La Asamblea devuelve por segunda ocasión el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización
La propuesta que busca dar mayor independencia al Banco Central incumple con la Constitución, según el Consejo de Administración Legislativa.
La mañana de este 1 de marzo de 2021, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional devolvió, por segunda ocasión, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE).
Moreno envía nuevamente el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea
Leer másLa asambleísta por CREO Rina Campain, vocal del CAL, confirmó a EXPRESO la devolución de la iniciativa al Ejecutivo debido a varias inconstitucionalidades. “El proyecto no está respetando la Constitución y deberían acomodar, reformar lo que van a mandar nuevamente” dijo la asambleísta.
La noche del 23 de febrero, el Ejecutivo envió, por segunda ocasión, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea.
El pasado 10 de febrero, el CAL, con siete votos a favor, decidió no calificar y devolver al Ejecutivo el proyecto de ley. Según legisladores, el motivo de la devolución del documento, en esa ocasión, fue errores de redacción.
La propuesta legal se enmarca en el acuerdo suscrito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permite acceder a financiamiento por un total de $ 6.500 millones, de los cuales $ 4.000 llegaron hasta diciembre del año pasado. De la propuesta legal depende el desembolso de $ 400 millones programados para abril de este año.
Según la iniciativa, las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera, elaborar la programación macroeconómica, entre otras.
Además, con esta Ley se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar y transparentar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el BCE. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Será un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera. La reforma legal busca implementar mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional.
