Tarjeta amarilla: “Por un barco no se puede afectar al país”

La industria atunera se alista para una gran prueba: demostrar en septiembre a la Unión Europea (UE) que, cinco años después, Ecuador es un país que hoy cuenta con todos los recursos necesarios para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y que, en consecuencia, merece que se le elimine la tarjeta amarilla, que por ese motivo, se le impuso como sanción.

La semana pasada, Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, para informar sobre la gestión realizada ante 14 nuevas observaciones hechas por la Convención General del Mar de la UE (DG Mare), luego de que en marzo, se hiciera una última auditoría sobre este tema. “En ese sentido, se prevé que el 1 de septiembre se envíe nuevamente un informe solventando cada una de las observaciones planteadas por el organismo europeo”, dijo la cartera de Estado en un comunicado. Estos temas están relacionados con la necesidad de unificar criterios para establecer sanciones, una mejor verificación de descargas en plantas y bodegas de la flota atunera y al arqueo de barcos.

No obstante, este último tema ha generado polémica en los últimos días, luego de que el asambleísta oficialista Ferdinan Álvarez denunciara ante el Legislativo, que entre las embarcaciones que supuestamente han infringido las reglas está B/P Amalis, perteneciente a la empresa Ecuavessel S.A., cuyo accionista principal es Jaime Nebot Bohrer, hijo del exalcalde Guayaquil. “Sabiendo que tenemos la tarjeta amarilla esta embarcación no ha sido sancionada, pese a las constantes infracciones en gobiernos anteriores”, dijo Álvarez.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), confirmó ayer a EXPRESO que Amalis es una de las embarcaciones observadas por la DG Mare, luego de hallar supuestas discrepancias entre los cupos que figuraban en los listados de la Comisión Interamericana del Atún Tropical versus los metros cúbicos que en realidad tendría la embarcación. Por este tema, dijo, se abrió un expediente, donde “se deberá establecer si el barco operó o no con unos metros cúbicos más allá de los autorizados. Pero digamos que, si ese fuera el caso, lo que corresponde es una sanción de acuerdo a la ley y listo”.

Leone señala que aún está por verse qué reportará el Ministerio a Europa sobre este tema, pero él cree que esto no debe ser impedimento para declarar el cumplimiento del país en la lucha contra la pesca ilegal y con ello mandar abajo la tarjeta amarilla. “Por un barco no se puede mantener a todo el Ecuador, a toda la flota atunera sometida a un estatus de tarjeta amarilla, que si bien es cierto, no ha    interrumpido nuestra dinámica comercial, porque nunca hemos dejado de exportar a Europa ni nada, sí molesta el hecho de que internacionalmente nos sigan viendo como un país que tiene este llamado de atención”, dijo.

Amalis niega pesca ilegal

EXPRESO contactó a representantes de Ecuavessel S.A. para conocer su versión sobre este tema, pero su respuesta solo se dio a través de un comunicado general, donde niega haber cometido infracción alguna, menos sobre pesca ilegal. “Es falso que el armador del BP Amalis sea responsable de las mediciones de las bodegas del buque. La responsabilidad de medir y certificar las bodegas recae en el Estado ecuatoriano. En cuatro ocasiones, la entidad encargada ha cometido errores en las mediciones de las bodegas del B/P Amalis. El 5 de abril de 2024 un nuevo arqueo realizado por la misma entidad ratificó los errores de las mediciones anteriores, lo que demuestra la arbitrariedad de las sanciones aplicadas y cómo hemos sido víctimas de esta negligencia”.

Por esta misma razón, dijo, Alvarez, tras el receso legislativo pedirá la comparecencia de las autoridades de la Dirnea (Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos) “para que expliquen estas dudas de lo que ocurrido... te equivocas una vez en la medición, pero no siempre. Además, lo que conocemos es que actualmente hay procesos administrativos que, si bien es cierto no están ejecutados, ascienden a $ 1,3 millones, según lo dijo la propia ministra”.

Según la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), en el 2023 Ecuador exportó $ 1.237 millones, lo que consolidó al país como el segundo exportador atunero a nivel global, después de Tailandia. Del total de su oferta, entre un 52 y 55 % tiene como destino Europa.

Leone confía en que este tema se resuelva de acuerdo con las normativas vigentes y siguiendo el debido proceso. Ecuador, dice, ha hecho esfuerzos muy importantes para poder garantizar la trazabilidad de los productos. “De la entrada de barcos de otras banderas a descargar a los puertos de los países, el Ecuador es el líder en eso y la propia Unión Europea nos ha felicitado y ha dicho que aspira a que nos convirtamos en un ejemplo en esta parte del mundo y que sea una especie de aliado de Europa en el control contra la pesca ilegal”.

Que esta tarjeta amarilla se elimine, explica Leone, no solo significa mejorar la imagen del país y su volumen de ventas, sino también poder abrir líneas de crédito con el Banco Mundial para poder renovar la flota atunera que ya sobrepasa los 40 años. Un proyecto que requiere hasta $ 60 millones de financiamiento.

“El incendio no tiene nada ver con la inspección”

La embarcación Amalis también está bajo la lupa de las autoridades, tras un incendio dentro de sus instalaciones que acabó con la vida de tres personas. No obstante, Ecuavessel S.A. aclara que este evento, ocurrido el pasado 3 de junio de 2024, es un accidente ocurrido “sin negligencia o dolo” y que nada tiene que ver con evitar las inspecciones de la autoridad.

“Son falsas las aseveraciones del asambleísta Álvarez Zambrano cuando menciona que el armador impidió la medición del barco, y que el día que se iba a realizar el capitán no se presentó y que, al día siguiente el barco se incendió y se destruyó por completo”, dijo en un comunicado.

El evento, enfatizó, no guarda relación cronológica con la inspección de arqueo realizada. “Un informe técnico del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y videos confirman que el incendio fue causado por un cortocircuito, sin evidencia de negligencia o dolo. Estos documentos han sido entregados a las autoridades competentes”.

Álvarez confirmó  estar también indagando este tema. Al respecto, dijo, está solicitando un informe del Cuerpo de Bomberos y Criminalística. “Habría que los hechos y ver si los familiares de estas personas fallecidas han sido legalmente resarcidas”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