Incentivos, condonaciones y prórrogas en paquete anticrisis

El Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento de las Generaciones en el Ecuador llegó  a la Asamblea Nacional, como una carta del Gobierno para frenar el desempleo en medio de la crisis energética que vive el país y que no tiene visos de una solución próxima.

La inestabilidad de la cota en las hidroeléctricas de las que depende la producción de energía en el país será la causa de que los cortes de suministro pasen de seis a ocho horas diarias el próximo domingo, según lo anunció la ministra de Energía encargada, Inés Manzano.

Con ese panorama, el nuevo proyecto de ley trae reformas tributarias, incentivos para las empresas y prórrogas de obligaciones para empleadores y empleados con la idea de dar un respiro a la economía, al menos hasta febrero próximo.

El documento de 15 páginas tiene dos capítulos, una disposición general, dos reformatorias, cuatro transitorias y una final. Gran parte del proyecto se enfoca en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Eso incluye la suspensión temporal de coactivas en curso o por iniciar entre noviembre y febrero y que los deudores accedan a facilidad de pagos; aplazamiento de pagos sin generar responsabilidad patronal, acceso inmediato a seguro de desempleo y pago de deudas de afiliados a través de fondos de reserva.

De acuerdo con el dictamen favorable emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, se debe considerar que el IESS dejaría de recaudar $ 1,4 millones (el promedio de los últimos cinco año) por concepto de responsabilidad patronal.

Por otro lado está el tema tributario. Las deudas menores a una remuneración básica unificada se declararían extintas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y cada Municipio o Prefectura podría optar por tomar esta medida también.

El SRI también entregaría incentivos fiscales a los empleadores que hayan contratado o no despedido personal de octubre a diciembre. Además, dejaría de percibir el impuesto a la renta de las universidades (del 1 al 2 %), pues se convertiría en un crédito tributario equivalente a becas para estudiantes de colegios fiscales o fiscomisionales.

Según el dictamen, el crédito tributario para los empleadores que no disminuyan plazas de trabajo causaría un impacto negativo de $ 46,04 millones.

Un alivio y una preocupación

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, hay que considerar mecanismos para darle más flexibilidad a la familia y al sector productivo, porque los apagones limitan la capacidad de generar ingresos, honrar las deudas y hacer pagos.

Dentro de lo positivo de la ley resalta la suspensión temporal de cobro de coactivas, el aplazamiento de pagos de aportes y el acceso al seguro de desempleo. Todo esto relacionado con el IESS. Sin embargo, le preocupa que en el proyecto se incluyan temas que implican pérdida de recursos fiscales, como la extinción de deudas y los incentivos fiscales para empresas que mantengan su nómina.

Si bien ambos tipos de medidas implican un costo, la primera se trata de flexibilidad y el dinero, al final, se recaudará. Pero en la segunda, hay pérdida. Por ello, dice Acosta, está bien diferir pagos, pero no condonarlos, “porque, finalmente, estamos cargándole al fisco más gastos y eso sale caro. Todos esos gastos los pagamos los ciudadanos y salen de más impuestos que el mismo Gobierno envió en la reforma que acompaña a esta (lavado de activos), que eleva impuestos sobre los vehículos”.

Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, señala que toda ley que represente un alivio para los ciudadanos es una buena ley y un reconocimiento al momento difícil que se vive en Ecuador, por el fuerte impacto de la crisis energética, que todavía es impredecible, pero que solo a “nivel comercio es de $ 18 millones por hora de apagón y 12 millones por hora, en la industria. Pero hay otros costos como el anímico de oportunidad, el daño de equipos, la pérdida de inventarios, el costo del diésel que nadie reporta y no se puede valorar”. De momento, señala que se está haciendo una valoración y requiere más tiempo verificar los pro y contra del proyecto.

Por su parte, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, considera que “la iniciativa es buena y necesaria ante la situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, una primera alerta es el impuesto a las universidades privadas. Que además del hecho de cobrar impuestos en medio de la crisis, nuevamente surge una vulnerabilidad a la seguridad jurídica al dejar la tasa que cobrarían por definir vía Decreto Ejecutivo”.

Otras medidas destinadas en esta crisis

Aranceles. Desde el 11 de octubre y por un año se pueden importar generadores eléctricos con arancel cero, por disposición del Comex.

Eliminación de IVA. Desde el 3 de octubre, el Gobierno resolvió que los generadores tengan un IVA del 0 % en importación y venta local.

Banca. Vía Decreto, el presidente Daniel Noboa planteó alivios económicos y diferimiento de obligaciones financieras por hasta 90 días.

Internet. Se requirió a proveedoras de internet implementar medidas de compensación y facilidades de pago para los usuarios.

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