Dos candidatos presidenciales rechazan la reforma del Banco Central
Andrés Arauz y Yaku Pérez desaprueban el proyecto de ley. Uno de los ejes claves de la reforma es acumular reservas. Estos son los seis puntos clave.
Segundo intento. El Gobierno de Lenín Moreno envió a la Asamblea, la tarde del lunes 8 de enero, el proyecto de ley que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE).
Andrés Arauz muestra dos caras en política económica
Leer másMarco López, miembro de la Junta Política y Regulación Monetaria, aseguró a EXPRESO que se hicieron los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas por el Legislativo.
El candidato del correísmo Andrés Arauz aseguró ayer que rechazan la propuesta legal. Mientras que el candidato por Pachakutik, Yaku Pérez, al ser preguntado “qué piensa sobre la privatización de la entidad”, dijo que no estaba de acuerdo con la medida.
Los puntos claves del proyecto de ley
Reorganizar funciones
- Completar cobertura: Entre las propuestas transversales del proyecto de ley está acumular gradualmente reservas internacionales, con el objetivo de que la Reserva Internacional del Banco Central del Ecuador respalde la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional y del sector público depositados en la entidad, así como la moneda fraccionaria en circulación. Actualmente, según Asobanca, las reservas cubren el 83 % el Sistema de Canje y Reservas Financieras. La propuesta legal también prohíbe completamente el financiamiento al Gobierno central, como ocurría en el gobierno anterior.
- Reorganizar funciones: Otro de los objetivos de la propuesta legal, que llegó con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, es reorganizar la base institucional que gobierna al Banco Central del Ecuador, así como a la Junta de Política y Regulación Financiera, bajo un marco legal que les otorgue a los organismos objetivos y funciones específicas, autonomía técnica e institucional, con el fin de respaldar el régimen de dolarización, el sistema financiero y los regímenes de valores y seguros. Por ejemplo, con la propuesta que llegó desde el Ejecutivo, el Banco Central deberá fijar las tasas de interés del sistema financiero, papel que actualmente lo cumple la Junta de Política Monetaria.
- Una entidad con directorio: La propuesta legal también incluye proceso de designación de las autoridades de sus órganos de gobierno constituye también un eje relevante. Debido a las críticas en la Asamblea Nacional, en 2019, cuando el proyecto fue rechazado, la propuesta legal quita el “hiperpresidencialismo” para designar el directorio, aseguró López. El Directorio estará conformado por cinco miembros, dos de los cuales serán miembros a tiempo completo y tres serán miembros a tiempo parcial. La Asamblea será la encargada de nombrar el directorio de una terna enviada por el presidente.
- Seguro de depósitos: En lo referente a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), el proyecto de ley busca alinear la normativa a prácticas internacionales que establecen que el asegurador de depósitos deberá contar con la recuperación adecuada de los recursos de sus fondos, a fin de maximizar la cobertura de los depositantes. Actualmente, el Seguro tiene una cobertura limitada que varía de acuerdo a la entidad. El monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras es de $ 32.000.
- Los entes de control: El proyecto también contempla reformas a los entes de control y supervisión del sistema financiero nacional, es decir, superintendencias. Se propone la reforma en las normas que enmarcan los parámetros o principios de supervisión y las competencias sancionadoras de los entes de control y supervisión, donde se plantea el procedimiento administrativo para aplicar sanciones a sus entidades reguladas, incluido la Seguridad Social.
- Tasas de interés: La propuesta legal plantea 20 funciones específicas al Banco Central. Una de ellas es la fijación de tasas de interés. Entre esas tareas está establecer el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, promoviendo el desarrollo de crédito prudente. Actualmente, ese papel lo tiene la Junta de Política Monetaria.