
El crédito internacional para enfrentar la emergencia empieza a arribar
El FMI ya desembolsó esta semana $ 643 millones. Entre ayer y hoy, el Banco Mundial y la CAF aprobaron un financiamiento por $ 900 millones más
El pasado martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó los recursos que había ofrecido a Ecuador para enfrentar la emergencia por COVID-19. Se tratan de $ 643 millones, de los más de $ 1.500 millones que ya han aprobado varios organismos multilaterales y que, bajo el mismo propósito, espera el país para cubrir las necesidades generadas por la crisis.
La buena noticia es que el dinero restante también está en camino, esto luego de que ayer jueves 7 de mayo el Banco Mundial (BM) diera su visto bueno para facilitar $ 500 millones. La misma venia se dio hoy, 8 de mayo, pero desde el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), tras confirmar $ 400 millones.
Desde el Ministerio de Finanzas informaron que los recursos del BM llegarán la próxima semana.
La CAF, por su parte, informó que el dinero se canalizará a través de dos líneas de crédito: la primera, de $ 50 millones, se destinará a fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a la emergencia sanitaria, y la segunda, por $ 350 millones, apoyará financieramente el programa económico del Gobierno Nacional para contener la emergencia social, económica y financiera generada por el COVID-19.
El organismo dijo que estos fondos complementarán las iniciativas fiscales que debe llevar a cabo el país y reforzará las medidas económicas contracíclicas encaminadas a mitigar los efectos de la crisis en el sector salud y en los sectores sociales y económicos de la nación. “Con estos recursos esperamos apoyar de manera rápida y eficiente al Gobierno del Ecuador en sus esfuerzos por mitigar el impacto que la pandemia de la COVID-19 está generando en la economía y en los colectivos vulnerables del país”, dijo Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.
Con esto se concretaría el acceso a $ 1.543 millones. Aún está pendiente la aprobación de un préstamo de $ 700 millones que el Gobierno hizo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).