La Asamblea puede ahuyentar aún más la inversión extranjera

Una propuesta que preocupa al sector productivo. El proyecto de Ley para el Cumplimiento de la Voluntad Popular Expresada en la Consulta Popular y Referéndum, del 21 de abril de 2024, puede agregar más inseguridad jurídica en el país, lo que se puede traducir en menor inversión privada.

La propuesta fue planteada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana Ricardo Ulcuango y ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que designó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su tratamiento.

El proyecto busca modificar siete leyes vigentes y pone “más candados” al arbitraje internacional, según expertos consultados por EXPRESO.

Entre los polémicos artículos están la aplicación a los contratos de inversión en proyectos de alianzas público-privadas (APP), las mismas restricciones establecidas en el artículo 422 de la Constitución para tratados o instrumentos internacionales. De esta manera, se busca prohibir la celebración de arbitrajes internacionales. Adicionalmente, se busca implementar obstáculos para el pago de indemnizaciones que el Gobierno en funciones deba asumir en caso de perder demandas.

“No se podrá destinar, en el Presupuesto General del Estado, recursos para el pago de laudos emitidos contra el Estado ecuatoriano en procedimientos de arbitraje internacional, mientras estos no hayan sido reconocidos por juez competente, de conformidad con el procedimiento de reconocimiento de laudos previsto en el Código Orgánico General de Procesos”, señala la propuesta legal.

“Es una estocada muy fuerte porque a nivel privado como a nivel público cuando tomas recursos del extranjero estás sujeto a la resolución de conflictos (...) Hasta fundaciones que traen fondos están viendo que los limitas”, aseguró Rodrigo Quezada, experto en alianzas público-privadas e inversiones.

El experto aseguró que el capital extranjero busca saber dónde se resuelven posibles impasses. “Que el inversionista acepte que se resuelva localmente es menos que probable”, añadió Quezada.

La llegada de inversión extranjera ha estado alicaída en los últimos años. En el primer trimestre de 2024 se atrajeron 78,3 millones de dólares, 157 %más frente a 2023, pero aún por debajo del promedio cercano a los 100 millones trimestrales de años anteriores.

El proyecto de ley es una manera de “blindar” al país de inversión extranjera, aseguró Christian Idrovo, analista económico. Para el experto, es una manera de presión política por parte del Legislativo al presidente Daniel Noboa.

"Lo que están buscando es malinterpretar de la consulta porque ahí se preguntó si se quería eliminarla restricción al arbitraje internacional y los ciudadanos dijeron no (...) Y la Asamblea malinterpreta y dice que los ciudadanos quieren que se amplié la restricción", aseguró el analista económico Alberto Acosta Burneo.      

Para el especialista, la situación complica aún más la posibilidad de atraer capitales al país. "Ya de por sí la inversión en el país es muy riesgosa, por el irrespeto a los contratos", añadió.   

Otros datos

• La propuesta: El proyecto de ley tiene, en sus 21 páginas, nueve artículos, dos disposiciones transitorias, una general y una final. “El proyecto de ley que presentamos tiene como objetivo no solo proteger nuestra economía, sino también reafirmar nuestra soberanía”, señala la asambleísta Esther Cuesta.
• El costo: Los arbitrajes internacionales han costado a Ecuador cerca de 4.000 millones de dólares en indemnizaciones, dicen los legisladores de RC. “Este es dinero que podría haber sido utilizado para construir hospitales, mejorar nuestras escuelas, y fortalecer la seguridad de nuestros ciudadanos”, argumentan.
• La consulta: En la consulta popular y referéndum de abril de 2024, se impuso el no a dar paso a los laudos arbitrales en el país, como lo establece actualmente la Constitución. La norma ha sido cuestionada porque es uno de los factores para que la inversión extranjera no llegue al país y se genere más empleo.