La agroindustria quiere ser una prioridad en la política nacional
Industrias de este sector piden la atención del Gobierno. Abogan por fortalecer el trabajo de Arcsa
Más de cinco millones de ecuatorianos trabajan en áreas vinculadas a actividades agropecuarias, de comercio, de alojamiento y de servicios de comida. Más de 2,4 millones de personas están relacionadas laboralmente al sector primario de producción agropecuaria. El sector agroalimentario representa el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 47 % de las exportaciones totales y el 72 % de las exportaciones no petroleras. Entonces, se pregunta Christian Wahli, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), ¿por qué no se lo declara como prioridad nacional y se sigue apostando por una industria petrolera que lo único en que se ha convertido es en un foco de corrupción?
Así se lamentó el representante gremial, tras exponer la compleja situación actual bajo las cuales deben desenvolverse las empresas nacionales. Pero, lejos de convertir el conversatorio realizado en el Club La Unión, en Quito, el pasado martes, en un encuentro de lamentos, se aprovechó para analizar y esbozar posibles soluciones.
PODRÍA INTERSARLE (La FDA toma medidas con las canelas con plomo que se venden en EE. UU.)
“Realizamos encuentros permanentes y especializados del sector alimentario, en donde, de la mano de expertos, analizamos e identificamos las tendencias y necesidades del consumidor, conectándolas con las cadenas de valor de generación de productos alimenticios sostenibles e inocuos. Hoy estamos impulsando la creación del concepto Ecuador Agroalimentario, que busca integrar a los diferentes actores de la cadena de valor, con un propósito común: proponer una visión desde el consumidor hacía el productor, en materia de sostenibilidad, competitividad, innovación e inserción en mercados internacionales”, aseguró Wahli.
Sin embargo, durante el encuentro, que también contó con exposiciones técnicas de especialistas sobre la producción y el manejo de alimentos, fue inevitable abordar la coyuntura acerca de la presencia de altos valores de plomo en ciertos productos, dados a conocer por las autoridades de control. “Todos los alimentos tienen plomo”, dijo Nicole Troya, directora de Asuntos Regulatorios y Normativos del gremio. Por desconocimiento o ignorancia, esas palabras cayeron con sorpresa entre los presentes. A lo que aclaró: “Todos lo tienen, lo que sucede es que hay niveles tolerables que están regulados, pero todos los alimentos lo tienen, por la contaminación ambiental”.
En esa dirección, Wahli exhortó a que el Gobierno, el actual y los que vengan, pongan como prioridad a rescatar e impulsar el trabajo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), para evitar situaciones como las que se vive, que se ha llegado al punto de que sea la FDA (The Food and Drugs Administration) de EE.UU. la que detecte casos de alto contenido de plomo en productos provenientes de Ecuador y no la propia Arcsa. “Han pasado 11 directores por la Agencia en 10 años y cada uno llega con su staff, no hay estabilidad. De los USD 24 millones que recauda, USD 12 millones van a la caja fiscal. Faltan recursos para una Agencia importantísima porque es la que vigila que todo lo que se consume esté en perfecto estado”.
Troya añadió que es necesario apalancarse con la Academia, que cuenta con laboratorios que pueden suplir las deficiencias técnicas y operativas de la Arcsa. “No se trata tanto de actualizar normativas, sino que se haga el trabajo en campo”. A ello se sumó Wilson Araque, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien exhortó al Gobierno a que “no arme solo a policías y militares, sino que ‘arme’ a la Arcsa” y que “articule una red entre las universidades acreditadas para crear el laboratorio ma2s grande del país. No se trata solo de la cantidad de alimentos, sino de la calidad”.
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