Un acuerdo con Estados Unidos pende de un largo listado de reformas
La negociación se torna compleja y con resultados que no serían a corto plazo
Las barreras de comercio exterior fueron parte de las variables que Estados Unidos analizó para fijar un arancel recíproco para cada país. En el caso de Ecuador, una decena de observaciones fueron la motivación para que, desde el pasado 5 de abril, sus productos tengan que pagar un 10 %.
El análisis que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) hizo sobre el tema, no solo enlista los altos aranceles (de más del 40 %) con que Ecuador grava ciertos productos estadounidenses. Los señalamientos, explica Sonsoles García, exministra de Industrias y Producción, van más allá y encierran prácticas gubernamentales y del sector privado que es necesario mejorar.
En ese listado se cuestiona desde el uso de la franja de precios andina (que se aplica en la Comunidad Andina de Naciones para estabilizar los precios de importación, un mecanismo que Estados Unidos considera que perjudica sus productos) hasta el empleo de licencias y otros obstáculos técnicos para restringir el ingreso de productos cosméticos y de uso personal. También se señala que Ecuador no sea parte signataria del GPA (Government Procurement Agreement) de la OMC, un acuerdo para luchar contra la corrupción y transparentar las compras públicas; además de la falta de tratados bilaterales de inversión o el cobro del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que afectan al inversor.
Para García, con esto no es posible pretender que Estados Unidos, que tiene ahora una política mucho más proteccionista, baje o elimine de la noche a la mañana ese 10 % de arancel establecido. Para ella, la estrategia correcta es ir marcando una hoja de ruta, con metas y tiempos que den garantías a ese país de “que somos un aliado comercial confiable que puede cumplir con sus requerimientos”.
El anuncio gubernamental del pasado miércoles de bajar un 30 % los aranceles de los carros que vienen de Estados Unidos fue visto por algunos expertos comerciales como una decisión precipitada. Lo bueno de eso, dijo Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior y asesor del sector privado, es que es temporal (hasta el 31 de diciembre de 2025), “pero tal vez era mejor esperar a ver qué pasaba antes de hacer esa rebaja, porque estamos agotando herramientas para poder negociar más adelante”.
Rivadeneira coincide en que el camino para negociar un acuerdo es largo y ‘empedrado’, y ante ello hay que empezar a ver el problema como un todo. Para él está claro que la mayor potencia mundial no solo busca una baja de aranceles, sino que sus principales socios mejoren prácticas comerciales que podrían ser consideradas, en algunos casos, como desleales.
Pone el ejemplo de Vietnam. Ese país anunció que de forma unilateral pondría en 0 % todos sus aranceles, “pero enseguida salió el secretario de Comercio de EE.UU. a decir que eso no es suficiente. A ellos en realidad lo que les interesa son todas las medidas no arancelarias, las trabas que se ponen a las exportaciones americanas”.
Nery Merejildo, presidenta del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham) de Guayaquil, dice que para lograrlo “es fundamental que el sector empresarial trabaje en conjunto con el gobierno para identificar y eliminar estas barreras que están dificultando el comercio bilateral, promoviendo un ambiente favorable”.
Ayer, sin dar detalles de con qué país, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su Gobierno estaría “muy cerca” de llegar a un primer acuerdo comercial sobre los aranceles, pero advirtió que no aceptarán algo que no los beneficie.
“Tenemos que llegar a un acuerdo que nos guste y que sea justo. No queremos un acuerdo que sea malo”, manifestó en una reunión de su gabinete.
Sobre minería y camarón
Pese a que Ecuador ha tenido fallos a su favor sobre el tema, la USRT sigue señalando la aplicación de subsidios en el camarón ecuatoriano como una mala práctica. También cuestionó que no se frene la minería ilegal, que agrava la degradación ambiental y genera competencia desleal. Así como la prohibición de importación de bienes remanufacturados.
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