Difusión roja para Chérrez, tras dos años de investigación

Ha sido señalado como el principal artífice y responsable de la trama de corrupción que dejó en el Isspol un vacío de $ 950 millones en sus cuentas, pero sobre Jorge Chérrez no se había dictado ninguna acción en firme para efectivizar su captura. No hasta el pasado lunes, día en que la jueza Gianella Noritz decidió ordenar difusión roja, para que la Policía internacional (Interpol) intervenga con su detención y extradición.

Pero para llegar hasta allí ha sido necesario esperar dos años, lo que desvela el ritmo con el que la Justicia avanza para resolver este tema. El fiscal César Suárez, quien emite la solicitud de difusión, ve esto como un logro que se ha dado, admite, con varias dilaciones en el caso Decevale, el proceso que le ha tocado investigar desde julio de 2021, casi un año después de que la Superintendencia de Compañías denunciara irregularidades en la negociación de títulos valores que le pertenecían a Isspol.

La demora se atribuye, en parte, a la gestión que ha tenido que llevar la propia Policía, dueña de los recursos hoy perdidos. Sin un parte policial que estableciera la real ubicación internacional de Chérrez, no era posible hacer esta solicitud. El documento, señala Suárez, recién llegó a su escritorio el pasado jueves, el mismo día que se inició el pedido de difusión. “Chérrez está con prisión preventiva en el país. Cuando el juez dicta la prisión oficia a la Policía. Esta tiene que agotar las posibilidades de encontrarlo. Chérrez sale por Colombia. Una vez que ha agotado las posibilidades de hallarlo aquí y en Colombia y logra tener la alerta de que está en México, ahí es cuando se emite el parte”, detalla.

En el caso Decevale, Chérrez es investigado, junto a otros actores, por presunta falsedad de información en la negociación de títulos valores por casi $ 700 millones, que el Isspol creyó en un inicio que eran custodiados por el Decevale (Depósito de Compensación y Liquidación de Valores), pero que en realidad, según las investigaciones, terminaron siendo gestionados por Chérrez y sus empresas.

Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), quien lidera la labor de recuperación de recursos, reconoce que ubicar a Chérrez era parte de un proceso “en el que se deben cumplir fases y formalidades”. No obstante, aclara que a las demoras también se deben sumar las constantes dilaciones legales: cambio de fiscales, recusación de jueces y suspensión de audiencias que han evitado hasta ahora, dos años después, tener resultados o algún detenido por este proceso.

En todo caso, esta orden de difusión sobre quien se cree ha sido el principal urdidor de la trama de desfalco al Isspol, es una luz de esperanza. Una difusión roja, señala González, limitará la movilidad de Chérrez y sus posibilidades de evadir a la justicia. “La Interpol está integrada por casi 200 países y el tener sobre sus hombros una orden de difusión, no le permitirá trasladarse como estaba acostumbrado”.

Conscientes de que el paradero de Chérrez es México y que se mueve entre las ciudades de Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México, “esperamos la colaboración de las autoridades mexicanas para que hagan efectiva esta detención, para que en algún momento determinado rinda cuentas a la justicia ecuatoriana”, dice González.

Una vez que sea ubicado y detenido, Chérrez deberá ser extraditado a Ecuador, un proceso que podría tardar entre 20 y 30 días, prevé el fiscal Suárez.

El funcionario judicial explica que el caso Decevale atraviesa la etapa de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio (en la que el juez debe identificar posibles vicios del caso y descartar algún tipo de nulidad). Está previsto que este evento se retome el próximo martes 23 de agosto, en Guayaquil.

Pero Chérrez no es el único procesado en este caso. También están otros actores que desde el 2014, de forma esquemática, serían responsables del inadecuado manejo de recursos en bonos y obligaciones que pertenecen al Isspol. Junto a él, también se investiga el actuar que en su momento habrían tenido Rodolfo Kronfle, como presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y del Decevale, y Carlos Carbo Cox, gerente general, también del Decevale. Sobre ambos se aplican medidas cautelares como el arresto domiciliario. En el listado también están Oriana Rumbea, quien fue gerente de la BVG y gerente administrativa del Depósito y a quien, según recuerda Suárez, se le reemplazó el arresto domiciliario por su presentación periódica ante la Fiscalía; y Luis Álvarez, gerente de operaciones del Decevale, quien está siendo procesado en EE. UU., país donde Chérrez, desde noviembre de 2021, fue declarado como prófugo de la justicia, en medio de las investigaciones que esa nación lleva por el pago de sobornos y lavado de activos, que involucran recursos del fondo policial.

En Ecuador, Chérrez también enfrenta indagaciones por el caso Peculado, otra de las 16 diligencias judiciales que en total la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas por este tema. Nueve de ellas están en Guayaquil.

Son varios los procesos, pero aún no hay culpables ni detenidos. Es una justicia que para el Isspol está llegando por goteo. La falta de las millonarias inversiones, según ha explicado González, ha empezado a reflejarse en ciertas deficiencias en el servicio de salud y el acceso a crédito para los más de 80.000 policías afiliados y jubilados, que hoy son los reales perjudicados. En julio pasado, ellos ya advirtieron con manifestaciones. El primer plantón se llevó a cabo ayer en Quito, para reclamar por el cálculo que por ley se aplica a sus pensiones, lo que deriva en menores pagos.