Campo Sacha, ‘la joya petrolera’ en disputa por más de 16 años
Un nuevo consorcio busca operar el bloque por 20 años. El proceso ha sido señalado como “opaco”
No es la primera vez que está en el centro de disputas. El campo petrolero Sacha, que ha sido calificado como ‘la joya de la corona’ petrolera del país, debido a su aporte a la producción de crudo nacional (casi el 16 % de la producción actual) nuevamente está en disputa.
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La intención del Gobierno de Daniel Noboa de entregar el campo petrolero con mayor producción a un consorcio ha puesto en disputa a trabajadores del sector y a asambleístas. No obstante, no es un problema nuevo. Desde el gobierno del expresidente Rafael Correa se ha buscado entregar el campo a otras manos para su manejo y conseguir liquidez para el gasto público. Por ejemplo, entre 2009 y 2016 estuvo en manos del consorcio Río Napo, conformado por la venezolana PDVSA y la desaparecida Petroamazonas. El convenio se rompió debido a incumplimiento de la petrolera venezolana en las inversiones. El mismo Correa buscó entregar al campo a una empresa china en 2016. Otros gobiernos, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, también han intentado concesionarlo, pero no han tenido éxito.
Un nuevo intento
La controversia actual inició en diciembre de 2024. En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas emitió un Acuerdo Ministerial que declara la excepcionalidad en la delegación del Bloque 60, conocido como Campo Sacha, para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Según el documento, esta decisión “se sustenta en el interés del Estado ecuatoriano y establece que dicha delegación podrá realizarse a empresas estatales o subsidiarias de países que forman parte de la comunidad internacional”. Los detractores del proceso señalan que es una entrega “a dedo” del campo petrolero, al no haber otros concursantes.
El consorcio, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador S.A. (subsidiaria de New Stratus Energy Inc. de Canadá), presentó al Gobierno ecuatoriano una propuesta de hacerse cargo del campo por 20 años con una inversión total de 3.500 millones de dólares durante ese período. Además, las empresas entregaran como anticipo 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Por ahora, suscribir un acuerdo con el consorcio está en el limbo. Ayer, la ministra de Energía, Inés Manzano, mencionó que el plan sigue en análisis. En días pasados se había mencionado que se requiere el
La propuesta ha causado resistencia en el correísmo. El mismo expresidente Rafael Correa mencionó en su cuenta de X: “La concesión de Sacha es un saqueo a la República. Si gana la RC (Revolución Ciudadana), aténganse a las consecuencias judiciales”.
Trabajadores del sector petrolero también han mencionado su descontento. La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (Antep) señalaron ayer, en un comunicado, que ni el Gobierno ecuatoriano ni el Gobierno chino han esclarecido detalles sobre la participación de Sinopec en esta transacción.
“Lo más conveniente es que pase al sector privado. Veo que algunas personas que se oponen parecen más preocupadas por evitar que un privado obtenga la concesión que por el hecho de que el campo sea maltratado y no aporte lo suficiente. Ahora bien, el mecanismo que se está usando no es claro. Esta “propuesta no solicitada” —o como se llame— no sé de dónde proviene, cómo se formó, cómo la validaron ni cómo la contrastaron con otras alternativas. Tampoco entiendo por qué no se hizo una licitación pública para escoger la mejor opción”, aseguró Jorge Luis Hidalgo, consultor en temas energéticos.
Para el experto en derecho petrolero Luis Calero, más allá de la opacidad del proceso, la actual intención de entregar Sacha tiene problemas constitucionales. “El problema de fondo es que lo que piden es un contrato de participación. Parecería que el Ministerio de Energía está de acuerdo con esa figura, pues emitió el Acuerdo Ministerial 040 en diciembre de 2024 para viabilizarla. Sin embargo, hay que señalar con total claridad que, desde enero de 2023, están vigentes algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos —entre ellos el artículo 2, que contiene las modalidades contractuales— y la Corte Constitucional declaró inconstitucionales varias reformas a esa ley”, dijo Calero.
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