Los subsidios de Ecuador en un futuro pospetrolero

Ecuador tiene 1.300 millones de barriles de petróleo en reservas probadas (de 8 a 9 años más, al ritmo de producción actual). Es decir, cerca de 65 mil millones de dólares (si asumimos 50 dólares por barril y una producción constante). Esto implicaría, de manera agregada, un aproximado de 16 mil millones en subsidios (apenas 10 % para los más pobres), 32 mil millones en costos de producción para Petroecuador y 4.500 millones en transferencias a los gobiernos subnacionales (GAD).    Esto nos deja un saldo de 12 mil millones de dólares.

Visto así, la pregunta inevitable es qué vamos a hacer después Las respuestas no son sencillas. Y no solo se trata del buen uso de los recursos y la eficiencia de las entidades que los administran (Petroecuador, GAD y Gobierno central), sino, sobre todo, si estamos asegurándonos de que esos recursos nos preparen para un Ecuador distinto. Un Ecuador sin petróleo.

Las respuestas además pasan por cuestionar profundamente el modelo económico. El esfuerzo debe enfocarse en desvincular la dinámica económica y social de estos recursos, e invertirlos en ese salto hacia la era pospetrolera. Considerando, además, que la descarbonización sigue en el centro del debate mundial. A nivel macro el objetivo debe ser desvincular las variables productivas y sociales del petróleo.

Esto, en buena medida, se consigue separando la dinámica fiscal de la petrolera.    El caso de Noruega, por ejemplo, es icónico. Han logrado convertir su patrimonio energético en financiero a través de fondos que no solo garantizan su estabilidad a largo plazo, sino que sostienen ingentes inversiones.

En la misma línea, es clave dar respuestas a los distintos segmentos de demanda que consumen productos subsidiados. Así, el sector transporte abarca entre el 40 % y el 50 % del subsidio. Promover una transición ordenada del transporte urbano permitiría reducir significativamente el peso del subsidio y redireccionar esos recursos a fomentar la transición energética de otros sectores. Y esta discusión inevitablemente pasa por la sostenibilidad del sistema eléctrico.

En este punto es importante superar la idea de que todas las inversiones las debe hacer el Estado directamente. En muchos casos el rol va a ser más de facilitador. Actualmente, el déficit eléctrico implica una demanda excepcional de combustibles e ingentes gastos en compra de energía emergente. Así, otro elemento de la transición energética es cerrar la brecha de manera sostenible.

En América Latina, la generación distribuida ha crecido en un 120 % durante los últimos 10 años, con un 98 % empujado por la energía solar y un 73 % de instalaciones en el segmento residencial. El período de repago estimado es de cinco a seis años, mientras que la vida útil se ubica entre 20 y 25 años. Las regulaciones son claves para la adopción eficiente de estos esquemas, incluyendo modelos de medición y de facturación neta claros y funcionales.

En Ecuador, destrabar la participación privada para participar en el mercado es un pendiente que requiere resolverse de manera urgente. Se estima que el potencial fotovoltaico en Ecuador ronda los 1.000 MW de potencia total.

Explotar este espacio involucraría una inversión aproximada de 2.400 millones de dólares en grandes proyectos. Mientras que a nivel residencial, por ejemplo, si el 10 % de la demanda residencial (8.400 GWh/año) se muda a energía solar, esto implicaría entre 700 y 1.000 millones de dólares de inversión para los hogares en cerca de 300 MW de potencia.

Si bien el voltaico debe ser entendido como una política complementaria, una de las más grandes ventajas es que los proyectos fotovoltaicos, tanto a nivel macro como a escala residencial, se pueden hacer relativamente rápido (hasta un año). Sin embargo, si bien estas inversiones pueden hacerse desde el sector privado, no llegará ni un solo MW si no se logra desatar el nudo regulatorio, tributario y de sobrecostos que enfrentan inversionistas y hogares.

Estamos perdiendo la posibilidad de que los hogares sean también agentes de cambio. Los desafíos no son menores y cruzan varios sectores estratégicos. Los países que han logrado éxito sostenible han comprendido que dar espacio, certezas y facilidades para la inversión privada (incluidos los hogares) es la respuesta.

Para ello, el fortalecimiento institucional es fundamental, tanto para ganar espacios de eficiencia en las empresas públicas, como para modernizar regulaciones. Un futuro mediato en el que Ecuador deje de contar con ingresos petroleros es un desafío real.

Hay varias discusiones adicionales por abrir (mercado laboral, reconversión industrial, producción verde, mercados de carbono, etc.), pero es momento de actuar, con visión de futuro y compromiso, con las generaciones por venir.

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