrantes con otros predios, distintos de la hacienda Ayalán conforme a la normativa aplicable.
En una segunda carta el asambleísta, Ricardo Vanegas, destacó que según el artículo 86, numeral 4, de la Constitución, si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
Vanegas explicó a Diario EXPRESO que desde el 2021 la Asamblea Nacional fiscaliza el caso y que ahora que hay una resolución judicial pide el cumplimiento de este y ha solicitado al Ministerio de Agricultura los documentos que dan evidencia de que se está cumpliendo con la decisión del juez.
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