Ecuador busca dar seguridad jurídica a los inversionistas
El país regresa tras 11 años al Ciadi para atraer capitales. En el corto plazo, la adhesión le permitirá suscribir un acuerdo comercial con México.
Un paso en la búsqueda de capitales frescos. Ayer, Ecuador firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones también conocido como Convenio del Ciadi.
La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, fue la encargada de oficializar el acuerdo que convierte el país en el Estado número 164 en adherirse a este convenio.
“Resolver reclamaciones con los inversionistas extranjeros de manera eficiente y justa es fundamental para desarrollar un entorno empresarial competitivo”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial y presidente del Consejo Administrativo del Ciadi.
Durante la campaña electoral, el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, habló de un ‘shock’ de inversiones para inyectar liquidez a la economía nacional con el fin de acelerar la recuperación económica tras la crisis agravada por la pandemia de COVID-19.
Según el Gobierno, el regreso al Ciadi permitirá que Ecuador se encuentre con nuevos socios comerciales y fortalezca las relaciones con quienes ya mantiene alianzas.
“El país robustecerá la agenda de integración con otras naciones y organismos. Por ejemplo, México condiciona un acuerdo comercial al regreso a Ciadi, lo cual se convierte en un canal estratégico para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Igualmente lo hacen otros países como Canadá, Catar, entre otros”, señaló el Gobierno, a través de un comunicado de prensa.
¿Qué efectos puede tener para atraer inversiones? Para Felipe Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham), el país busca dar confianza para atraer capitales. “¿Qué pasa si hay un problema que hay que dirimir? (...) El inversionista va a buscar que las reglas que se apliquen sean las reglas del mundo, no las reglas ecuatorianas o las reglas que se le haya ocurrido ponerlas”, dijo Espinosa.
Mientras que el Clúster Bananero del Ecuador, organización que agrupa a los principales gremios de productores y exportadores de banano del país, mira con positivismo que Ecuador se convierta en el Estado número 164 en firmar el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, "porque esto da muestra de un país renovado con un enfoque distinto sobre las inversiones del sector privado".
“Como Clúster Bananero celebramos la firma del Convenio con Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Un primer y gran paso en confirmar la voluntad del Ecuador de promover el comercio, la inversión extranjera y respetar la seguridad jurídica, lo que conlleva a mejores oportunidades de desarrollo de nuestro país", señaló el Clúster Bananero en un comunicado.
“Damos la bienvenida a la firma del Convenio por parte del Ecuador. La firma de hoy (ayer) confirma el compromiso del país para fortalecer su clima de inversión. Brindar acceso a un mecanismo imparcial para el arreglo de diferencias reduce el riesgo y brinda mayor confianza a los inversionistas, lo que conduce a la atracción de importantes flujos de inversión y la generación de más oportunidades de desarrollo para todos”, dijo Meg Kinnear, secretaria general del Ciadi.
El país había sido parte de este convenio hasta 2009. En ese entonces, el expresidente Rafael Correa firmó un decreto que “denuncia y, por tanto, declara terminado” el Ciadi, del Grupo del Banco Mundial el 2 de julio de ese año.
Dentro de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Correa para separarse del Ciadi, del cual formó parte desde 1986, está el conflicto que este representa respecto a la nueva Constitución de 2008.
La misma, en su artículo 422, declara inconstitucional que Ecuador se someta a arbitraje a menos que sea con un ciudadano latinoamericano y en un foro latinoamericano. El texto constitucional aclara que: “No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
