Cooperativas, un auge a la sombra de debilidades

El mercado de cooperativas de ahorro y crédito ya no es el mismo de antes. Con una colocación de más de $ 15.000 millones en créditos y con entidades que por su nivel de activos (algunas con más de $ 1.000 millones) demuestran tener un músculo financiero igual de fuerte que cualquier banco mediano, este sector da fe de la importante expansión que ha tenido; un crecimiento que, sin embargo, en estos últimos años se ha visto opacado por su menor capacidad para hacer frente a las altas moras e impagos.

La realidad de las cooperativas se retrata en el rápido aumento que viene teniendo su cartera improductiva y la dificultad de las entidades de este mercado para cubrirla. Según datos públicos de la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), esa cartera solo en el segmento 1 (donde están las    44 cooperativas    más grandes que acumulan el 84% de los activos totales del sector) se disparó de $ 304 millones a $ 1.359 millones, en los últimos cinco años. Y si    bien uno esperaría mayores provisiones para cubrir los posibles impagos, las cifras demuestran todo lo contrario: Ese índice que en el    2019 era de 138 %, bajó al 90 %, en julio de este año.

La lógica es que si hay más cartera mala se tendría que estar provisionando más para asumir las eventuales pérdidas y hacer que esto no termine afectando la estabilidad de las empresas, pero eso no está pasando, explica Fausto Ortiz, exministro de Economía y estudioso de este mercado. “Que una cartera que no esté bien provisionada significa que hay una posibilidad de pérdida que podría afectar el patrimonio de las empresas. Si la pérdida potencial es tan grande, puede estar afectando la solvencia de la institución”, dice.

Ahora mismo, si el total de la cartera del segmento 1 llega a perderse, eso significa que ese golpe ya está provisionado o asumido en un 90 %, pero ¿qué pasa si se mira esta cobertura por cooperativas? Allí, los niveles podrían ser preocupantes si se tiene que una veintena de empresas de ese segmento están por debajo de ese valor, en indicadores que llegan hasta el 21 %.

La misma debilidad se observa en las cooperativas del segmento 2 y 3, y puede llegar a empeorar si se analiza el nivel de cobertura que tiene determinado tipo de cartera. La de consumo, por ejemplo, una de las más significativas de las instituciones del segmento 2, si bien tiene una provisión general del 95,57 %, 27 instituciones registran porcentajes menores que podrían llegar hasta el 9,41 %. En la cartera de microcrédito del segmento 3, en cambio, el indicador de 31 cooperativas llega a bajar hasta el 20 %, muy por debajo del 77 % promedio.

Actores de este sector reconocen    las dificultades que se enfrentan, aunque aclaran que este no es un problema que sufren todas las 402 cooperativas de ahorro y crédito que conforman el mercado nacional que, visto en su conjunto, aseguran, tiene niveles aceptables de solidez.

Así lo explica Edgar Peñaherrera, gerente de Icored, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito que representa a 47 instituciones, y quien atribuye el incremento de cartera improductiva a la compleja situación económica que vive el país, como efecto de la    inseguridad, los apagones, los impactos por fenómenos naturales y el sobreendeudamiento de las personas.    “Los deudores    siguen teniendo problemas para poder cancelar y por eso son los incrementos de mora (8,4 % a julio de este año), el aumento de la cartera improductiva y también la dificultad de poder cubrirla... una situación que no solo enfrentan    las cooperativas, con los bancos más pequeños pasa más o menos lo mismo”, dice, porque son los que atienden a los clientes de mayor riesgo.

En este contexto, agrega, se está trabajando en apoyar la política de diferimiento de provisiones emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, que permite a las cooperativas mantener    niveles bajos de provisiones, pero bajo el compromiso en que se está siguiendo un plan de mejora: colocar    y recuperar de mejor manera la cartera, o achicándola, vendiendo la cartera mala.

Esto último, coincide David Castellano, analista económico y catedrático, es clave, pues evitaría que los balances de las cooperativas no se agraven más y termine generando un impacto en las instituciones y, en casos extremos, a los depositantes. “Ante esto es importante también trabajar en contención de mora, hacer que los sectores que tienen problemas de pago tengan opciones de alivio financiero que permitan    que esos créditos se puedan ir recuperando”, sostiene.

Cooperativas: La metamorfosis

Para Ortiz, la intervención en este mercado debe ir más allá, debe ser más estructural. “El niño se nos creció”, dice aludiendo a la evolución que han tenido las cooperativas, sin regulaciones más rigurosas que acompañen su acelerado crecimiento. “Siguen operando como si fueran un banco pequeño, pero no con todos los controles y la rigidez de los bancos”.

Según Icored, desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,    en el año 2012, todo el sector sumaba $ 6.027 millones en activos, actualmente esa cifra alcanza los $ 26.901 millones, un    346% más que hace once años atrás.

Peñaherrera discrepa con quienes creen que se debe aplicar más reglas a este sector. Las cooperativas, dice, ya están sobrerreguladas, aunque reconoce que existen ciertas flexibilidades que están justificadas, como los porcentajes de aporte de los fondos de liquidez, por el nivel de riesgo de los clientes que atiende este sector.    El 76% del microcrédito que se coloca en el país    lo ponen las cooperativas y mutualistas. No es lo mismo dar un crédito de $ 100.000 a un solo cliente, que dar 100 créditos de $ 1.000. La gestión de esa cartera, explica, es muy distinta y las afectaciones al sujeto de crédito también.

