El caso Petrochina, atado a $ 70 millones de sobornos

Un voto dirimente, otorgado por su propio proponente, salvó ayer la aprobación del informe legislativo denominado ‘Petrochina: Deuda pública y comercialización de petróleo’ que, entre sus conclusiones, establece que el Estado, entre el 2009 y 2016, tuvo que asumir un perjuicio económico de $ 5.000 millones por la preventa petrolera que negoció con empresas estatales chinas, a cambio de recibir $ 18.000 millones en créditos.

El documento tuvo 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, pero fue el sufragio dirimente del asambleísta Fernando Villavicencio el que hizo que la Comisión de Fiscalización y Control Política terminara por avalar la investigación que, entre sus recomendaciones, exhorta a la Fiscalía, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigar a las personas presuntamente involucradas en este nuevo caso de corrupción que, marca como causa clave el Decreto Ejecutivo 466, firmado en agosto de 2010 por el expresidente Rafael Correa, donde autoriza la realización de convenios de línea de crédito con empresas estatales chinas (Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co Limited y PTT International Trading Pte. Ltd.), para que estas sean pagadas con petróleo ecuatoriano; un recurso que, según se ha dicho, fue entregado a precios que estaban por debajo de lo que establecía el mercado. Según cálculos de Petroecuador, el fisco habría dejado de percibir hasta $ 3,69 por barril.

La decisión se tomó luego de un largo debate que inició pasadas las 09:30, con el rechazo a la moción que presentó la asambleísta socialcristiana Soledad Diab, de establecer una prórroga de 10 días para revisar el tema. Al final, ella se abstuvo. Los legisladores de UNES, bloque correísta, rechazaron el informe al decir que era “tema juzgado”.

Para Villavicencio, en este caso las pruebas sobran y hace falta sancionar a responsables. El informe de 227 páginas, dijo, está respaldado con suficientes documentos. Solo el decreto estaría demostrando que el expresidente Correa habría violado la Constitución al contratar deuda pública, para que se pague con petróleo. “Lo más grave que se ve en los informes de Contraloría es que esta deuda, que según la Constitución y la ley debía ser destinada exclusivamente para proyectos de inversión, fue desviada a gasto corriente”.

Villavicencio, quien promulgó la investigación y la elaboración del informe, explicó ante el pleno cómo bajo la argucia de eliminar a las “mafias intermediarias” en la comercialización petrolera, el gobierno correísta firmó alianzas estratégicas que no llegaron a respetarse, pues el crudo entregado nunca llegó a las refinerías de las petroleras chinas, sino a manos de Gunvor, una multinacional de capital ruso, que bajo acuerdos con cuatro bancos europeos, revendía el recurso a otros países para obtener ingentes ganancias.

Entre las pruebas que buscan demostrar la irregularidad del proceso, se citó el expediente que, por un caso de lavado de activos, la Corte de Nueva York sigue en contra de Gunvor. Allí se incluye una declaración de un exempleado de Gunvor, Raymond Kohut, quien admite públicamente  que pagó sobornos y comisiones por al menos $ 70 millones a funcionarios y lobistas ecuatorianos para que empresas asiáticas se adjudiquen contratos favorables. Pero, ¿quiénes recibieron el dinero? Villavicencio apunta a Nielsen Arias Sandoval, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, entre el año 2010 y 2017, como el principal sospechoso.

Este Diario intentó contactarse con Arias, pero no fue posible. Pero    él no es el único al que se busca investigar. El acta final con la que se aprueba el informe exhorta indagar también la supuesta participación de exministros, así como de personas jurídicas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, relacionadas    no solo al régimen de Correa, sino al de Lenín Moreno e, incluso, el de Guillermo Lasso. La inclusión de estos dos últimos gobiernos fue un pedido de los miembros de mesa. Una solicitud a la que accedió Villavicencio. “Tiene sentido”, dijo. Los contratos siguen vigentes y están siendo operados por la actual administración. “El gerente de Petroecuador está planteando una renegociación de esos contratos”. La Fiscalía deberá investigar incluso si esa renegociación se ha hecho en buenos términos.