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El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en rueda de prensa este 2 de junio de 2021.René Fraga.

Ecuador planteará un plan de pagos de la indemnización a Perenco

El Estado ecuatoriano tiene 60 días para cancelar 374 millones de dólares sin contar intereses, según la Procuraduría General del Estado. 

Ecuador tiene 60 días, que se cuentan desde el 28 de mayo de 2021, para pagar la indemnización a la petrolera Perenco tras el laudo a favor de la empresa por parte de un comité constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Comité Ciadi).

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El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró este 2 de junio de 2021 que el monto a indemnizar a Perenco 435 millones. Mientras que Perenco debe pagar al Estado ecuatoriano 60,8 millones de dólares. Es decir, el monto a pagar a la compañía sería 374 millones de dólares, sin contar los intereses generados desde diciembre de 2019. 

"La decisión es una decisión definitiva y no está sujeta a ningún tipo de apelación. De modo que al Estado ecuatoriano le corresponde proceder a pagar en un plazo de 60 días", dijo Salvador. 

El Procurador señaló que en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas se pusieron en contacto con los abogados de Perenco para buscar un plan de pagos. Todavía no hay una propuesta específica para el pago.  

"Estamos esperando la respuesta definitiva de Perenco. Confiamos en que la compañía francesa tenga en cuenta la difícil situación por la que pasa el Estado ecuatoriano en cuanto a sus finanzas, agravada profundamente por la pandemia. Sería terrible que en estos momentos en el que el Ejecutivo enfoca todos sus esfuerzos en la reactivación económica y como primer paso la inmunización de todos los ecuatorianos, esos 400 millones tengan que ser dedicados a otros temas", dijo el procurador.    

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Salvador señaló que, en principio, la demanda de Perenco era de 1.400 millones de dólares y la gestión de la Procuraduría evitó el pago de esa cantidad. 

El Ciadi dictaminó que el Decreto Ejecutivo 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco. 

Con ese decreto, el Gobierno del expresidente Rafael Correó aumentó la participación mínima del Estado en las ganancias extraordinarias de las petroleras al 99 %. Además en 2010 Perenco y otras empresas petroleras extranjeras fueron presionadas para cambiar los contratos de participación a la modalidad de prestación de servicios.

El procurador aseguró que se buscará la repetición, es decir, un proceso a los responsables de los actos que propiciaron que el laudo arbitral haya sido emitido. "En 15 días estaremos presentado un proyecto de ley de repetición que recoja en un cuerpo legal que establezca procedimientos más eficientes". 

La principal lección para el país, según Salvador, no es buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas. Lo que parece una buena idea, en principio, termina pasando una factura a largo plazo, dijo el procurador.