Alfonso Gómez: "La sostenibilidad de las telecomunicaciones está en riesgo"

El sector de las telecomunicaciones atraviesa por un momento complejo en Hispanoamérica. Los actores que participamos en esta industria enfrentamos diversos retos para garantizar nuestra sostenibilidad financiera y continuar desplegando las redes fijas de fibra óptica al hogar (FTTH) y las redes móviles 5G que la región requiere para mantener su competitividad y aspirar a convertirse en un actor relevante de la creciente economía digital global.

En Chile, probablemente el mercado de telecomunicaciones más avanzado de Hispanoamérica, existe ya un amplio consenso sobre la difícil situación financiera del sector y no es un secreto que más de un operador confronta importantes desafíos existenciales. No parece extraño, en este contexto, que haya sido el propio regulador sectorial (Subtel) quien haya reconocido la necesidad de revisar un marco regulatorio que “tiende a asfixiar a la industria”1. No se trata de una situación excepcional la del mercado chileno. En Colombia, a lo largo del año 2023, las autoridades gubernamentales han entendido la necesidad de ajustar el precio del espectro a las exigentes condiciones del mercado actual como medida imprescindible para sostener la inversión y la competencia. Con el mismo propósito, Telefónica y Tigo acordamos en este país integrar nuestras redes móviles y constituir la primera red compartida móvil de Latinoamérica, apuntando a que la compartición incremente nuestra eficiencia. Estas decisiones han mejorado el panorama en Colombia, pero los desafíos de sostenibilidad subsisten en toda Latinoamérica: en México, en Panamá, en Perú, es posible identificar situaciones semejantes.

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No se trata de un problema que deba preocupar únicamente a los operadores de telecomunicaciones o a sus accionistas. La pandemia puso de manifiesto la importancia del acceso a internet: en las zonas rurales, donde la conectividad escaseaba y se hizo imposible proveer educación remota, los niños y jóvenes tuvieron que asumir costos que tomará muchos años y esfuerzo recuperar. Lo mismo ocurrió con la actividad económica, el trabajo a distancia o la salud en las zonas con déficit de cobertura. Invertir en la expansión y el mejoramiento de las infraestructuras de telecomunicaciones es probablemente la mejor estrategia que pueden seguir nuestros países para acelerar la reducción de las desigualdades sociales e incrementar la productividad de nuestras economías.

Según recoge el Informe sobre la Sociedad Digital en América Latina 2023, elaborado por Fundación Telefónica Movistar2, un aumento del 1% en el índice de digitalización en un país se traduce en un crecimiento económico del 0.3% del PIB. A nivel del tejido productivo, el Sondeo de Adopción Digital de Movistar Empresas identifica que el 90% de las Pymes en Hispanoamérica consideran relevante su digitalización. Pero si los beneficios sociales y económicos de la conectividad digital son tan evidentes, ¿cómo podemos enfrentar los desafíos del momento actual, de modo que las inversiones continúen fluyendo al sector?

En primer lugar, los operadores de telecomunicaciones tenemos que reinventar nuestros modelos de negocio para recuperar la rentabilidad que demandan los mercados de capitales. Se trata de un desafío de proporciones si se tiene en cuenta, como destaca la consultora NERA, que mientras el tráfico que cursan nuestras redes sigue aumentando a doble dígito anualmente, los ingresos de la industria latinoamericana descendieron un 38% entre 2012 y 2022. Desde que en 2019 comunicamos al mercado nuestra intención de revisar la forma en que atendemos al mercado hispanoamericano, en Telefónica hemos apostado crecientemente por el desarrollo de alianzas, maximizando la compartición de las infraestructuras fijas y móviles, haciendo un uso más eficiente del espectro y, lo que es más importante, acelerando el despliegue de redes fijas y móviles de nueva generación. Gracias a este esfuerzo, hemos sido actores esenciales para el incremento de la penetración del FTTH en Chile, Colombia, Argentina y Perú, pero también para el desarrollo sostenible de redes 5G en México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.

En segundo lugar, es imprescindible que este esfuerzo de transformación industrial sea promovido y acompañado por las autoridades de gobierno y por los reguladores sectoriales. La visión con que los hacedores de políticas en Chile y Colombia han reconocido la necesidad de revisar sus marcos regulatorios debe venir acompañada de programas concretos de reformas que alineen las expectativas recaudatorias de los Estados (en especial, en lo relativo al espectro y los tributos sectoriales) con la capacidad contributiva real de los operadores, racionalicen las exigencias regulatorias sobre nuestra actividad operativa, transformen las normas de portabilidad para evitar favorecer a los incumplidores, faciliten la compartición de infraestructuras para capturar eficiencias y habiliten medidas para generar operadores más fuertes y capaces de asumir las inversiones que exigen las nuevas redes.

Estoy convencido de que el camino de reforma que han decidido acometer Chile y Colombia inspirará movimientos semejantes en el resto de países de la región y ya parece haberlo empezado a hacer. En Argentina, por ejemplo, el gobierno nacional derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690, que habilitaba la regulación de precios en el mercado móvil, y ha anunciado su intención de llevar adelante un amplio programa de desregulación. El cambio regulatorio es no sólo imprescindible, sino que es inevitable. El retraso en la adopción de decisiones sólo profundizará una situación que es ya de por sí retadora y exacerbará las brechas digitales.

Hispanoamérica merece estar mejor conectada. Requiere mercados saludables y operadores capaces de invertir, comprometidos a largo plazo con la inclusión digital. Con agentes dispuestos a reinventar sus modelos de negocio y gobiernos sensibles a la urgencia del cambio regulatorio, podemos transformar radicalmente la realidad que enfrentamos. No nos olvidemos de nuestros ciudadanos, en especial de aquellos que todavía no pueden conectarse a internet: ellos requieren de redes que sólo podrán ser construidas por empresas con capacidad financiera y operativa para cubrir los inmensos territorios en los que operamos y ofrecer la mejor experiencia de servicio (P). 

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