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Cortes de luz no cesan en todo el territorio continental ecuatorianoArchivo / Expreso

Las acciones y omisiones de la crisis de electricidad en Ecuador

Desde los noventa se ha debatido cómo fortalecer el sector energético, pero sin resultados 

Ecuador enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, con apagones de hasta 11 horas no consecutivas a escala nacional. La falta de luz y de información oportuna sobre los racionamientos ha impactado tanto a ciudadanos como a industrias, afectando la estabilidad económica y social. Pero la situación actual se ha gestado durante varias décadas.

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Los expertos en energía Jorge Luis Hidalgo y Darío Dávalos han sido críticos con las decisiones e inacciones de los gobiernos anteriores y han observado la falta de previsión de la actual administración. Ambos han señalado que la crisis actual es el resultado de décadas de mala gestión, falta de inversión y de una estructura energética obsoleta.

Para Jorge Luis Hidalgo, la crisis energética actual tiene sus raíces en lo que él llama un “pecado original” del sistema eléctrico ecuatoriano: los subsidios. Según Hidalgo, los subsidios eléctricos distorsionan las tarifas, lo que ha llevado a una falta de inversión tanto en el mantenimiento como en la expansión de la infraestructura energética. Hidalgo sostiene que las tarifas solo cubren los costos de mantenimiento y operación, dejando fuera elementos como la deuda y el costo real de los combustibles: “Se ha mantenido las mismas tarifas subsidiadas a sectores que no lo necesitan, como las grandes mineras, que hasta el día de hoy pagan 5 centavos el kilovatio hora. Eso es un centavo más que la tarifa de la dignidad”.

Esto ha generado una cadena de problemas. Las grandes industrias y mineras que operan las 24 horas, han recibido aún más subsidios en los últimos años, según Hidalgo, afectando la capacidad del Estado para generar ingresos que permitan la expansión y mantenimiento del sistema eléctrico.

Darío Dávalos, también experto en energía, observa la falta de planificación del Gobierno. Señala que la crisis no es solo el resultado de una disminución de los caudales debido a la sequía, sino de una falta de previsión. “Si los datos están disponibles pero no tienen una correcta lectura técnica, falla la previsión, la planificación, la programación, la agenda y su ejecución”.

Dávalos explica que el déficit de 1.080 MW que enfrenta Ecuador es resultado de años de inacción. Los problemas en el parque térmico y la infraestructura hidroeléctrica no son nuevos, pero no se abordaron de manera oportuna. De hecho, indica el experto, “desde el primer trimestre del año anterior ya existían evaluaciones públicas” que alertaban sobre la situación del parque térmico. Dávalos es enfático en asegurar que si se hubiera actuado antes, se habrían evitado apagones tan largos.

Aunque la sequía es un factor importante en la crisis actual, no es el único ni el más determinante. Como señala Hidalgo, el Gobierno dejó que los niveles de los embalses cayeran a niveles críticos antes de tomar medidas. “Se dejó a que llegue a 2.115 metros sobre el nivel del mar… para recién alarmarse y hacer apagones agresivos de 8, 10, 11 horas”, dice, subrayando que se podrían haber implementado racionamientos programados mucho antes.

Dávalos también menciona que la falta de mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica ha agravado la crisis. Según un informe de la Contraloría General del Estado (2019-2023), se evidenció la falta de mantenimiento en las principales centrales hidroeléctricas del país, lo que ha contribuido a la incapacidad de generar energía suficiente. Pero con la crisis actual el mantenimiento no es fácil porque “requiere contar con generación de energía eléctrica de respaldo. Pero no contamos con esa capacidad”.

Ambos expertos coinciden en que la solución a la crisis energética no será inmediata y necesitará una combinación de inversiones públicas y privadas. Hidalgo menciona que el país ha tenido que recurrir a la compra de energía “absolutamente cara y emergente” y a barcazas de generación eléctrica emergente, pero estas medidas solo contribuyen en el corto plazo.

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Por su parte, Dávalos propone que se avance con proyectos de energía renovable, como la eólica y la solar, además de mejorar la producción de gas natural en el Campo Amistad. “Debemos primero resolver nuestro déficit de generación calculado en 1.080 MW… y avanzar con el desarrollo de nuevos proyectos en el ámbito de la energías renovables”, sugiere.

Los expertos hablan de la necesidad de un nuevo enfoque, desde la corrección de los subsidios hasta la implementación de nuevas fuentes de energía renovable para que Ecuador avance hacia una matriz energética robusta y sostenible.

El dilema de la privatización

El debate sobre la privatización no es nuevo. En la década de los 90 e inicios de los 2000 hubo intentos gubernamentales y parlamentarios para privatizar el sector, pero estos no prosperaron. En 2007, el gobierno de Rafael Correa detuvo la privatización, invirtiendo en grandes hidroeléctricas que, aunque necesarias, enfrentaron sobrecostos y problemas estructurales.

Las opiniones sobre la privatización del sector eléctrico se dividen entre quienes sostienen que permitir la participación privada mejoraría la eficiencia y atraería inversiones, mientras que otros argumentan que la privatización fragmentará el sector, disminuirá el control estatal e incrementará el costo del servicio.

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