CFN lidia con deudores que piden hasta 15 años más para pagar

La Ley Humanitaria, aprobada en mayo de 2020 con el fin de ofrecer facilidades financieras y allanar convenios entre deudores y acreedores en pleno contexto de crisis sanitaria, es el armazón al que están apuntando varias firmas deudoras de la CFN para frenar los procesos coactivos. Pero lo que pareciera una oportunidad para establecer nuevos refinanciamientos que permitan finalmente saldar sus deudas, para el banco no significa ninguna garantía para recuperar los más de $ 481 millones entregados, en algunos casos bajo condiciones laxas, entre 2014 y 2019.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) inició un total de 1.205 juicios de coactiva para embargar bienes que viabilicen el cobro de créditos vencidos, de los cuales, tal como lo contó EXPRESO el pasado 14 de abril, $ 420 millones, casi el 90%, están en manos de un centenar de empresas, que deben a la entidad los mayores montos (entre $ 1 millón y casi $ 50 millones).

Si bien estos juicios están vigentes, hay empresas que se acogen al artículo 27 de esta ley, expedida en época de pandemia, como el último recurso que les queda para frenar el cobro de haberes que, dicen, no han podido saldar por situaciones adversas que se han presentado en el mercado y que han afectado la estabilidad de sus negocios. El tema es que piden nuevos plazos de hasta quince años para ponerse al día, un pedido que la actual administración del banco se niega a aceptar.

A la espera de una respuesta está el Fideicomiso Mercantil Sail Plaza, dueño de un hotel de lujo en Manta (Manabí), que desde octubre de 2014 (fecha en que recibió el primer desembolso) viene acumulando  $ 42,1 millones en deudas. Fueron cuatro desembolsos, señala Brenda Terán, gerente general de la empresa, quien atribuye los impagos a eventos que en los últimos años han afectado a la firma: la Ley de Plusvalía, el terremoto y la reciente crisis sanitaria.

Hace ocho días, dice, volvieron a presentar una nueva mediación ante la Procuraduría, para que se pronuncie sobre el concurso excepcional de acreedores que dispone la Ley Humanitaria, para hallar soluciones de pago. “Nosotros estamos formando una garantía de bienes que serán vendidos en dos años, estamos proponiendo preliquidar la deuda con bonos extraordinarios que nos permitirán salir en un plazo, estimo yo, no mayor a 10 años. Yeso está sustentado, el hotel está en funcionamiento, estamos garantizando que el 20 % de los ingresos del hotel se vayan como cuota mensual (de pago)”, sostiene Terán. Se trata de la undécima propuesta, añade, pero no ha habido respuesta.

Procesos parecidos han seguido otras empresas como Sonino, dueña del ingenio San Miguel (que debe $ 19,3 millones). Paúl Borbor, su gerente, señala que, amparados también en la ley, ellos vienen esperando desde el pasado 18 de abril que se suspenda el proceso de coactiva y que CFN les acepte un refinanciamiento de la deuda, con un plazo adicional de 15 años. Si bien el ingenio está paralizado desde 2019, Borbor habla de las posibilidades de ponerlo a operar y saldar esta deuda, de la cual, puntualiza, ellos ya han pagado $ 13 millones en intereses.

El último pago lo hicieron en 2020, en pleno año de pandemia, aun cuando la empresa venía arrastrando problemas desde 2016, como fruto del impuesto a las bebidas azucaradas que afectó sus ventas.

La reacción de estas empresas surge a raíz de la publicación del listado de principales morosos que hizo EXPRESO el 26 de abril pasado. Entre ellas también está NoLimit ($ 1,4 millones), vinculada al juicio que se sigue por el caso Las Torres (por el pago de coimas a exfuncionarios de Petroecuador). Su procurador, Diego Correa, justifica el impago al freno de desembolsos de parte de la petrolera estatal, ordenado en medio del litigio que se sigue en contra de ellos.

Sandra Touma, directora del estudio Vivanco & Vivanco, especializada en temas de coactiva, confirma las facilidades de refinanciación que se confieren en la Ley Humanitaria, pero a su criterio esta norma tiene ciertos vacíos. Para ella es muy general. “En su artículo 36 sí aclara cuándo se debe suspender una coactiva. Habla de hasta 180 días después de la emergencia. Suspender el proceso ahora no es válido porque hoy no existe tal emergencia”, señala. No obstante, dice que en la ley sí es necesario detallar en qué condiciones se puede iniciar un concurso excepcional.

Iván Andrade, actual presidente de CFN, explica que cuando a un deudor se le aplica un proceso de coactiva, es porque ya han existido pruebas o antecedentes de incumplimiento en los pagos, pese a existir reestructuraciones, refinanciamiento, novación, conciliaciones, mediaciones previas.

“Cuando ya se está en un proceso de juicio coactivo, las propuestas tienen que ser concretas para cancelar, no propuestas de refinanciación a tantos años plazo”, argumenta Andrade.

En el caso de Sail Plaza, explica, esta firma ya tuvo dos refinanciamientos (2017 y 2019) y pese a ello, dice, no hay pruebas de que se haya resarcido el préstamo. Al respecto, Terán señala que hasta el momento han pagado más de $ 5 millones, de los cuales, admite, la mayoría son intereses y solo $ 800.000 corresponden a capital. Ella asegura que en su caso solo ha habido un refinanciamiento, lo otro consistió en una novación, “solicitada por el mismo banco”.

Sail Plaza y las otras firmas alegan que las deudas están cubiertas por las garantías que en su momento aceptó el propio banco, todas ellas por encima de los valores que hoy se adeudan. Al respecto, Andrade explica que eso no es suficiente. “La ley me dice que tengo que embargar y tomar posesión de los bienes, pero eso no significa que con eso yo pueda cubrir todo. ¿Qué pasa si ese bien está avaluado de más o se le ha fijado un valor mayor al que realmente se lo puede vender? ¿Quién corre con la diferencia? Una cosa es el avalúo, otra es el valor que alguien esté dispuesto a pagar”.

• PEDIDO A CONTRALORÍA 

La actual administración de CFN notificó que el listado de los cien principales deudores ha sido remitido ya a Contraloría, para que sea el ente el que inicie un examen especial en estos casos de créditos que, se presume, en su mayoría fueron entregados bajo requisitos poco técnicos.