El combustible subsidiado se arraiga en industrias boyantes

El nuevo incremento de subsidios que el Gobierno se ha visto obligado a aplicar (tras las exigencias de sector indígena) reaviva la preocupación por la presión que generaría el gasto anual de más de 3.300 millones de dólares de este incentivo sobre las cuentas fiscales y la consecuente necesidad de empezar a focalizar este beneficio. El debate vuelve a poner en el blanco a las industrias acuícola y atunera que, pese a sus altos ingresos, siguen gozando de estos incentivos.

El último decreto ejecutivo, el 467, firmado el pasado 30 de junio, ratifica el subsidio para ambas actividades, que en los últimos años han venido creciendo en ventas y reportando utilidades. Solo el sector camaronero, hasta abril de este año, llegó a facturar 2.387 millones de dólares, un 79 % más si se compara el dato con igual periodo del año pasado.

Según el Observatorio de la Política Fiscal, de los más de 3.300 millones de dólares que el país destinará este año al subsidio de gasolinas y diésel, al menos un 25 % está dirigiéndose al sector productivo. El valor apenas es un aproximado, aclara Jaime Carrera, su director, pues puede ir variando conforme    fluctúe el costo internacional del crudo, lo que podría seguir debilitando las cuentas públicas. “Las industrias que hoy se muestran boyantes no deberían tener esta ayuda”, reflexiona Carrera.

Las industrias aludidas siempre han estado a favor de este beneficio, pues lo catalogan como una necesidad en un país que se muestra cada vez más caro para producir. No tener este incentivo, dice Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura (CNA), sería perder competitividad frente a otros países que sí aplican este esquema de compensaciones. “El mundo entero lo hace: EE. UU., Europa, China, Japón, Corea usan un esquema de subsidio focalizado para potenciar y fortalecer este tipo de actividades productivas que generan trabajo”, argumenta. La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) fue consultada sobre el tema, pero no hubo respuesta.

No obstante, los cuestionamientos se centran no solo en el tiempo en que esta subvención se viene otorgando (desde el 2019), sino en el contexto económico poco oportuno que se vive para seguir manteniendo una política como esta. “En el país se cree que porque el petróleo está alto hay abundancia de recursos, pero no es así. Los mayores ingresos petroleros han permitido bajar el déficit, pero aun así falta dinero para todas las asignaciones sociales”.

Carrera rechaza que el costo de este incentivo, que implicará que Ecuador obtenga nueva deuda para cubrirlo, supere con creces los recursos presupuestados para este año en rubros como educación ($ 3.200 millones), salud ($ 2.500 millones) o el bono de pobreza ($ 1.200 millones), sectores en los que, plantea, debe priorizarse la ayuda estatal.

En esto coincide Bernarda Mena, economista y empresaria, que ve este momento como el propicio para que el Estado corrija las asistencias que presta. Para ella, los subsidios a la producción distorsionan la economía. Son políticas que, si se mantienen por mucho tiempo, a la larga terminan    haciendo daño. “Son subvenciones que en definitiva son capturadas por los productores, pero a costa de qué, de los contribuyentes. Somos nosotros los que pagamos más impuestos. Pero no debe ser así. Si pagamos más tributos debería ser para que el Gobierno revierta la desnutrición infantil de ese 39 % de niños indígenas menores de dos años que no tienen qué comer. A eso se debe destinar un subsidio”, sostiene.

El ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, dijo a EXPRESO que se trabaja en la búsqueda de alternativas para la focalización. Dijo estar en conversaciones con el Ministerio de Agricultura para ver cómo se aplica la ayuda en sectores agrícolas sensibles como el bananero.

Para Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), las mesas de diálogo que se instalarán en los próximos días serán claves para establecer qué sectores realmente requieren esta ayuda. Limitar este beneficio a la actividad acuícola y pesquera, dice, incluso es discriminatorio. “¿Por qué ese beneficio no lo reciben el sector ganadero, el florícola o el lechero?”, cuestiona.