Los cañicultores migran de lo dulce a lo picante

Hace tres años, ante las pérdidas económicas que registran por el bajo precio de la tonelada de caña de azúcar, 40 cañicultores que pertenecen a la Asociación de Trabajadores Autónomos, en Marcelino Maridueña (Guayas), decidieron migrar a otro tipo de cultivos. Empezaron probando con el maíz, pitahaya, yuca, fréjol y ahora el blanco se ha puesto en el ají tabasco.

Este último producto ha reemplazado 20 hectáreas de terreno en las que, hasta el año pasado, había caña de azúcar. Está sembrado sobre terrenos de la asociación, en un sector conocido como Palo de Balza, a 10 kilómetros de la cabecera cantonal de Marcelino Maridueña, donde ahora reinan sembríos que no superan el medio metro de altura. Alrededor de 150 personas trabajan en el lugar, 90 % de ellas son mujeres como Blanca Rodríguez, de 32 años.

Ella cuenta que haciendo uso de la hectárea y media que tiene, hace diez años entró al mundo de la caña, por ser un cultivo estable y con buenos niveles de rentabilidad, una promesa que con el tiempo se ha venido desvaneciendo y que ha sido un motivo para migrar al ají. El congelamiento de precios que hace siete años vienen soportando los cañicultores ($31 por tonelada), dice, ya no cubre los costos de producción, por lo que seguir cultivando caña es seguir acumulando pérdidas.

Frente a ese panorama, Blanca y su compañero Dalton Mindiola, quien también posee una hectárea y media de cultivo, decidieron aprovechar la oportunidad que les dio una empresa de Estados Unidos de comprarles el ají tabasco que producen.

Martín Ávila, representante legal de la Asociación de Trabajadores Autónomos y coordinador de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador, señala que esta migración se veía venir en un sector golpeado por la crisis de precios. Durante años no han podido llegar a un acuerdo con los ingenios respecto al valor de la tonelada de la caña de azúcar y, por ello, han tenido que buscar otras alternativas. La producción del ají tabasco es una opción oportuna, dice, porque son cultivos con resultados que se ven en un año; es decir, a corto plazo. “Aquí ganamos mitad por mitad. Sacamos 25 mil kilos de ají por hectárea y todo eso se va a Estados Unidos”, indicó, agregando que el objetivo de la asociación es industrializarse a fin de ya no enviar el ají tabasco en barril, sino hecho pasta.

Optar por abandonar la caña es una práctica que ha venido tomando fuerza en los últimos años, debido al fuerte incremento de los insumos y el costo del diésel, dice Alberto López, presidente de la Asociación de productores de caña de azúcar de Milagro. “Es una migración que se ha dado de forma forzada. Solo el año pasado 1.500 hectáreas, que están entre la zona de Tres Postes y Milagro , se cambiaron de caña a banano”. En otros lugares, dice, se aplica lo mismo, pero en    cacao, maíz y    arroz.

El traspaso, dice, es paulatino, porque hacerlo también conlleva inversión. “Pero esto no es positivo porque estamos metiendo más oferta en otros sectores, donde nos toca competir y además se está poniendo en    peligro la soberanía alimentaria. Menos caña amenaza la producción de azúcar, un alimento básico. También afectaría la oferta de etanol”.

La falta de cifras oficiales impiden conocer a ciencia cierta los niveles de migración, pero el avance de este fenómeno, sostiene López, es inminente.    Desde hace dos meses la pugna por precios ha venido agudizándose. Esto por el    fallo judicial, del pasado 27 de junio, que dejó sin efecto el Acuerdo Ministerial 047, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que establecía un incremento de precios de la tonelada (esta subió de $31,70 a $ 35,05).    La situación, dicen los productores, deja en la deriva el proceso de comercialización, pues los productores dicen que no están dispuestos a aceptar un valor injusto. Los gremios dicen haber buscado acercamientos con la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazucar) para solucionar el problema de la forma más amigable. Algo que hasta el momento no ha tenido efecto.

Esto, porque los industriales, representados por los cinco ingenios que hay en el país,    se niegan a aceptar un incremento que, aclaran, nunca fue consensuado. A través de comunicados han dejado por sentado que siguen estando a la espera de que exista un nuevo precio, pero como resultado “de un diálogo basado en datos técnicos”.

Pero el tema sigue en el campo legal, la instancia donde el MAG, por ahora, espera resolver el problema. El pasado viernes informó a EXPRESO que se está trabajando en el sustento técnico jurídico que tendrán los argumentos que presentarán en audiencia, tras la apelación del fallo de la jueza. Se espera aún una fecha. La cartera de Estado ha reiterado que el incremento del valor es justo, pues “no supera el 10 % del precio anterior y su porcentaje es inferior a los valores de inflación acumulada, que se registraron en el mismo período”. En ese sentido, ha dicho, continuará protegiendo los intereses de los sectores más vulnerables de la cadena de producción del azúcar.

Mientras el atasco judicial se dirime, hay agricultores que ahora mismo piensan si continuar o no en este sector productivo.    Según Ávila, este panorama desalentador estaría generando pérdidas económicas de al menos $    85 millones a todo el sector cañicultor, pues    hay producto que se vende a menor precio o que simplemente deja de comercializarse.

• UN PROYECTO DE LEY DE CAÑA

Para finales de noviembre, los cañicultores tienen previsto presentar, ante la Asamblea Nacional, un proyecto de ley participativo para incluir a la industria, regularizar los costos y que beneficie a ambos sectores.

La denominada Ley de la Caña cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores que forman parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria y en esta no solo se hablará de la azúcar como único derivado de la caña, sino que además considerarán otros productos como el etanol, bagazo, melaza, etc.

Y mientras preparan el borrador de la Ley de la Caña, esperarán de manera paralela los cuatro o cinco meses que dura el proceso legal por el amparo de protección presentado ante la resolución de la jueza de Yaguachi.

Todo esto a fin de poder cobrar los valores pendientes por los cultivos de hasta cuatro años de caña de azúcar.