El edificio que, 34 años después, obliga al Estado un pago millonario
Una sentencia ordena a la Supercias cancelar $ 35 millones. El litigio se inició tras la compra del inmueble donde funcionaba el Banco de Descuento
La decisión de la Superintendencia de Compañías de adquirir en 1989 el edificio matriz donde funcionaba el entonces Banco de Descuento, podría condenar al Estado ecuatoriano a pagar en los próximos días 35 millones de dólares por indemnizaciones. Esto, luego de que el IV Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitiera la sentencia de pago en su contra, tras alegar presuntas irregularidades en la compraventa del inmueble, donde hoy funciona la Biblioteca de las Artes.
La orden fue dictada en noviembre del año pasado, 15 años después de la sentencia de primera instancia de un litigio que tuvo su origen en junio del 2005, cuando la Superintendencia presentó una demanda para que se fije “un justo precio” por el bien adquirido, ubicado en las calles Pichincha y Aguirre, centro de Guayaquil.
Una acción que motivó que el Banco de Descuento presentara una contrademanda, “pidiendo que se anule el contrato de compraventa, y como consecuencia de ello, se pague una indemnización de daños y perjuicios por $ 7,3 millones, más $ 10,3 millones de intereses”.
Así lo explicó este jueves Marco López, superintendente de Compañías, a través de una rueda de prensa en la que anunció la presentación de un recurso de casación ante la Corte Constitucional para detener el fallo que obligaría al ente de control a pagar la millonaria indemnización, que es considerada injusta.
López cuestionó que pese a que en la sentencia de primera instancia (emitida en el 2007) se rechazaron las pretensiones de ambas partes, quince años después se haya resuelto negar la nulidad del contrato que demandaba el Banco de Descuento S. A., pero sí admitir el pago de la indemnización, “cambiando arbitrariamente el objeto de la demanda, en un claro irrespeto al debido proceso y a la seguridad jurídica”.
Esto, enfatizó, pese a que la Justicia reconoce la validez del contrato de compraventa. “Yeso es lo raro de todo esto: que el Banco de Descuento pide que se declare nula la compraventa. Si esta es nula, que se indemnice, pero el juez en ningún momento declara nula la compraventa, pero sí pide que se indemnice”.
De darse el pago de $ 35 millones (que contempla el justo pago del bien y la suma de intereses), explicó el ente de control, el único beneficiado sería Ricardo Calderón Pasquel, actual cesionario de los derechos litigiosos del Banco de Descuento.
Diario EXPRESO intentó ayer contactar a Calderón Pasquel -según registros, un abogado quiteño y doctor en Jurisprudencia- para que dé su opinión sobre esta sentencia, pero todavía se espera una respuesta.
No obstante, López aseguró que hará todo lo posible para “que no se meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pues de no calificarse el recurso de casación, los únicos perjudicados somos todos los ecuatorianos. ¿Para qué? ¿Para depositar cerca de $ 35 millones en las cuentas del señor Calderón Pasquel?”.
Hace 34 años, la Superintendencia pagó por el referido inmueble un valor de 630’127.200 sucres, que fue establecido por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac). Los recursos fueron entregados directamente al Banco Central del Ecuador (BCE), debido a que el Banco de Descuento mantenía diversas obligaciones con la entidad estatal. Esa suma, convertido cada dólar a la tasa de cambio de 25.000 sucres, “da un monto de 875.000 millones de sucres, lo que equivale a pagar 1.388 veces el precio que finalmente se pagó por el edificio”, destacó la Superintendencia.
En la sentencia, hecha pública en el portal de la Función Judicial, se toma en cuenta un peritaje que recoge un avalúo distinto: 1.800 millones de sucres, que va más allá del valor pagado. No obstante, López apuntó que allí se da otra irregularidad, pues la indemnización que se establece se basa en un avalúo que fue calificado como “nulo” por un juez de primera instancia. “Esto porque dicho informe, en el momento de fijar el precio, consideró lo que la construcción de ese edificio costaría, pero en el año 2007. Es decir, lo único que se hizo fue visitar, ver el edificio y calcular: ‘si se lo hace en el 2007, cuánto costaría’... Aun cuando ese edificio fue construido muchos años atrás. Para evaluar un edificio que tiene 30, 40 años de vida, no puedo decir que ese edificio cuesta lo que me costaría hoy”, argumentó.
