En Ecuador urge apostar por lo privado

La crisis energética, la caída en la producción petrolera o la dificultad para obtener una simple cédula de identidad son ejemplos de lo deficiente para administrar que es el aparato público. Estos son problemas que se han acumulado durante años, cocinados con la misma receta muy parecida: enormes inversiones para beneficio de políticos que buscan asociarse a pomposas inauguraciones; declaraciones siempre adornadas con referencias a soberanía o recuperación de la patria; y, finalmente, la quiebra de estructuras obesas e insostenibles.

El Estado casi siempre fracasa cuando deja su rol de conductor de políticas y se convierte en empresario. El pragmatismo económico hoy en día se ha convertido en una necesidad de primer orden. Las urgencias superan las ideologías y las ineficiencias del sector público se vuelven cada vez más difíciles de justificar. Lo que importa no es quién provea los servicios o construya la infraestructura, sino que lo haga más rápido, a menor costo y con la mayor utilidad para la ciudadanía. Sobran los ejemplos de cómo una política que privilegie la eficiencia resulta siempre en beneficio de los ciudadanos:

1. Salud

El programa Farmacia Popular de Brasil distribuye medicamentos subsidiados en colaboración con farmacias privadas. Esta alianza ha brindado accesibilidad a medicamentos a millones de brasileños, y ha sido crucial, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19. Estudios muestran cerca de 30 % de reducción en muertes y un 8 % de reducción de hospitalizaciones por hipertensión y diabetes, principalmente en adultos mayores (de Almeida et al., 2019). El sector público no lo habría logrado solo. Por otro lado, un millón de personas acceden a servicios médicos de calidad con la delegación de la construcción del ‘Hospital del Suburbio’ en Bahía, una de las zonas más pobres de Brasil.

El socio privado es responsable de equipar, mantener y operar el hospital por un período de diez años, con $ 23 millones en el primer año para equipar el hospital y se espera que inviertan un adicional de $ 9 millones durante la vida de la concesión.

2. Educación

Frente a los problemas de costos, demoras y dificultades de gestión del sector público, se presentan soluciones de infraestructura basadas en inversión privada para la construcción y mantenimiento de escuelas. En Brasil más de 18 mil niños de los estratos más vulnerables se han beneficiado, mientras que en Uruguay se prevé una inversión de $ 430 millones para la construcción de 165 centros educativos (preescolares, escolares, secundaria y técnicos).

En Asia ya hay experiencias en las que los socios privados permiten dar el paso hacia la digitalización en el nivel superior, reduciendo las tasas de deserción, cierre y graduación para carreras universitarias y tecnológicas (Walsh et al., n. d.). Los esquemas y ejemplos son diversos (Banco mundial, 2023); por ejemplo, existe evidencia de que el esquema de vouchers en India resulta 60 % más barato que la provisión directa (Muralidharan & Sundararaman, 2015).

3. Infraestructura

La obra más cara es la que no existe. Autopistas, aeropuertos y sistemas de transporte han sido modernizados en Chile bajo un esquema en el que las empresas privadas financian, construyen y operan las obras a cambio de cobrar tarifas. Este modelo ha permitido que Chile cuente con una de las mejores infraestructuras de la región, sin riesgos para el Estado. Los ciudadanos acceden a servicios eficientes, oportunos y de calidad. Solo en el sector vial se estiman unos 2 mil kilómetros cubiertos con un monto de inversión cercano a $ 3,3 mil millones. Mientras tanto, en Ecuador las vías delegadas (concesionadas) son de las pocas que pueden mantener un estándar de servicio (8,6 % del total), al tiempo que proveen de recursos excedentes para un par de consejos provinciales. El resto, siendo apetecibles para un esquema de concesión, acumulan pérdidas de valor continuamente (más del 45 % de la red vial estatal se cataloga en mal estado).

4. Energía

La apertura de capital de Electrolima abrió la posibilidad de duplicar en Perú la productividad, incrementar cobertura en un 50 % y reducir en un 50 % las pérdidas técnicas, además de incorporar más inversiones de la mano de consorcios chilenos y de Canadá.

En la actualidad cerca de la mitad de la energía peruana proviene del sector privado. Así, tras las reformas de los años 90, la inversión privada en generación y distribución de energía ha logrado que el país no solo cubra su demanda interna, sino que también se convierta en un exportador neto de electricidad. La intervención privada, adecuadamente regulada, resolvió problemas estructurales que el Estado no pudo manejar. Esto se traduce en menores costos para los usuarios y una mejora significativa en la calidad del servicio.

En Colombia, la apertura del capital de Ecopetrol, donde los colombianos son los principales accionistas, y una reforma institucional cuyo manejo se desburocratizó y profesionalizó, le catapultaron a alcanzar el estatus de multinacional pública boyante con capital privado. Hoy, Ecopetrol enfrenta problemas porque nuevamente hay una visión estatista que ha afectado a su gobierno corporativo con casos de corrupción. Ecuador debería tomar estos ejemplos y promover una relación virtuosa entre el Estado y el sector privado. Hay que romper con dogmas perversos que se han utilizado para enfrentar la opinión ciudadana a mejoras y eficiencias. Debemos aclarar que:

1. Dar paso al privado no significa privatizar: Apoyarse en el privado no significa perder activos o hacer negocio a costa de los más pobres. Es posible focalizar subsidios en favor de los más pobres cuando sea necesario, evitando que precisamente sean ellos quienes paguen indirectamente por servicios caros e ineficientes en manos de lo público.

2. El Estado no es buen gestor de riesgos: El Estado no es eficiente en la gestión de riesgos asociados a grandes proyectos. Las limitaciones presupuestarias, los ciclos políticos y la rigidez administrativa suelen generar retrasos y sobrecostos. El sector privado, por su parte, tiene incentivos más claros para gestionar estos riesgos, ya que de su eficiencia depende su rentabilidad.

3. La regulación es clave: El pragmatismo y colaboración con el privado significa resolver problemas de manera eficaz e inteligente. Esto requiere un marco normativo estable y que proteja el interés público. La colaboración público-privada puede generar beneficios sustanciales para ambas partes.

4. Hechos frente a relatos: Muchos países han pagado caro por aferrarse a prejuicios arcaicos sobre la participación del sector privado en áreas tradicionalmente consideradas estratégicas. La realidad es que, mientras el debate sigue, mantenemos brechas de cobertura de servicios básicos, servicios de salud y educación ineficientes y caros, infraestructura que se deteriora (vías, plantas eléctricas, etc.).

Las experiencias exitosas deben imponerse a los dogmas. Se estima que cada año que se posponen $ 1.000 millones de inversión en infraestructura, se pierden más de $ 130 millones en beneficios económicos y sociales (costos evitados, acceso a salud, educación de calidad, productividad, etc.). Cada minuto perdido no solo implica más costos, sino menos oportunidades para todos, principalmente para los más vulnerables.

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