Camaroneras migran al diésel pesquero para gozar de subsidio

La eliminación de subsidios a los combustibles, aplicada por el Gobierno del presidente Lasso, está muy lejos de generar el efecto deseado. Esta política que, con ímpetu arrancó    a finales del año pasado con el sector camaronero con el afán de ir aliviando un histórico gasto para el Estado (de más de $ 3.000 millones por año), quedó a medias y dejó algunas   grietas que, junto a la falta de control, ha provocado que ciertos acuicultores migren a otros sectores de consumo para seguir aprovechándose de la ayuda.

Es la conclusión a la que llega la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) tras revisar el historial de cifras de Petroecuador que detallan el comportamiento que ha venido teniendo el consumo de diésel subsidiado, el combustible cuyo uso fue restringido desde diciembre pasado a las camaroneras que tenían más de 30 hectáreas productivas, el 82% de las hectáreas del sector acuícola.

Según las cifras de la estatal,  de enero a mayo de este año el sector pesquero (excluyendo al atún) llegó a consumir 26,4 millones de galones, versus los 22 millones que    demandó      durante todo el    2021; es decir, en cinco meses llegó a adquirir más de lo que normalmente emplea para todo un año.  El repunte de estas cifras, según los expertos, refleja una migración de la demanda hacia este sector que aún   goza del subsidio.

Esta mayor demanda provendría de fincas camaroneras que, habiendo perdido el incentivo, han buscado argucias para seguir beneficiándose de esta ayuda estatal. Así lo cree José Antonio Camposano, presidente de la CNA, quien aclara que este efecto se veía venir con una política de retiro ineficiente y que se aplicó sin los debidos controles en la distribución. Esta migración, dice, también se refleja con ver el menor consumo que ha tenido el diésel camaronero, en una industria que año a año viene incrementando su producción. “En el caso de camarón vamos 45 millones de galones consumidos,  pero son 10 millones menos que todo el año 2021...Claramente estamos viendo una migración. Hay actores inescrupulosos que se están aprovechando de esto y como Cámara los denunciamos porque no es lo correcto”, dijo el dirigente que ha presentado quejas sobre este tema, tanto en el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Producción. Lo que espera es que se revise lo que está sucediendo, pues el aumento del consumo del diésel subsidiado también se registra en el sector automotriz, un nicho donde no se crean empleos.

El pasado 12 de junio, EXPRESO solicitó a Petroecuador una entrevista para analizar lo denunciado, y a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para conocer sobre las irregularidades detectadas en la distribución del combustible, pero hasta este 13 de junio de 2023 no hubo una respuesta.

El tema preocupa, dice Camposano, porque “esto está generando una competencia desleal entre los actores formales de nuestra cadena y quienes han decidido irse por el lado de consumir combustible subsidiado cuando ya la ley no lo permite”.

Esta norma, reflexiona, lejos de motivar el inicio de la eliminación de subsidios ha terminado por castigar a una industria formal que genera trabajo y que hoy, a través de la exportación, es la fuente principal de divisas que tiene el país. “¿Cuál es el efecto en las finanzas públicas? Ninguno porque no existe un sistema de control”, dijo.

Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, discrepa. Él estima que hasta mayo la focalización del subsidio a la industria camaronera habría generado ahorros por más de $ 50 millones. Eso aún estaría lejos de los $ 200 millones proyectados, pero explica que la cantidad baja, a medida que el precio del petróleo y sus derivados disminuyen. “Recordemos que el precio del petróleo ha pasado de $100 a menos de $70 en el último año”.

No obstante, desde la CNA no entienden por qué las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) reflejan mayores gastos de subsidios por parte del Estado, especialmente los destinados al diésel que, de enero a marzo, pasaron de $ 286 millones a $384 millones, un 34 % más.

Respecto al desvío de combustible subsidiado, Arosemena reconoció el problema y dijo estar coordinando con el Ministerio de Energía medidas “para reducir el desvío de combustible, el cual es un problema histórico”. 

Sin embargo, hay quienes creen que el Gobierno, con el tiempo que le resta, ya poco puede hacer para corregirlo. José Alvear, analista económico, lamenta que el presidente Lasso haya perdido una oportunidad para acabar con los subsidios. “La gran falla fue segmentar el retiro. Esa solución que se aplicó es como el mismo Gobierno que se está yendo: tibia, no sirve absolutamente para nada. Lo que se debió aplicar es una eliminación general. ¿Hasta cuándo se da subsidio a los sectores más boyantes del país”, sostuvo.

Lo que ahora le toca a las autoridades, dice, es controlar más el subsidio para evitar que este además no se esté vendiendo en altamar o en la frontera, bajo la vía de contrabando. El próximo Gobierno que llegue, agrega, debería corregir esta política de eliminación, pero esta debería venir acompañada con la oferta de otras energías alternativas como el gas.    “El gas cuesta la mitad de precio que el galón de diésel sin subsidio, es energía limpia y con este se desgastan menos las maquinarias. Hay un montón de    beneficios. A pesar de que tenemos reservas en el golfo, no se lo ha tomado en cuenta porque hay intereses creados”.

• Electrificación. La CAF, por definir crédito

Hasta este viernes está previsto que el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se reúna de manera extraodinaria    para aprobar el proyecto de electrificación del sector camaronero. El plan incluye el acceso a un crédito de $200 millones que el organismo autorizó para Ecuador en el 2019, pero que no ha podido ejecutarse por diversas trabas burocráticas en estos últimos gobiernos.

El plan permitiría la electrificación de al menos 55.000 hectáreas en Manabí, Guayas, El Oro y Esmeraldas, de las más de 220.000 hectáreas que existen en el    país. Una alternativa que permitirá al sector emplear menos diésel.    José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), dijo que la expectativa es que, aprobado esto, el Ministerio de Finanzas finalmente acelere el proceso dando su visto bueno, en torno a la garantía soberana que se requiere. De los $ 200 millones que se esperan, $ 60 millones son contraparte del Gobierno.