Los atrasos financian más al Gobierno que la deuda externa
En 2023 el país recibió $2.288 millones por préstamos externos. Mientras que los pagos pendientes suman $3.623 millones
Desde octubre de 2023, al ingeniero Jaime, que pidió la reserva de su apellido, le adeudan cerca de 50.000 dólares por una obra que realizó para la Policía en la provincia de Carchi. “He solicitado la factura pero ya para el visto bueno del Ministerio de Finanzas eso no se ha concretado”, aseguró el contratista.
La situación, señaló el constructor, le ha obligado a pedir préstamos para pagar sus compromisos que mantiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, también está atrasado en pagos con distribuidores de materiales de construcción.
Esa es la situación de un sinnúmero de proveedores del Estado, prefecturas, municipios... En 2023, se han convertido en financistas importantes del Gobierno ante la falta de recursos.
Al cierre de 2023, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los atrasos llegaron a 3.623 millones de dólares, cifra superior en 2.000 millones al valor de 2022.
De hecho, el monto de atrasos es superior a los desembolsos que recibió el Gobierno en 2023 por deuda externa:2.288 millones de dólares, de acuerdo a cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE).
El mismo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha reconocido el problema. “Por primera vez les convertimos, a la fuerza, en financistas a los proveedores del Gobierno y a los GAD (gobiernos autónomos descentralizados). No se gestionó alternativas de deuda externa” en el anterior Gobierno”, dijo el titular de la cartera de Estado el viernes pasado, en una entrevista en el programa radial Democracia.
Los atrasos son una manera “poco ortodoxa” de financiarse del Gobierno, que implica “patear el problema” pero no solucionarlo porque algún momento tendrá que pagarlo, aseguró el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.
Lo que es muy real es que no hay fuentes de financiamiento (...) Hoy no hay fuentes fácil de identificar, ni en el mercado interno, ni en el mercado internacional.
Esos 2.288 millones de dólares que llegaron al país el año pasado representan la cifra más baja en recursos recibidos por financiamiento foráneo, al menos, desde 2016, según los registros del Banco Central.
El menor flujo de deuda externa es uno de los factores para que las reservas internacionales del Banco Central hayan caído de 8.459 millones de dólares en diciembre 2022 a 4.454 millones en diciembre en 2023, es decir, un desplome del 48 % en un año.
En 2023, Ecuador dejó de recibir transferencias por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI)tras el fin del acuerdo que concluyó a fines de 2022. Además, la inestabilidad política y la agudización del problema fiscal, es decir, la escasez de recursos públicos, han elevado el riesgo país de Ecuador por sobre los 2.000 puntos en los últimos meses, lo cual ha cerrado completamente la puerta de financiamiento internacional para el país.
Cuando el Gobierno no tiene recursos opta por un mecanismo poco ortodoxo que es financiarse con atrasos. Deja de pagar y patea el problema para adelante, pero no lo soluciona.
El riesgo país es un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de una nación y es calculado por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co. Mientras más se incrementa, más suben las tasas de interés para acceder a crédito internacional, tanto para el sector público como para el privado.
Ese es el principal factor para que a Ecuador se le haya ‘cerrado la llave del crédito’. No puede emitir bonos de deuda externa y depende únicamente de recursos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, por ahora, se ha dejado de tocar la puerta de China. En ese contexto, el Gobierno del presidente Daniel Noboa se ha visto obligado a recurrir a deuda interna y dejar de pagar a proveedores y entidades públicas.
Para Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Américas (UDLA), los atrasos complican al sector privado porque se rompe la cadena de pagos y complica a las empresas. “La baja liquidez del Gobierno ha hecho que la víctima en esta ocasión sea el sector privado y eso tiene efectos en la actividad económica porque afecta la liquidez de las compañías que no consiguen cobrar”.
Les convertimos, a la fuerza, en financistas a los proveedores del Gobierno y a los GAD. No se gestionó alternativas de deuda externa (en el gobierno anterior).
Ahora, señaló Mosquera, la pregunta es de dónde conseguirá financiamiento el Gobierno para 2024. La administración de Noboa, dijo el analista económico, ha buscado mostrar en las últimas semanas un programa económico “más agresivo” que implica recorte de gastos por 1.000 millones de dólares en este año para dar confianza a los organismos multilaterales.
“Lo que determinará lo que ocurra en 2024 es ese acceso a financiamiento (...)Si no cuenta con financiamiento tiene dos opciones: o reduce el gasto o busca generar más atrasos”, explicó Mosquera.
El ministro Vega aseguró que buscan acercarse al FMI para conseguir más financiamiento y abrir la puerta de otros organismos multilaterales en este 2024. También, señaló el titular de Economía y Finanzas, se analizan opciones de crédito con el respaldo de petróleo.
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