La economía del crimen

El crimen organizado les roba a todos: al Ecuador, la paz; a la ciudadanía en general, la esperanza; e incluso a sus miembros, el futuro. Entre 2019 y 2022, se incrementó un 271 % la incautación de droga, y a la par se incrementó en 290 % el número de homicidios, calculados por cada 100 mil habitantes. Ante la ola de inseguridad, la intuición nos dice que la principal respuesta debe ser de las fuerzas del orden. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y refleja un defectuoso macrosistema entre prevención, respuesta efectiva, justicia y rehabilitación social, con varios problemas latentes que deben ser abordados integralmente.

Algunos de los datos que evidencian lo dicho: hay cerca de 2.000 pistas de aterrizaje no controladas por la autoridad aeronáutica (según las FF. AA.) y que facilitan el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito; cerca del 40 % de los privados de libertad (alrededor de doce mil personas) siguen sin sentencia, lo que se suma a una percepción de inseguridad; el 35 % de los presidiarios son reincidentes y casi un tercio de ellos están condenados por tráfico de sustancias.

Los grupos de delincuencia organizada (GDO) han aprovechado varios lustros de ausencia estatal y, en algunos casos, su complicidad, para instalarse no sólo como una estructura de negocios ilícitos, sino también como una promesa de movilidad social, en la que los jóvenes se han convertido al mismo tiempo en víctimas y victimarios. Así, al día de hoy, el 60 % de asesinados con armas de fuego son jóvenes (15-34 años); el 60 % de los detenidos por narcotráfico, armas, asesinatos y secuestro son menores de 29 años; y ya al 2016 había un incremento del 60 % de incremento de violencia de pandillas reportada por niños, niñas y adolescentes (OSE, 2016). Es decir, cada vez más jóvenes, a más temprana edad, son reclutados por los GDO, exponiéndolos como una primera línea de sus actividades, como un escudo que protege a los grandes capos.

Utilizables, reemplazables, descartables. Para los GDO, es muy fácil reemplazar a sus miembros muertos o encarcelados. Si tomamos como base el ejercicio planteado por a Prieto-Curiel et al., (2023), para el caso de México, se pueden hacer simulaciones referenciales respecto a las dinámicas de la población dentro de los GDO ecuatorianos.

Estimando una población de 31 mil miembros de GDO, las simulaciones realizadas estiman que la misma crecerá hasta 46 mil para el año 2028. Si es que se incrementa la capacidad del Estado de detener a sus miembros en un 50 %, o si se consigue atacar las estructuras criminales en un 50 % adicional, los resultados en cuatro años serán casi idénticos. Solo la reducción de las tasas de reclutamiento en un 50 % lograría en cinco años una reducción del 26 % de la población esperada conforme el escenario base. Es decir, si no se logra reducir el reclutamiento de jóvenes, cualquier lucha contra el crimen será insuficiente.

Para ello, lo primero es entender qué motiva a una persona a cometer un delito. La economía del crimen muestra distintos factores:

1. Si la probabilidad de recibir castigo y responder ante la ley es baja, entonces el delito solo ofrece beneficios. La impunidad, la aceptación de la corrupción y la baja credibilidad en la justicia abonan a la concepción de que el crimen paga bien.

2. Si existe la percepción de que obedecer la ley o estudiar no reporta beneficios, o que la democracia no se traduce en políticas para los menos favorecidos, entonces se tienen mayores incentivos para optar por actividades ilícitas.

3. Y lo más importante: situaciones de vulnerabilidad familiares, emocionales y psicológicas, el sentimiento de abandono social o estatal, alimentan el deseo de pertenencia y protección (lo que en la doctrina se conoce como bienes club). Aquí, los GDO se convierten en espacios de pertenencia y una especie de vehículo de reivindicación individual a través del cual recuperar dignidad, así sea a través del terror que infunden.

A estos elementos se suman otros no menos importantes como la narcocultura, cada vez más impregnada a través de la idealización de un estilo de vida lleno de lujos y de la construcción de falsos referentes alrededor de criminales que han sido romantizados y convertidos en antihéroes a punta de guiones. Nada más lejano de la realidad, pues lo que les espera a los jóvenes reclutados no tiene nada de glamoroso: su esperanza de vida se reduce de 75 a 34 años y con ello también sus ingresos.

¿Cómo desmontar la incidencia de la estructura criminal?

Entonces, ¿qué pueden hacer el Estado y la sociedad para combatir este fenómeno? Acciones holísticas, simultáneas e intersectoriales:

1. Comunicar los ‘costos’ de ingresar a GDO y los beneficios de respetar la ley: estigmas, muertes prematuras, entre otros. Combatir la cultura narco y a los falsos referentes, para reemplazarlos con referentes positivos y modelos a seguir. Las familias, el barrio, las ciudades y la sociedad en su conjunto deben ofrecer espacios de los cuales los jóvenes se sientan parte y donde puedan desarrollar un proyecto propio de vida.

2. Enfoque de salud para justicia y seguridad - Tribunales de drogas. El consumo de sustancias debe tratarse como un problema de salud junto con las autoridades sanitarias, con penalidades relacionadas con la rehabilitación (hay ejemplos exitosos en Portugal, Canadá y Uruguay).

3. Fortalecer la certeza de sanción, imparcialidad y eficiencia procesal. Implementar sistemas distintos para el tratamiento de cierto tipo de delitos bajo la premisa de que ciertos delitos y quienes los comenten son considerados “enemigos del Estado de derecho” (Günther Jakobs) y no pueden tener las mismas garantías procesales o penas que un delincuente común.

4. El deporte y la cultura como un potente disuasivo. No solo brindan formación extracurricular sólida (UNODC, 2020), sino que pueden aglutinar a diferentes actores, incluyendo la propia empresa privada (Hartmann & Depro, 2006).

5. Programas de capacitación para jóvenes en riesgo de unirse a GDO. Mapear y apoyar a los jóvenes más vulnerables y con riesgo de deserción con programas de mentoría, empleo y desarrollo de habilidades (Kieselbach et al., 2016).

6. Rescatar la gestión descentralizada, regulaciones e inversión estratégica desde los GAD para, entre otros objetivos, lograr un mejoramiento del espacio público y una corresponsabilidad en medidas de prevención y salud.

No hay respuestas sencillas, ni soluciones mágicas. Sin embargo, la evidencia apunta a que la prevención es el camino más eficiente y que debe estar siempre de la mano de una actuación policial y judicial eficiente.

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