El costo de la deshonestidad pesa en el bolsillo de todos

Ecuador es un país con obstáculos para la generación de oportunidades reales. Adolece de un alto índice de desnutrición crónica infantil, limitado acceso a educación de calidad y a recursos tecnológicos, lo cual profundiza la inequidad.

Hay dificultades en lograr consensos alrededor de grandes objetivos nacionales, tales como condiciones propicias para atraer inversiones y generar empleo o una agenda de sostenibilidad. En este espacio convive la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, contaminando importantes sectores de la sociedad e instituciones públicas.

Mucho se puede escribir sobre las causas de estos problemas, pero hay un factor que usualmente está asociado a cada uno de ellos: la deshonestidad. Lamentablemente, este antivalor es cada vez menos importante para los ciudadanos en el momento de tomar decisiones, ya sean electorales, al momento de exigir cuentas a autoridades y funcionarios o en sus actuaciones del día a día.

Desde hace mucho que la deshonestidad se ha propagado y con ello una terrible aceptación social, como si sufriéramos un fatalismo inevitable de tener que convivir con ella. Quizás una de las razones para que se haya perdido el asombro ante ella es porque no se entiende sus efectos en la realidad de cada persona. La deshonestidad produce enormes costos, factura que pagan todos: ricos, pobres, asalariados, emprendedores, desempleados, adultos y niños. La corrupción no solo desgasta la confianza en las instituciones, sino que también destruye el contrato social y mina las condiciones para generar oportunidades de desarrollo. Incrementa el costo de la obra pública, lo cual reduce el acceso a bienes y servicios de primera necesidad.

Desvía recursos de la prestación de servicios restringiendo su acceso. Se estima que a nivel global la corrupción podría alcanzar al menos el 8% del total de la contratación pública (BM 2023). En Ecuador, esto es más de $ 500 millones al año. Suficiente para, por ejemplo, financiar el cierre de la brecha de acceso a agua segura en 4 años. Es decir, podría reducir al mínimo los problemas de desnutrición crónica infantil, que condenan a millones de ciudadanos a una vida con mucho menos oportunidades. O podría financiar 1.000 megavatios firmes de generación eólica, fotovoltaica y térmica en tan solo 2 años.

Es decir, energía segura que contribuiría a ser más productivos. También se podrían financiar más de 50 mil becas, lo que nos convertiría en un país con enorme capacidad para innovar y mejorar ingresos. Por cada mes de demora en la ejecución de un proyecto no solo se agregan costos reduciendo recursos para posibles nuevas obras, sino que también dilata el acceso a servicios y afecta a las poblaciones en al menos un 1,3% del valor del proyecto en beneficios socioeconómicos (esto es: gastos evitados, costos de salud, entre otros). La deshonestidad afecta la calidad de los servicios públicos, el alcance de estos y la velocidad con la que las necesidades pueden ser atendidas.

La deshonestidad también nos hace inseguros y víctimas de violencia. Según el Índice Global de la Paz (2024), a nivel mundial el impacto económico de la violencia fue de 13,5% del PIB durante 2023, es decir, $2.380 por persona. Estimaciones del IEP (Institute for Economics & Peace) sugieren que la existencia del delito comprime el consumo en 23%, las exportaciones en 30% y el crecimiento del PIB en 25%; es decir, la deshonestidad fomenta los delitos y ese incremento tiene un impacto directo en el empleo y en los ingresos.

IEP estima cerca de 15 puntos del PIB el impacto (costo + efectos colaterales) de la violencia en Ecuador (2023), el segundo más alto de la región (esto es bastante más de la mitad del Presupuesto General del Estado). De este costo, al menos 6% correspondería al gasto privado en seguridad, excluyendo el costo para los hogares. Otras estimaciones hablan de un gasto de bolsillo (empresas y hogares) por seguridad de cerca de 1,5 puntos del PIB al año (BID 2017).

La deshonestidad destruye a las instituciones y sus efectos se agravan cuando, por ejemplo, el sistema de justicia está contaminado, esencial para que exista un estado democrático de derechos. Si la probabilidad de castigo desaparece, hacer lo incorrecto solo tiene beneficios y por lo tanto hay un incentivo mayor a cometerlos. También impacta de manera grave la confianza en el otro, afectando desde las relaciones vecinales hasta el clima de negocios del país.

Según la Fiscalía y Ministerio del Interior, anualmente se detienen o aprehenden en presunta flagrancia a cerca de 58 mil personas. Sin embargo, para 2022, según el SNAI, cerca del 12 mil (40%) de privados de libertad siguen esperando sentencia. Con base en cifras del Consejo de la Judicatura, se estima que, paralizando todo, tomaría cerca de 6 meses solo resolver las causas penales pendientes a fin de 2022, mientras que para las causas no penales la cifra alcanza 19 meses.

Adicionalmente, según el censo penitenciario de 2022, los presidiarios son principalmente jóvenes (40%, 65% de ellos con hijos menores de 18 años), que tenían alguna ocupación antes de ser detenidos (90%), y en buena parte contaban al menos con bachillerato (45%). Los centros de privación de libertad muestran condiciones muy lejanas a un espacio de rehabilitación social, 35% del total ya tuvo antecedentes penales.

Entre las principales causas de sentencia, 27,7% cumplen condenas por tráfico de sustancias, mientras que un 20,3% robo y un 17,6% violación o abuso sexual. Y la deshonestidad no está asociada solo a la corrupción o a otros delitos, sino también a la decisión (ya sea por desconocimiento o de manera manifiesta) de ignorar políticas responsables que pueden ayudar a reducir la pobreza.

Insistir en recetas con abundante evidencia de fracaso, por ejemplo, alrededor de un régimen laboral que destruye el empleo adecuado o decisiones económicas que condenan al Ecuador a mantener niveles de endeudamiento insostenibles y que desvían recursos de los más pobres, son otra cara de la misma moneda. La deshonestidad consume recursos y futuro, y combatirla también debería ser parte de un gran acuerdo nacional.

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