La oscura herencia del sector eléctrico

Ecuador requiere de más energía: según datos de CELEC, al año se demandan cerca de 25 TW y para esto se debe producir al menos 30 TW debido a las pérdidas (unas técnicas, otras por robo de energía). Para el año 2030 se estima que la demanda efectiva alcanzaría entre 38 TW y 46TW; son apenas cinco años en los que necesitaremos producir entre 30 % y 50 % más de electricidad solo para cubrir la demanda.

A los problemas estructurales que se detallan abajo, se suman otros coyunturales que han acelerado el crecimiento de la demanda, que pasó del 6 % al 8,3 % anual. El principal está relacionado con mayores temperaturas por el efecto de la corriente de El Niño, pese a que afortunadamente no se dio en la dimensión que se esperaba, y que exige un mayor uso de energía para ventiladores, aire acondicionado y climatización en general. En el corto plazo, la brecha de capacidad de generación es de 400MW, para lo cual se han anunciado algunas medidas, siendo las principales: 110 MW: provistos por Karpowership; y, 231 MW: provistos por las unidades térmicas de Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

Pese a ello, aún queda una brecha por atender de entre 60 y 100 MW que deberá ser cubierta con otras fuentes. No se debe olvidar que en estos cálculos se asume que la generación se mantendrá en los promedios regulares esperados, por lo que cualquier imprevisto podría agregar una presión adicional al problema.

Sin embargo, los temas coyunturales explicados solo son un síntoma de una enfermedad mucho más grave. La generación presenta serios desafíos para consolidar inversiones, mantener y expandir la capacidad instalada, mientras que la distribución ha sufrido de un incremento sin control de sus pérdidas. CNEL pierde anualmente casi tres veces más que el resto de distribuidoras.

La inversión en el sector ha sido muy baja en comparación a otros rubros que estas empresas públicas han puesto como prioridades de gasto. Para el 2023, la inversión de CELEC apenas bordeó el 10, 6 % de su ingreso; sin embargo, los gastos en personal llegaron a cerca del 15 %. En CNEL la realidad es similar: mientras la inversión está en el 7,2 % del ingreso, los gastos de personal llegan al 18 %. De esto, 6.1 puntos corresponden a beneficios de contratos colectivos y jubilación patronal; por ello es destacable la decisión de la ministra Núñez de buscar la nulidad de los contratos colectivos suscritos de forma ilegal y abusiva, que no incrementan indebidamente el gasto, sino que ponen en riesgo a todo el sector.

Frente a esto, el Plan maestro de electricidad no solo está retrasado, sino que no muestra una proyección estratégica bien definida ya que no incorpora adecuadamente ninguno de los siguientes elementos: reposición de capacidad térmica (cerca de 500 MM prácticamente inutilizables); proyectos menos dependientes del clima (fotovoltaico, eólico, geotérmico, etc.); infraestructura para almacenamiento de energía (plantas hidro reversibles, etc.); o, participación dinámica del sector privado.

En comparación, mientras en Colombia, Perú y Chile el 50 % de la generación la gestiona el sector privado, aquí existen innumerables trabas a la inversión privada con un modelo estatista que hace muy difícil la entrada de capitales frescos, nuevos proyectos y un acuerdo sobre precios justos y coherentes con el mercado. Esto responde a un modelo caduco, incorporado en nuestro sistema desde la Constitución de Montecristi y que en lugar de fortalecer a los sectores estratégicos los debilita, buscando un monopolio estatal que lo único que incentiva es ineficiencia y corrupción.

En el caso de CNEL, cerca del 50 % del patrimonio de la empresa se ha perdido a causa de las obligaciones laborales y dinámicas sindicales. También hay problemas de fondo que requieren atención urgente, como por ejemplo una opaca cartera por cobrar, estructuras pesadas y distorsionadas que favorecen negocios turbios, baja diversificación de las fuentes renovables de generación, un limitado control de las pérdidas de energía (tan extendidas que se vuelven sospechosas de complicidad), entre otros.

CNEL también ha postergado injustificadamente la implementación de su plan de inversiones, en parte por esas distorsiones en la priorización del gasto y en parte por la obtusa manera de mirar la participación del sector privado como un socio en la generación y transmisión. Su gestión de la infraestructura eléctrica es deficiente, con un alto grado de indisponibilidad y una deficiente capacidad de gestionar inversiones, a lo que se suman litigios que arrancan desde los procesos de contratación. Todo agravado por un modelo de gobierno corporativo ineficiente e ineficaz que requiere ser reformado.

Si se compara con otras empresas de la región, es evidente el manejo deficiente que han tenido estas empresas (cuyas consecuencias hoy vivimos). Por ejemplo, las otras empresas públicas de la región invierten entre 2 y 3 veces más que CELEC y CNEL sumadas, gastando entre 5 y 7 veces menos en nómina (en todos los segmentos de la cadena). Parte de estos se explica porque, mientras que las otras empresas públicas de la región han abierto de alguna manera sus capitales al sector privado y cuentan con directorios independientes conformados por profesionales destacados del sector, generando tributos y utilidades en favor del Estado, CELEC y CNEL se han enclaustrado dentro de una burocracia parasitaria y donde confluyen intereses de operadores políticos acomodados desde hace varios lustros.

Para recuperar la sostenibilidad técnica y financiera del sector, la experiencia internacional muestra que la transformación requiere de esfuerzos casa adentro, fijando adecuados niveles de eficiencia, mejorando la gobernanza con directorios independientes y profesionalizados. Esto permitiría apalancar financiamiento nacional e internacional, con participación privada que comparta riesgos, inyecte capital y delegue la gestión a actores probos y preparados. Una planificación adecuada atraería inversiones para garantizar seguridad energética sostenible. Solucionar la crisis del sector eléctrico es otro de los temas prioritarios a incorporarse en una gran agenda nacional, en el cual deberían estar unidos Gobierno, sector productivo y sociedad civil.

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