Argentina culminó su primera cosecha de cáñamo industrial en más de 50 años
El proceso se cumplió gracias a un marco regulatorio
Argentina culminó su primera cosecha de cáñamo industrial en más de 50 años, gracias a la aprobación de un nuevo marco regulatorio que permitía el cultivo de esta especie, informaron este sábado fuentes oficiales. La empresa argentina Industrial Hemp Solutions (IHS) fue la encargada de concretar esta cosecha, mediante la importación de semillas de "cáñamo de vanguardia" procedentes de diferentes partes del mundo, según un comunicado de la Secretaría de Agricultura y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
"Argentina no cuenta con un banco de germoplasma propio para el cultivo del cáñamo, es por esto que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) autorizó que IHS ingresara los materiales para realizar sus respectivas validaciones en diferentes latitudes del país", explicó el texto.
Distribuida en las localidades bonaerenses de Ferré, Chacabuco y Balcarce, esta primera cosecha fue posible a partir de un convenio firmado entre IHS y la Universidad de Buenos Aires en septiembre pasado, cuyo propósito era evaluar diferentes variedades de cáñamo y comprobar cuáles se adaptaban mejor a los distintos climas. "Tenemos el objetivo de lograr el crecimiento de los cultivos de cáñamo para todos sus usos legales con el aporte y la innovación de nuestros organismos descentralizados y de las universidades argentinas", aseguró el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en declaraciones recogidas por el comunicado.
El cáñamo, una variedad de la planta del cannabis, puede ser utilizado en la industria indumentaria por sus fibras de gran resistencia, así como en la construcción de viviendas de bajo impacto ecológico y en la fabricación de papel por su alto contenido de celulosa, entre otros usos.
El Gobierno argentino promulgó el año pasado una ley que autorizaba a productores y comercializadores privados a iniciar estrategias que garantizasen la seguridad, calidad, fiscalización y trazabilidad de la cadena productiva del cannabis, algo que desde 2017 estaba reservado para el Estado.
