Campo Sacha: En alto riesgo de terminar en problemas legales

Si el consorcio Sinopetrol no transfiere 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano, por concepto de adelanto por la concesión del campo Sacha, hasta las 21:00 de hoy, martes 11 de marzo de 2025, el polémico proceso llega a su fin.

(Le invitamos a leer también: El plazo para el pago por Sacha vence mañana, 11 de marzo de 2025)

Y todo apunta a que así será. Desde el consorcio conformado por las petroleras Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A. han señalado que reunir ese dinero en menos de una semana es una tarea difícil. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el ultimátum el pasado miércoles 5 de marzo.

“El día de mañana informaremos al Estado hasta donde hemos podido llegar”, señaló este 10 de marzo de 2025 Ramiro Páez, gerente de Petrolia en Ecuador, en entrevista con Teleamazonas.

Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), anunció en su más reciente comunicado, emitido el 3 de marzo de 2025, que del total de 1.500 millones de dólares a pagar, NSE debe cubrir 600 millones, mientras que los 900 millones restantes corresponden a Amodaimi, subsidiaria de la china Sinopec.

Como informó EXPRESO, NSE busca obtener los fondos a través de varias operaciones financieras, de las cuales al menos una estaba prevista para concluir a finales de marzo. En cuanto a la parte que debe cubrir Amodaimi, no se ha proporcionado información. Páez ha señalado que, aunque la empresa cuenta con el respaldo financiero de Sinopec, la transferencia de los fondos resulta complicada debido a que, al ser una empresa estatal china, está sujeta a complejos procesos burocráticos.

Uno de los argumentos del consorcio es que el contrato firmado por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) estipula que el plazo para suscribir el contrato luego de la licitación es 30 días hábiles. Como el contrato se anunció el 3 de marzo, los 30 días hábiles se cumplirían el 16 de abril (considerando el feriado de Carnaval),    tres días después de la segunda vuelta electoral.

En ese contexto, el Estado enfrenta posibles complicaciones legales: por un lado, el incumplimiento de los plazos establecidos en la negociación y, por otro, la eventual anulación del contrato si la candidata correísta Luisa González llega al poder.

“Lo que mal comienza, mal termina (...) En Ecuador, ya sabe que cuando se trata de licitaciones, a menudo terminamos con problemas. En otras ocasiones, concesiones similares han fracasado”, señaló Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador. “Desde mi perspectiva, no van a cumplir con los 1.500 millones. No porque no quieran, sino porque son los bancos los que realmente manejan los fondos, no las petroleras. Y saben que desembolsar esa cantidad puede traerles problemas”, agregó.

“No creo que haya una ilegalidad como tal, pero los mensajes que se están enviando en materia de inversiones dejan al país en una mala posición (...) Si mañana no se cumple el pago por el cambio de plazo del presidente, se está transmitiendo un mensaje contradictorio respecto a lo que inicialmente se acordó con la empresa. Los mercados interpretan estos cambios como inestabilidad”, dijo Rodrigo Quezada, experto en alianzas público-privadas. 

¿Un contrato condicionado?

Según la firma HFI Research, especialista en inversiones en el sector petrolero, una de las alternativas es que nuevamente se extienda el plazo de pago por un mes, como estaba acordado, es decir, el 16 de abril.

Si gana Noboa se suscribe el contrato y si no, no se firma, según información de HFI Research, publicada en su cuenta de X.

En caso de que Noboa pierda, NSE continuará su demanda anterior de los bloques 16 y 67, señaló la firma.

La firma ha planteado un arbitraje y solicita 260 millones de dólares por daños, por supuesto incumplimiento del contrato.

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