Derogar norma, clave para recuperar dinero del Isspol

En un caso de investigación por presunta estafa, en el que están en juego $ 532 millones en inversiones de la Isspol, se vuelve estratégico eliminar la posibilidad de que sean los ecuatorianos quienes cubran ese faltante. No como una forma de dejar en la indefensión al gremio de policías, sino como un mecanismo de presión para que las autoridades investiguen, identifiquen a los reales responsables y recuperen el dinero.

“Que los ecuatorianos debamos pagar los errores de la inversión del Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) no es justo porque nosotros no hemos intervenido para nada en esa negociación”, dice Ignacio Vidal Maspons, quien fue superintendente de Compañías en el periodo 1997-1998 y apoya la moción de derogar el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que establece que el Estado debe cubrir cualquier faltante que existiera para ayudar a cubrir el seguro de retiro, invalidez y muerte de este sector.

El mismo fue publicado en el Registro Oficial seis días antes de que Rafael Correa dejara la Presidencia. “Hoy por hoy la norma está vigente y dice que el Estado debe responder, pero si se deroga no. Y ahí importa el momento en que se lo haga. El reglamento habla de la pérdida que sufre el Isspol y esa pérdida todavía no ha sido liquidada”, sostiene.

Alberto Dahik, analista económico y catedrático, coincide en creer que es injusto atribuir responsabilidades al Estado, sobre todo cuando se sospecha de estafa. “La ley se crea por si los aportes (ingresos) por alguna razón faltan; no para que si se roban la plata, la compense el Estado. Hay que ver cómo se recupera el dinero”, señala.

Especialistas en el mercado de valores consultados por este Diario señalan que el primer paso es aclarar las características que tienen los contratos y títulos valores que deberían constar en los registros del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), ente que faltando a la norma, se presume, participó como custodio de papeles que no estaban inscritos en el catastro público, uno de los motivos por los que hoy está intervenido por la Superintendencia de Compañías.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien se desempeña como presidenta del Directorio del Isspol, mencionó que las inversiones se dieron mediante dos tipos de operaciones: swap (que implica la venta de bonos de deuda interna por más de $ 327 millones) y reportos (por $ 205 millones, que estarían relacionados a bonos de deuda externa).

Según los expertos, lo primero que se debe aclarar es si estas negociaciones implican realmente bonos externos, tal como lo asegura Jorge Chérrez, representante de Ibcorp y HYBF, empresas domiciliadas en Panamá que canalizaron el dinero de Isspol.

“Mientras no se conozcan con exactitud esos contratos, qué porcentaje de bonos existía por cada dólar invertido, si los bonos son manejados por Chérrez en un pool de varios inversionistas o solo para el Isspol, será imposible” saber la ruta del dinero e iniciar la recuperación, dice Dahik.

Transparentadas las características de estos títulos valores, añade Vidal, estos deberían cotizarse en el mercado para saber lo que el Isspol gana o pierde. “Habrá que vender estos papeles, aunque sea a su valor nominal. Quinientos millones de dólares tienen que haber. ¿Cuánto valen en el mercado? Eso es lo que hay que ver”, opina Vidal.

De existir perjuicio como sospecha, cabe que se ejecuten las denuncias ya presentadas en el país (en contra de exdirectivos y exadministradores de Isspol por un manejo de inversión) y posibles demandas civiles en cortes internacionales, según dónde esté operando la contraparte que firmó estos contratos (presumiblemente las firmas de Chérrez).

Por este caso, actualmente está en pie una denuncia penal en contra del Decevale, interpuesta por la Superintendencia. Isspol, por su parte, también ha presentado denuncias por abuso de confianza contra exfuncionarios de Isspol y Chérrez.

El caso también está siendo investigado por la Comisión de los Trabajadores y de Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Bairon Valle, legislador y miembro de esta mesa, admite que el caso aún es muy confuso y que la labor hoy está centrada en recabar los detalles de la información que se requiere para definir la magnitud del problema y señalar responsables. Por ello, dice, han pedido que los directivos del Isspol comparezcan el próximo lunes a la Asamblea. “La ministra Romo no puede decir muy suelta de huesos que esto igual está cubierto y que el Estado debe responder por esto”.