Anchundia es el nuevo blanco de 45 legisladores
Asambleístas de seis bancadas deciden apoyar la solicitud de juicio político en contra del superintendente de Compañías
Víctor Anchundia podría tener los días contados en la Superintendencia de Compañías. La gestión de control que ha venido ejecutando en los últimos años en el mercado bursátil entró al escrutinio de la Asamblea Nacional, luego de que 45 legisladores decidieran apoyar el pedido de Ricardo Vanegas (Pachakutik) de iniciar un juicio político en contra del funcionario.
La solicitud fue entregada ayer en la Secretaría General del Legislativo. La petición, dijo Vanegas, incluye 100 documentos anexos conformados por unas 2.000 páginas que exponen contratos, estados financieros, transacciones, depósitos. Todo vinculado a las operaciones que Delcorp y Ecuagran realizaron como parte de un aparente entramado para falsear información en el proceso de emisión de títulos en el mercado bursátil que hoy tienen al seguro policial (Isspol) y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) como sus principales perjudicados.
Como asambleístas nos compete enjuiciar, y si hay méritos, destituir. Pero ahí no se agota todo, si hay pruebas la justicia ordinaria debe actuar.
Para el asambleísta, una de las cosas más graves que se ha encontrado “es la emisión de documentos (facturas) que no tenían sustento económico, pero que fueron negociados en las casas de valores y bolsa de Guayaquil. Algo que no se controló”. El legislador recuerda que ambas empresas venían arrastrando problemas financieros y que en abril de 2019, solo una de ellas (Ecuagran), fue intervenida por la Superintendencia, un proceso que fue levantado seis meses después para que ambas empresas puedan seguir emitiendo. “El superintendente incumple lo que dice la Ley de Mercado de Valores, el Código Monetario, respecto al control minucioso que debe ejercer y que no lo hizo”.
Sobre dicha intervención ayer se conocieron más detalles que dejan en entredicho las labores de inspección que debió cumplir el superintendente. José Ibáñez Santos, liquidador de Ecuagran y Delcorp, se preguntó vía Twitter, por qué el ente decidió levantar dicho proceso, aun cuando en un informe (expuesto en un correo electrónico con fecha del 2019), Viviana Vásquez, la entonces interventora, recomendó no hacerlo. “Esta es otra prueba de la corrupción de la Supercía”, dijo.
Hemos visto que existen elementos que ameritan ser sujetas a fiscalización por la inobservancia de sus funciones y negocios irregulares.
Vía boletines, la entidad, que ha negado entrevistas a EXPRESO, ha citado el control posterior que ha venido realizando, luego de que desde agosto del año pasado el mercado bursátil empezara a conocer los impagos. Ocho denuncias, dice, han sido presentadas en la Fiscalía Provincial del Guayas. No obstante, no ha rendido cuenta de las acciones de prevención que debió realizar para evitar estas irregularidades que hoy, junto a la fallida colocación de bonos, afectan al portafolio de inversiones del Isspol en casi $ 900 millones.
Una vez entregada la solicitud a la Secretaría, esta deberá enviar el pedido al CAL (Consejo de Administración Legislativa) para que sea revisado técnicamente para, posteriormente, ser remitido a la Comisión de Fiscalización. Ya en el pleno, Vanegas señala que se necesitarán 70 votos que, de obtenerlos, derivaría en la destitución y censura (no podrá ejercer cargos públicos por dos años) de Anchundia.
No obstante, no se trata de la única iniciativa que se encamina al respecto. Luis Almeida, del PSC, prevé hasta este jueves presentar una solicitud parecida. Hasta ayer tenía 12 firmas de respaldo para el juicio.
Él tiene los mismos argumentos pero, dice, que en su caso se incluirán pruebas de cómo en el ente de control llegó a existir una dirección paralela, en la que Anchundia y otros funcionarios habrían actuado con irregularidad.
De las 45 firmas de apoyo, 21 corresponden a legisladores de Pachakutik; 11 son de asambleístas independientes; 8 de Izquierda Democrática; 3 de CREO; 1 del Partido Social Cristiano (PSC) y 1 de UNES.
No solo el superintendente tomaba decisiones... había otra dirección paralela que tomaba decisiones colaterales que generaron perjuicios.
Geraldine Weber, asambleísta del PSC, menciona que decidió aceptar esta solicitud de juicio luego de revisar elementos que ameritan que sean sujetos a fiscalización. “Hay indicios de que esta entidad fue presuntamente indolente en su obligación de controlar la emisión de bonos nacionales y extranjeros contra compañías incompetentes para dicho efecto. Las operaciones bursátiles no tuvieron transparencia”.
La idea de esto, agregó, es sentar un precedente para demostrar que como Asamblea “estamos atentos a todas la actuaciones del poder público que puedan estar en desapego con la ley”.
Igual sentido tiene el respaldo que dio el asambleísta Francisco Jiménez de CREO, quien recordó la misión que tienen los legisladores de fiscalizar. A su cargo está el control político de las autoridades y, en ese sentido, dice, lo que se ha visto es que el Superintendente ha hecho suficientes méritos para ganar ese control. De comprobarse las irregularidades, añade, se lo podrá destituir y censurar, pero aclara que la justicia ordinaria también deberá actuar.
