Ecuador debe conectar con el futuro

Al igual que la energía eléctrica, las telecomunicaciones son un servicio de primera necesidad en un mundo moderno y líquido. La comunicación inalámbrica es la tecnología de más rápida difusión en la historia. A inicios de los años 90 existían menos de 20 millones de abonados en el mundo, mientras que para 2023 ya se cuentan con 5,5 mil millones de usuarios. En ese mismo año, en el mundo se usaron 136,6 Exabytes (miles de millones de gigabytes) y se estima que para 2029 la demanda escalaría hasta 466,2 Exabytes. Prácticamente 4 veces en 6 años.

El avance de difusión e impacto de las telecomunicaciones se desenvuelven bajo un crecimiento vertiginoso. No solo que impulsa el crecimiento y desarrollo, sino que además ha brindado campo para nuevos sectores. Al mismo tiempo, mientras la industria proyecta la adopción del estándar 6G, en países como Ecuador el desafío inicia por la adopción completa de 4G, así como las desigualdades en cuanto al ancho de banda y penetración efectiva de las telecomunicaciones.

La evidencia demuestra que más allá de la comunicación, la conectividad es un instrumento poderoso para promover el desarrollo y la movilidad social. En particular, (BID, 2022) estima impactos de alrededor de 6% en los ingresos, 0,8 puntos porcentuales de crecimiento en empleo y entre 1,8% en formalidad, por la adopción de banda ancha. Con diferencias entre la capacidad de aprovechamiento para las zonas rurales y los segmentos con menos nivel educativo.

Se estima que aún hay 4 millones de personas que requieren de conectividad 4G, la mayoría de ellas en áreas rurales, en cerca de 220 parroquias que aún no tienen niveles óptimos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Mucho de esto responde a una mala política pública, pues desde hace cerca de 15 años el Gobierno diseñó un impuesto disfrazado de tasa que obliga a las empresas telefónicas a pagar un 1% de su facturación, obligando a que ese pago sea en una transferencia al Presupuesto General del Estado y prohibiendo que pueda devengarse directamente en obras por parte de las empresas telefónicas. Teóricamente, esos recursos los debía haber utilizado el Estado para construir infraestructura en zonas lejanas, de difícil acceso o donde el número de usuarios hacía menos atractiva la inversión privada. Sin embargo, como casi siempre pasa con las prácticas intervencionistas estatales, ni se construyó la infraestructura requerida ni tampoco se cuenta con un fondo para utilizarlo en cerrar la brecha digital.

¿Qué progresos tendría el país si se apuesta por la conectividad?

Conectar a estos 4 millones de personas generaría un incremento del PIB de casi 1,3%, equivalente a 1.400 millones de dólares, y abriría innumerables oportunidades para los ciudadanos. Telemedicina, formación continua, contacto entre productores agrícolas y compradores sin intermediarios, fortalecimiento de la estrategia para erradicar la desnutrición crónica infantil o generación de habilidades para estudiantes son solo algunas de las iniciativas que fueran posibles si las comunidades rurales más pobres del país estuvieran conectadas.    También se incrementaría en un 7 % el porcentaje de estudiantes matriculados en educación inicial, básica y de bachillerato,    habría una retención adicional del 50% de estudiantes hasta completar el bachillerato y que un 70% de estudiantes mejoraría sus competencias en matemáticas y tecnología, ayudando especialmente a cerrar las brechas para estudiantes mujeres.

También se crearían, solamente por efectos de esa conectividad, hasta 110 mil plazas de trabajo. En este sentido, se necesita una penetración significativa para capitalizar los beneficios de una mayor cobertura, principalmente en las zonas con condición socioeconómica más compleja, pero también políticas complementarias que faciliten adopción y aprovechamiento, tanto de formación, conectividad, redes sociales como oportunidades comerciales que facilitan las telecomunicaciones.

Si analizamos el Índice de Desarrollo de TICs 2024 publicado por ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para Ecuador, si bien los indicadores de cobertura son razonablemente buenos, la penetración de banda ancha y el nivel de tráfico son indicativos del desafío, tanto frente a los países de la región, como a aquellos de similar nivel de ingresos.

Al mismo tiempo, si bien en la métrica comparativa Ecuador tiene desempeños razonables, no es menos cierto que el desafío regional es llevar la conectividad a las zonas rurales, que siguen siendo las más rezagadas, y cuya desconexión ya marca serias barreras a nivel de movilidad social (educación, microfinanzas, etc.).

Castells, et all (2011) en un estudio de caso en el Puno, Perú, encuentran una serie de efectos importantes de la difusión de la conectividad en la dinámica rural. No solo en la cohesión familiar (contacto con migrantes), sino también a nivel de organización, coordinación y microcoordinación de relaciones económicas de producción, comercio y adquisición de servicios agropecuarios. Los autores estiman un 21% de impacto en bienestar solo en el primer año.

En definitiva, la infraestructura de banda ancha facilita la diversificación de la economía local, atraer y retener trabajadores del conocimiento y emprendedores en el hogar. No obstante, los estudios también señalan que si bien la infraestructura y la conectividad per se facilitan los procesos de desarrollo y movilidad social, se requieren intervenciones complementarias y especializadas para su aprovechamiento en la dinámica agrícola y los grupos de mayor edad (Meng et al., 2023).

¿Por dónde empezar?

Para identificar el camino para avanzar hacia soluciones factibles podemos revisar el caso de Corea del Sur, que ha logrado posicionarse como líder mundial en conectividad de banda ancha gracias a su modelo de alianzas público-privadas. Su estrategia: Broadband Convergence Network (BCN) combinó el apoyo gubernamental (subsidios, regulación inteligente, etc.) con la innovación del sector privado, acelerando el despliegue de infraestructuras de alta velocidad a costo reducido. Esto ha permitido fomentar el comercio electrónico y los servicios digitales con gran impacto en la sociedad, especialmente en la cultura digital, incluso remodelando los espacios urbanos.

En países como México (MXT Holdings de México Infrastructure Partners -MIP) y Canadá (Caisse de dépôt et placement du Québec - CDPQ) se han canalizado fondos de inversión gubernamentales para estimular la inversión privada con un esquema de participación pública con el fin de ampliar cobertura y el uso de infraestructura compartida. Estos fondos cubren parte de los costos de expansión, lo que hace que impulsa proyectos que de otra manera no se realizarían.

Por otro lado, no se trata solo de cobertura, sino también de darle un valor para la ciudadanía, la conectividad tiene el poder de transformar al Estado y su relación con los ciudadanos. Estonia, un país de tamaño similar a algunas provincias de Ecuador, es otro ejemplo revelador. El programa e-Estonia ha logrado llevar el 99% de los servicios gubernamentales en línea. De esta manera se promueve una administración (tributaria, aduanera, transporte, etc) eficiente y facilita la inclusión financiera, participación ciudadana, etc., especialmente en áreas rurales.

Estos casos ilustran cómo la cooperación puede optimizar la cobertura y calidad del servicio y al mismo tiempo incidir en el crecimiento tecnológico en el sector. Ecuador podría implementar estas lecciones con enfoque en áreas rurales para incentivar la inversión en infraestructura, sin perder de vista políticas complementarias que permitan maximizar el aprovechamiento de los servicios digitales. El desafío es lograrlo y permitir a miles de las familias más vulnerables “conectar con el futuro”.

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