Patrimonios comprometidos

No frenar la baja cobertura de la cartera productiva que tienen ciertas cooperativas es poner en riesgo el patrimonio de la empresa, su estabilidad y la de los depositantes, en cierta medida.

Y ahí, las cifras también encienden alertas, explicando cuál es el índice de vulnerabilidad del patrimonio que tienen ciertas empresas. Si bien en el segmento 1, donde están las entidades con activos de más de $ 80 millones, este indicador es del 7,95%, existen al menos cuatro cooperativas con una exposición de más del 50 %, una de ellas, incluso, llega al 200%.

Fausto Ortiz, exministro de Economía, explica que eso significa que si ahora mismo las cooperativas tuvieran que provisionar la totalidad de su cartera improductiva, ese es el nivel en el que el patrimonio se vería afectado.

En el segmento dos, donde aparecen las cooperativas de $20 millones de activos, ese índice de vulnerabilidad es menor, al llegar a un 4,6%, pero en 6 casos están por encima del 30 %. En el tercer segmento, donde aparecen instituciones con más de $ 5 millones de activos, la vulnerabilidad patrimonial es el 8,46 % promedio, pero nueve están por encima del 30 %.

Si bien en el país existe un Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) que cubre al 98 % de los depósitos de los clientes, las cooperativas tendrían que tener suficientes activos    para cubrir ese 2% y evitar, en lo mínimo, afectar a sus clientes.

Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria: “Como solución no existe una receta de talla única”

- ¿Qué tan trazado está este problema que hoy tienen las cooperativas?

- Las condiciones actuales de la economía son muy complejas y han afectado especialmente a estos socios que han recibido microcrédito, el cual representa el 45% del total de la cartera del sector. El 44,8% de esa cartera está en Pichincha y Azuay, y al haber esta concentración, el 66% de la cartera improductiva también está ahí.

- ¿Qué pasa en la Costa?

- Ahí donde existen provincias que están gravemente afectadas por temas como la delincuencia, la cartera es un 20 %, pero se tiene una morosidad que llega al 11,5 a junio del 2024. Y si lo vemos por    provincias, las de mayor deterioro de la cartera son Esmeraldas, con el 18,86; Guayas, con 12,1 % y Santo Domingo con el 11,6 %...En este tema, hay algunas correlaciones que tenemos que empezar a entender.    En época de pandemia, desde el punto de vista de la regulación, eso también nos afectó, en el sentido en cómo se calificaba la cartera vencida.    Antes    se tenía que esperar 30 días en el sector financiero popular y solidario y 15 días en los bancos y luego se cambió todo el sistema a 60 días. Esa medida terminó en diciembre del 2022 y para enero del 2023 ya todo el mundo tuvo que irse ajustando al cambio, pero ¿Qué pasó? Pasó que se materializaron efectivamente muchos riesgos, que antes no podíamos ver claramente por este diferimiento... Hoy, efectivamente, vemos casos puntuales que deben ser tratados, pero de forma en general debemos decir que los indicadores están bien. El límite normativo de solvencia para este sector es de 9, y estamos en 16,    eso nos permite entender que los indicadores del sector se están manteniendo dentro de espacios que son adecuados.

- ¿Y actualmente cuántas de estas cooperativas están por debajo de 9?

- No le puedo dar el número exacto porque eso es algo que fluctúa mucho, tiene que ver con estas variaciones de la condición propia de la entidad.

- ¿Qué plan ahora mismo se sigue con estas cooperativas que están teniendo niveles muy bajos de cobertura?

- No hay una receta de talla única, cada problema se trata de manera individual. Ningún problema    de una entidad es igual a otro, lo que vemos son causas comunes: la delincuencia en determinadas provincias, los estados de excepción, el tema de los apagones, la afectación económica de ciertas actividades, una cooperativa que tiene mucha cartera vinculada con una actividad    en problemas    también puede tener un efecto adverso.    Nosotros hemos venido actuando al amparo de lo que dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero, el de establecer el nivel de riesgo de la entidad y la metodología de supervisión que corresponde a ese nivel de riesgo.

- ¿Pero hay una medida específica que se esté tomando?    ¿Se está evitando que estas empresas que ya están en problemas sigan colocando crédito, por ejemplo?

- Ese es un tema muy sensible y delicado, pero sí, efectivamente, la Superintendencia puede, por ejemplo, prohibir captar o prohibir colocar, pero el día en que hagamos eso condenamos a la liquidación forzosa a la entidad porque muy difícilmente el público en general o los socios de una cooperativa van a entender que se trata de una medida correctiva, más bien la vincularían con una situación terminal de la entidad. Eso no se está haciendo.

- ¿Y por dónde está la salida?    ¿Qué tipo de acompañamiento están dando?

- Muchos de los problemas de algunas entidades tienen que ver con la liquidez, entonces hacer seguimiento a los planes de liquidez es una estrategia que muchas entidades tienen en este momento. También hemos visto la necesidad    de disponer cambios en la administración porque quienes han estado al frente de las entidades no necesariamente tienen los conocimientos y las destrezas que se requieren, considerando el tamaño de las instituciones. No es una facultad, pero ante determinadas circunstancias sí podemos disponer la remoción de esas personas y lo hemos hecho también como medida correctiva en algunos casos.    Todo esto se está haciendo, pero también desde el punto de vista de la supervisión, necesitamos entender el momento correcto y la manera adecuada de apalancar y apoyar esos procesos porque si esto no se hace con la justa medida o de manera oportuna, es posible    que existan otras afectaciones.

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