La clase media se redujo en 1,1 millones por la crisis
Un informe de Unicef dice que la pobreza producto de la COVID se duplicará en el país hasta diciembre. El estudio plantea medidas de mitigación.
“Es como si un meteorito hubiera caído en nuestro país”. Así describió los resultados del estudio ‘El choque COVID-19 en la pobreza, desigualdad y clases sociales en el Ecuador’ la especialista en Inclusión Social de Unicef, Ximena Escobar.
El documento, presentado ayer durante un encuentro virtual, hace un análisis sobre la movilidad social en el país a raíz de la crisis generada por la pandemia.
Las cifras, como lo enfatizó la analista, asustan. Hasta diciembre, la pobreza extrema en el país aumentará de 10,7 % en 2019 al 20 %, una duplicación que implica que 1,4 millones de ecuatorianos no podrán cubrir sus necesidades básicas. Adicionalmente, 1,8 millones de personas pasarán de la vulnerabilidad a la pobreza, principalmente por la pérdida de ingresos del empleo pleno o el subempleo. Esto significará que tendrán dificultades para cubrir la canasta básica.
La clase media tampoco se ha salvado del nocivo efecto de la crisis. Según el informe de Unicef, 1,1 millones de personas ‘migraron’ de este nivel socioeconómico hacia situación de vulnerabilidad, lo que significa que sus ingresos y ahorros se redujeron significativamente. El descenso continuará el próximo año si no se toman medidas, como acceso a los créditos, desde el Estado.
“En cuanto a la pobreza multidimensional, la clase media no se ve tan afectada, porque aún cuenta con un capital social acumulado, que ha ayudado a mitigar el impacto del COVID. Aun así, 1,1 millones de personas han dejado de pertenecer a la clase media, por lo que es necesario que las políticas que se adopten desde el Estado no solo consideren a las familias en situación de vulnerabilidad, sino también a la clase media”, subrayó la experta.
Este rubro, el de pobreza multidimensional, se refiere al acceso a necesidades básicas como educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano.
El informe determina que para los cuatro grupos sociales previamente mencionados, el 2021 será una época de “exacerbación de las privaciones”, en las que cubrir estos rubros será mucho más difícil.
Las cifras globales para la economía nacional tampoco son mejores.
“Si antes, la proyección para que Ecuador saliera de la pobreza era de 7,5 años, ahora será, en promedio, de casi veinte años. Las medidas adoptadas de ayuda social por el Gobierno, como los bonos, reducirá esta proyección a aproximadamente 15 años”, agregó Escobar.
Además de los datos, el documento del organismo propone al Gobierno (actual y futuro tras las elecciones de 2021) políticas para mitigar la afectación económica entre los que se encuentran la protección del empleo pleno y una reforma tributaria progresiva y equitativa, cuya recaudación priorice la inversión social.
La entidad arroja una cifra: $2.599.124 millones para contener los efectos de la COVID-19 e implementar una ruta de protección social para las familias con niños y adolescentes, la más afectada por la crisis (ver subnota). El desglose de este rubro recomienda una inversión de mayoritaria en educación básica y superior, y en ayudas para quienes se encuentran en extrema pobreza.
El informe agrega que para ello, el Estado debería trabajar con políticas públicas con las que ya cuenta en la actualidad y fortalecerlas. “No hemos inventado el agua tibia, estas recomendaciones se basan en una estrategia que recurre a lo que ya tenemos. La cifra de inversión que recomendamos responde al 2,4 % del Producto Interno Bruto”, añadió Escobar.
De implementarse, las medidas podrían mitigar los efectos en al menos 750.000 hogares a nivel nacional, como un primer paso.
Familias con hijos, los más golpeados
A raíz de la pandemia, 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos vivirán en situación de pobreza o extrema pobreza, señala el informe. Salir de este bache le tomará a las familias con hijos hasta treinta años.
“Ya en 2019, estas familias vivían una situación financiera peor que las que se proyectan en el peor escenario poscovid para las familias sin hijos”. El acceso a la educación y las ayudas sociales, agrega el documento, podrían reducir la recuperación a 18 años.
