La concesión minera pública se llena de cuestionamientos

Una auténtica polémica se ha levantado en torno al supuesto interés del Viceministerio de Minas y la Empresa Nacional Minera (Enami) para aprovechar el derecho preferente sobre las concesiones mineras de esta última y, potencialmente, cederlas a empresas privadas para que exploren, levanten los estudios y exploten.

Según el Decreto Ejecutivo No. 203, publicado el 14 de enero de 2010, la Enami, que si bien es una empresa pública tiene autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, cuenta con “el derecho preferente para solicitar áreas libres en caso de que un inversionista privado demuestre interés. De esta manera se iniciarían trabajos conjuntos, definiendo la figura legal más favorable”.

Bajo este paraguas, tanto el viceministerio como Enami han visto en este derecho una oportunidad para atraer inversionistas y dinamizar la industria, ya que desde el 2018 se encuentra cerrado el catastro minero, que es la herramienta mediante la cual el Estado otorga nuevas concesiones. En ese entonces, el expresidente Lenín Moreno tomó la decisión para depurarlo; seis años después no se ha reabierto, a pesar de las promesas de los diferentes ministros de Energía y Minas de turno.

En la actualidad, la empresa pública tiene 14 proyectos mineros en concesiones, siendo los más importantes Llurimagua, Muyuyacu, Unacota y Campanillas. No obstante, la figura preferencial está generando cuestionamientos en este sector productivo, por la supuesta competencia desleal que se estaría generando. Enami podría otorgar a dedo una concesión, dejando a un lado una subasta transparente.

Para Álvaro Dueñas, ejecutivo de una industria minera internacional, que en esta ocasión prefiere opinar a título propio, este plan del viceministerio y de Enami debe verse desde dos aspectos: la legalidad y la legitimidad. Dentro del primer aspecto, explica que la ley es muy clara en establecer el derecho preferente que tiene la empresa pública, pero también lo es en el artículo 24 de la Ley de Minería que dice que ese derecho lo puede ejercer sobre áreas mineras especiales y, que estas, solo pueden ser determinadas por el presidente de la República. “Pero hasta el día de hoy, el presidente no ha determinado ningún área especial, por lo tanto, Enami no puede pedir cualquier concesión. Pero, incluso en el caso de que Enami pidiera concesiones, hay algunas reglas especificadas en la ley: tiene que ser concesiones caducadas o que no tengan ningún titular o que hayan pasado algunos años sin trabajos de privados. Y sobre estas concesiones, Enami debe presentar un plan, que sea técnico, financiero y legal. En este caso no he visto que Enami tenga un plan, es más, nunca lo ha tenido, respecto a nada, porque es una institución que no dispone de los recursos ni económicos ni humanos ni la capacidad para desarrollar absolutamente nada. Han pasado 14 años y no ha hecho nada, no ha podido ser autosustentable y siempre requiere de recursos del Estado”.

El otro aspecto es el de la legitimidad. Según Dueñas, “Enami no puede usar su derecho preferente para solicitar concesiones y entregar la delegación a otra empresa minera. Eso, además de ilegal, es ilegítimo. Lamentablemente, se está pretendiendo hacer un baipás del proceso de subasta (catastro. Minero)”.

Para el expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Rodrigo Izurieta, es entendible que el Gobierno esté buscando alternativas para atraer inversiones en minería y, desde este punto de vista, se entiende que haya buscado en la Enami un camino para entregar concesiones y así atraer recursos. Sin embargo, cree que es necesario que las concesiones se entreguen por un proceso competitivo de reglas claras. “La forma más eficaz de hacerlo es a través de una subasta competitiva abierta a todos. Este proceso no requiere de la Enami. Si entendemos que el catastro está ‘cerrado’ por decisión del propio ministerio, ¿por qué abrirlo por el camino de la Enami y no por el camino directo de una subasta competitiva? Posiblemente, la decisión se dio por un cálculo político. Parecería que es una vuelta innecesaria que complica el uso de mecanismos competitivos directos que siempre serán preferidos por inversionistas por su claridad y transparencia”.

Sobre este tema, Diario EXPRESO solicitó la versión del presidente de Enami, Emmanuel Delaune, pero, a pesar de haberse concertado la entrevista, no se comunicó hasta el cierre de esta edición. Asimismo, la Cámara de Minería del Ecuador señaló que por el momento no se pronunciaría al respecto.

En el 2023, el sector minero fue la tercera fuente de ingresos del país por exportaciones no petroleras (después del camarón y el banano). Sus ventas sumaron $ 3.324 millones.

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