En Ecuador se han decretado tres alivios financieros para deudores desde 2020
La pandemia de COVID-19 y un paro han sido el contexto de las medidas para dar un respiro a deudores
Una medida que se ha repetido en los últimos años. El alivio financiero se ha vuelto frecuente tras la pandemia de COVID-19, cuyo inicio tuvo lugar en marzo de 2020.
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La medida se tomó debido a la para abrupta del sistema productivo por el confinamiento, lo cual causó una crisis económica sin precedentes, que provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 9,2 %, según el Banco Central del Ecuador (BCE).
En ese contexto, se estableció el primer alivio financiero. La entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Bancos emitieron la normativa con los lineamientos para la aplicación de la política de diferimiento extraordinario de créditos por la pandemia.
"En la etapa más dura de la pandemia (junio 2020), los alivios financieros representaron el 36% de la cartera de crédito total. Fueron más de 10.000 millones de dólares para 2,3 millones de operaciones, cifra que, por cierto, hubiese sido imposible de lograr sin una banca líquida, bien provisionada y capitalizada", aseguró la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).
A fines de 2021 se decidió extender las medidas de alivio financiero. "A partir del 1 de enero del 2022, los bancos privados y públicos, seguirán registrando la cartera vencida a los 61 días, sin afectar en el buró de crédito del sistema financiero, la calificación de riesgo de los ciudadanos que tengan operaciones en los diferentes segmentos crediticios", dijo la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF).
En julio de 2022 se decretó el segundo alivio financiero, en medio del paro del movimiento indígena. "La (JPRF), con el fin de favorecer al deudor del sistema financiero y fomentar la reactivación económica y productiva del país, aprobó la Resolución Nro. JPRF-F-2024-0120 en la que se establece la posibilidad de que las instituciones financieras consideren, caso por caso, la conveniencia de otorgar medidas de alivio financiero a sus deudores, a través de la reestructuración y refinanciamiento de deudas, con la facultad de otorgar períodos de gracia y líneas de crédito de emergencia para los deudores de los sectores Financieros Público, Privado y Popular y Solidario", señalaba la resolución.
A finales de 2022, la medida fue extendida a marzo de 2023, con una nueva resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera.
Finalmente, en 2024, nuevamente la JPRF determinó un nuevo alivio financiero. En esta ocasión, el beneficio es aplicable a créditos con saldos vencidos entre el 10 de agosto de 2023 y la fecha de expedición de la resolución (30 de agosto de 2024).
Las críticas de la medida
En anteriores ocasiones, representantes del sector financiero y de los organismos de control han señalado que las medidas de alivio deterioraron los balances de las entidades financieras.
La exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, señaló la medida como causante de los problemas que tienen algunas cooperativas del país.
También se señalaba que tras el fin de las medidas de alivio, la morosidad se reducía artificialmente porque se daba más plazo de registro de las deudas impagas en las entidades financieras del país.
